“Posible tráfico de armas en el Ejército”

“Posible tráfico de armas en el Ejército”, causa del asesinato de mi hijo: Cortés G.

José Guerrero Jalomo
* Cervantes Aguirre conducía la Sedena * Macedo de la Concha no aclaró el crimen del subteniente Vargas * 40 toneladas de armamento comprado en Estados Unidos * Presuntamente regresaron en nueve vuelos de Santa Lucía a Dallas y San Antonio, Texas * Se modificó en su estructura la base militar

La expectación que causó el encuentro de Barack Obama con el presidente Felipe Calderón Hinojosa se originó entre los integrantes del gabinete de seguridad y otros funcionarios del primer círculo del gobierno federal, cuyo titular no pudo explicar al mandatario estadunidense cómo surgió al inicio del régimen la declaración de guerra al narcotráfico, sin antes haber evaluado al enