Convocatoria del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos "Hasta Encontrarlos".

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos

"Hasta Encontrarlos"

Convoca:

A todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen al mitin de protesta que realizaremos

Afuera de las instalaciones de las oficinas del alto comisionado de la ONU este 10 de febrero a las 11 am.


A casi 2 años de la desaparición forzada de nuestros familiares Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya, Francisco Paredes Ruiz y Lauro Juárez hoy más que nunca seguimos levantando nuestras voces ante la impunidad y mentira del gobierno Fascista de Felipe Calderón Hinojosa.


Este 10 de febrero El Estado Mexicano entregara su informe Periódico Universal en Ginebra, en el cual no menciona las vejaciones a nuestros derechos humanos que ha cometido el Estado mexicano en contra del pueblo.

Nosotros como familiares hoy hacemos la denuncia en contra de la CNDH que ha mostrado poco interés e indiferencia por los casos de nuestros familiares así como la ineficiencia ante los casos de injusticia que ha vivido México por el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón.




Acompáñanos!!

Grave situación de violaciones a derechos humanos en contra de los integrantes de la OCIP-RFM-FNLS.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Presidente de la República Secretario de Gobernación

Mtro. Leonel Godoy Rangel Mtro. Fidel Calderón Torreblanca
Gobernador del Estado de Michoacán Secretario de Gobierno

M. en D. Fernando Arreola Vega
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo

Dip. Antonio García Conejo
Presidente de la mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán

Lic. Miguel Garcia Hurtado Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
PGJ de Michoacan Presidente de la CDH Morelia

Dr. José Luís Soberanes Fernández
Presidente de la CNDH

Dip. Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores

Alberto Bruni
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Santiago Cantón Navanethem Pillay
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionada de la ONU



Núm. de referencia: 70209-OCIP-RFM/Mich
H. Puebla de Zaragoza a 7 de febrero de 2009.
Puebla, México

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), con domicilio para recibir información en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, con correo: contacto@reddh.org y celular: 044 (45) 2221276839, solicita su intervención ante la grave situación de violaciones a derechos humanos en contra de los integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón", integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCIP-FNLS).


Contexto

ASESINATOS POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS COMUNALES:
Comunidad de Iricuaro, municipio de Salvador Escalante, a causa de la lucha por la defensa de las tierras comunales es asesinado en abril del 2006 por pistoleros a sueldo, el compañero y dirigente campesino José Luis Torres Cruz, por órdenes del Cacique Servando Cervantes, sin que hasta el momento se castigue a los culpables a pesar de haber presentado denuncias en tiempo y forma.

DETENCIÓN-DESAPARICIÓN TEMPORAL Y TORTURA POR LA DEFENSA DE LAS TIERRAS COMUNALES:

Comunidad Tabiquera La Loma de Uruapilla, Municipio de Morelia en Junio–Julio del 2008 fue detenido desaparecido Temporalmente el comunero Avenicio Reyna Cruz, fue torturado a golpes y latigazos por elementos policíaco-Militares, que portaban armas largas, chalecos antibalas, cubiertos del rostro, acompañados del supuesto abogado Guadalupe Guía Carreón y Vicente Marín Gallegos Actuario del Tribunal Unitario Agrario No 36, responsables intelectuales de estos delitos, antes intentaron llevarse al comunero José Reyes Aguilar quien al oponer Resistencia fue balaceado por los mismos elementos policiaco-militares que viajaban en una suburban blanca sin placas a consecuencia de ello perdió su pierna izquierda.
Las instituciones judiciales y funcionarios gubernamentales han optado por establecer un cerco de impunidad, se pusieron las denuncias en tiempo y forma, negándose los funcionarios a recibir las denuncias de los compañeros Reynaldo Reyes Aguilar, Gerardo reyes Montoya y Avenicio Reyna Cruz, incluso funcionarios como Pavel Hernández (director de gobernación) han desatado una campaña difamatoria en contra de nuestra organización calumniando y minimizando los casos de desaparición forzada de los comuneros.
Por su parte en los Ministerios Públicos, los funcionarios Judiciales rechazan las denuncias de los comuneros que fueron testigos oculares de los hechos y toman francas actitudes de apoyo a favor de los acusados, responsables de estos delitos el supuesto abogado al servicio de la oligarquía estatal Guadalupe Guía Carreón y Vicente Marín Gallegos actuario del tribunal unitario agrario no 36, a quienes las autoridades les brindan todas las facilidades y toman sus declaraciones falseadas y dolosas como verdad que sirve de referencia jurídica para torcer la ley a su favor.
Actitud que contrasta con el comportamiento de los funcionarios cuando los comuneros se presentan a declarar, las autoridades tratan de confundir a nuestros compañeros desmintiendo sus versiones y tratando de imponer sus criterios como sucedió el 2 de enero del presente año cuando los compañeros Reynaldo Reyes Aguilar y Gerardo Reyes Montoya se presentaron a declarar en la Agencia Primera del Ministerio Público a cargo del Licenciado Celso Robles Marroquin, la C. Lic. Dominique Velásquez Herrera, secretaria del Ministerio Público citado, quien desde un principio trato de amedrentar a los compañeros calificándolos de mentirosos porque según su criterio las denuncias de tortura y detención-desaparición eran poco creíbles, porque ellos decían las cosas solo por apoyar a sus compañeros, por lo que deberían pensar en lo que decían pues se podrían meter en problemas, porque ella tenía otra versión y las cosas no eran así.
Esto es un indicativo más de lo que sostenemos que el Gobierno del Estado e instituciones de justicia actúan bajo consigna, auspician la impunidad y se convierten en instrumentos a favor de los empresarios.

LOS DAÑOS QUE PROPICIA LA MILITARIZACIÒN EN NEUSTRAS COMUNIDADES:

El cuatro de enero del presente año en San Ángel Zurumucapio, Municipio de Uruapan, los militares instalan un campamento a la orilla del pueblo integrado por cuatro convoyes, el siete de enero realizan un cateo simultaneo en todas las casas a la que ingresan con prepotencia amenazando a las familias, con particular violencia allanan la casa de Enrique Maximiliano, Jefe de Tenencia quien fue amenazado por los militares, él denunció los hechos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la fecha se desconoce el resultado de esta denuncia.
En el municipio de Salvador Escalante, el dos de enero del presente año llega un convoy militar a la colonia el Artesano, lugar donde se atrincheran los militares y realizaron cateos en las casas, se introducían con lujo de violencia y sin orden de cateo a los domicilios, se distribuían de dos soldados por casa, por tanto, se introducen de manera violenta a la casa de nuestra compañera Guillermina Calderón Villegas.
En Ihuatzio, municipio de Tzintzuntzan, los días 28 y 29 de enero, los militares catean las casas de los compañeros Natividad Alcantar Gaona, Santiago Silva, Cecilia Trinidad, Francisco Rodríguez Morales, Lourdes Joaquín Rojas, Antonio Hilario, Sebastián Hilario y Pedro Silva, todos integrantes de nuestra organización; los soldados entraron a las casas sin mostrar ninguna orden, cortando cartucho, amenazando a las comuneras con la siguiente expresión "si no dan información nos las vamos a llevar por ordenes del señor Calderón".

EN SANTA FE DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE QUIROGA:

La estrategia no deja lugar a dudas, reviven las prácticas utilizadas por el gobierno durante el periodo de la guerra sucia, la criminalización de la lucha popular es uno de los recursos, para ello no vacilan en utilizar medidas políticamente perversas como la difamación, como sucede con nuestra organización.
En el periódico La Voz de Michoacán en una supuesta nota periodística por la periodista Angélica Ayala, trata de forma parcial los hechos que se derivaron de una elección de jefe de tenencia y suplente, aprovecha el caso para expandir el rumor periodístico de que en Santa fe de la Laguna se intenta desestabilizar creando una célula de grupos armados, lo que constituye una calumnia, con esta acusación el mensaje pretende generar la intervención de las fuerzas policiacas y militares, centrando la violencia gubernamental en contra de los integrantes de nuestra organización, con la pretensión de detener, desaparecer, asesinar y encarcelar a luchadores sociales.
Lo que pretenden hacer en Michoacán es parte de un proyecto represivo nacional, sustentado en el temor paranoico a los pueblos, como respuesta policíaca y militar del Estado ante la Crisis económica y política que ya no pueden controlar y temerosos de un estallido social de consecuencias incalculables, incrementan la militarización establecen alianzas con las mafias de la delincuencia organizada que dicen combatir, sus propósitos represivos son ambiciosos generalizados en contra de todo proceso de organización anticapitalista y popular, con la pretensión de descabezar toda forma de organización política, popular, democrática combinando la represión selectiva y masiva, en contra de luchadores sociales, el proyecto por sus alcances y magnitudes es fascista.
El gobierno pretende mediante todas las formas provocar terror psicológico en la población, criminalizar toda forma de organización para impedir la respuesta organizada y combativa de la población, crear un rechazo político al instinto consiente de la gente por organizarse para la lucha por sus derechos.

Es de destacar que la participación de organizaciones sociales tiene un papel protagónico en el fortalecimiento de la vida democrática del país. Por lo que resulta preocupante que la información enviada por la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM) muestra la parcialización de los funcionarios responsables en brindar procuración de justicia. Con lo cual, lejos de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Estado de Michoacán, se ahonda y promueve la corrupción e impunidad.

Por lo anterior, la Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH) solicita:

1. Urgir al Gobierno del Estado y autoridades correspondientes a tomar medidas cautelares para la protección de los integrantes de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM).
2. El cese de hostigamientos, amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los integrantes y coordinadores de la Organización Campesina, Indígena y Popular "Ricardo Flores Magón" (OCIP-RFM).
3. Con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.
4. A la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como también a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, expresen su preocupación ante la gravedad de estos hechos.



Atentamente
Israel Sampedro Morales

Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gomez Mont Urueta
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Dele legación Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414
Correo-E.: secretario@segob.gob.mx

Mtro. Leonel Godoy Rangel
Gobernador Constitucional
Palacio de gobierno, 1er. patio planta alta, av. madero poniente # 63, centro, c.p. 58000. Morelia, Mich.
(443) 312-20-32 312-20-33. fax 312-61-10 .
contacto.cac@michoacan.gob.mx, mleven@michoacan.gob.mx, contacto.despacho@michoacan.gob.mx, afrias@michoacan.gob.mx

Mtro. Fidel Calderon Torreblanca
Secretaria de gobierno
bosque cuauhtemoc lote # 11, centro, c.p. 58000. Morelia, Mich.
(443) 312-18-95 312-01-82 313-01-75 pal. 312-03-22 pal. fax: 312-52-52
contacto.segob@michoacan.gob.mx

M. en D. Fernando Arreola Vega
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo
Tel. de Of. (01-443) 3 13 22 31 PORTAL ALLENDE # 267 COL. CENTRO C. P.58000 MORELIA MICHOACAN
fernando_arreola@tribunalmmm.gob.mx.


Dip. Antonio García Conejo
Presidente de la mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Michoacán
H. Congreso del Estado de Michoacán
Madero Oriente No. 97, Centro Histórico.
C.P. 58000, Tel: 4433120404 y 312 0909
Morelia, Michoacán.

Lic. Miguel Garcia Hurtado
PGJ de Michoacan
Periférico Independencia # 5000, Col. Sentimientos de la Nación, Morelia, Mich., C.P. 58170; 326-23-51, 322-36-00
contacto.pgje@michoacan.gob.mx
Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán
15 de octubre núm. 74
Lomas de Hidalgo, CP 58240
Tel. 01-44-33-15-74-28, 01-44-33-15-73-92, 01-44-33-15-78-94, 01-44-33-15-75-35, 01-44-33-15-80-31, 01-800-64-03-188, 01-44-33-15-73-71. Fax 01-44-33-15-73-71
dhumanos@michoacan.gob.mx

Dr. José Luís Soberanes Fernández
Presidente de la Comision Nacional de Derechos Humanos
Periférico Sur 3469, Col.
San Jerónimo Lídice,
10200, México, D.F.
Tel: 631 00 40, 6 81 81 25
Fax: 56 81 84 90
Lada sin costo: 01 800 00 869
correo@fmdh.cndh.org.mx

Dip. Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
Avenida Congreso de Unión No. 66, Col. El Parque
Del. Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, D.F.
01 800 226272
Correo electrónico: javier.gonzalez@congreso.gob.mx

Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores
Torre del Caballito, Piso 17, Oficina 1
Reforma 10, Col. Tabacalera
México DF, 06030
Teléfono 53-45-30-00 Ext: 3165,3274
Fax 5050
Correo electrónico
beltrones@senado.gob.mx

Alberto Bruni
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx


Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org

SOBRE EL DICTAMEN DE LA SCJN EN EL CASO ATENCO

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

San Salvador Atenco, 5 de febrero de 2009.

Postura ante el dictamen elaborado por el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo y que será discutido por el pleno de la SCJN el 9 de febrero.

· La determinación de la existencia de graves violaciones a los derechos humanos en Atenco favorece a la impunidad sino se determina que obedeció a una estrategia de Estado cuyo origen es la desatención a las demandas sociales.
· Es obligación de la SCJN señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en consecuencia.

El hecho de que en el dictamen elaborado por el Ministro Gudiño Pelayo se reconozca que en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y Atenco se cometieron graves violaciones a las garantías individuales y a los derechos constitucionales, es una consecuencia lógica derivada del estudio de las pruebas aportadas por organismos públicos y civiles de derechos humanos, de carácter nacional e internacional y es una obligación ética y moral de la Corte declararlo así.
Sin embargo, el Ministro Gudiño Pelayo emite una conclusión que limita el alcance de la declaración y favorece la impunidad a los altos funcionarios federales y estatales, en caso de aprobarse dicho dictamen, al decir que éstas graves violaciones no obedecieron a una estrategia estatal por no haberse demostrado instrucciones expresas y órdenes ilícitas de los altos funcionarios, dejando toda la responsabilidad a la libre voluntad de unos policías "mal instruidos e indisciplinados", cuando la propia Comisión Investigadora determinó que el día 3 de mayo por la noche se reunieron Enrique Peña Nieto, Wilfredo Robledo, Abel Villicaña, Humberto Benítez Treviño, así como Eduardo Medina Mora, Genaro García Luna y Miguel Ángel Yunes, para definir el
Operativo Rescate Atenco, lo que implica una planeación y dolo para aterrorizar a la población y tratar de exterminar al FPDT.
Es evidente que en el dictamen se diseccionan las garantías constitucionales violadas, ya que por una parte se acredita –y con razón- que se afectaron el derecho a la vida, a la integridad de la persona, a la libertad sexual, a la no discriminación por género, a la inviolabilidad del domicilio, a la libertad personal, al debido proceso, al trato digno de los detenidos y al derecho a la justicia, sin embargo, las graves violaciones a la Constitución también trascienden a los derechos políticos de libre manifestación de ideas, de reunión, de petición y de protesta.
A diferencia de lo que se expresa en el dictamen al relatar una serie de hechos descriptivos como contexto, el origen del conflicto es la falta de atención a las demandas sociales del FPDT, cuya petición consistía en que el Ayuntamiento de Texcoco permitiera vender flores a un grupo reducido de personas el 3 de mayo de 2006. Es decir, lo que era un hecho irrelevante de carácter municipal se convirtió en cuestión de horas en un caso grave de violaciones a los derechos humanos, con la intervención de los tres niveles de gobierno, cuya coordinación –por lógica elemental- supuso un plan y una estrategia de control de población, que sólo podía haber sido decidida por Enrique Peña Nieto y el Gabinete de Seguridad Nacional de Vicente Fox y no por unos
policías indisciplinados que torturaron y usaron como botín de guerra a las mujeres para violarlas.
Aunado a lo anterior, el acotado método de investigación emite conclusiones erróneas y contradictorias con su propio reglamento que se desprende del artículo 97 párrafo segundo constitucional, en donde la regla 21 establece que no se calificará la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios u otros procedimientos ante otro órgano por hechos consumados ni fincar responsabilidades. Esto es porque el Ministro Gudiño Pelayo en su dictamen exonera a los policías estatales de la muerte de nuestro compañero Javier Cortés, sugiriendo que otra persona ajena a las corporaciones policíacas lo haya asesinado, es decir, este juicio no sólo deja impune a los responsables materiales e intelectuales sino que responsabiliza a las víctimas de la
represión.
De igual forma, manifiesta que no hay sustento que permita considerar que Alexis Benhumea perdió la vida por el impacto de una granada de gas lacrimógeno. Estos dos casos son la muestra de los alcances de la investigación realizada, ya que los datos por los que sustenta sus afirmaciones fueron tomados de las averiguaciones previas aún sin cerrar ni determinar a los responsables, es decir, el ejecutivo del Estado de México funge como juez y parte a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, a él le toca investigar los hechos por los que se le acusa. Si bien en el dictamen se determina que se violaron las garantías de seguridad jurídica, de legalidad y de audiencia de los gobernados –como sucedió en el caso de las denuncias por tortura y
violación presentadas por nuestras compañeras-, por simple lógica las averiguaciones abiertas por estos dos homicidios parten de vicios de origen.
De igual forma, al publicar el dictamen omitiendo los nombres de las víctimas, autoridades y policías, así como el no incorporar los puntos resolutivos de la declaración no se protege a los agraviados –porque nuestras denuncias han sido públicas- sino que despierta la sospecha de la impunidad para los altos funcionarios, cuya responsabilidad parece consistir -en este dictamen- en excederse en el uso de la fuerza y no como violadores de derechos humanos, dejándoles la responsabilidad política en la reglamentación posterior.
Para nosotros, la discusión que se dé en el pleno de la SCJN es relevante ya que no sólo se trata de reconocer que en los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 se cometieron graves violaciones a los derechos humanos –como hechos consumados- sino que derivadas de ellas se están cometiendo violaciones graves de forma continúa y permanentes hasta este momento. Ya que Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Zacate, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales, Oscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández recluidos en el penal del Molino de Flores, en Texcoco, condenados a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión, Felipe Álvarez,
Héctor Galindo e Ignacio Del Valle Medina recluidos en el penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, condenados a 67 años y medio y 112 años y medio de prisión, así como nuestros 3 compañeros perseguidos están pidiendo libertad y justicia integral, porque de manera injusta están siendo acusados de delitos fabricados mientras los policías violadores y los responsables políticos se encuentran libres.
Tal como lo establece la regla 24 que se desprende del artículo 97 párrafo segundo constitucional, se debe de señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones y determinar los órganos y autoridades competentes para actuar en consecuencia, por lo que reglamentar el uso de la fuerza en casos futuros no nos servirá de mucho sino se determina la justicia para Atenco y ésta se logrará si la Corte es capaz de tocar los intereses de los gobernantes responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, o de no ser así, éstos funcionarios pasarán a la larga lista de represores que gozan de impunidad mientras escalan puestos de elección popular.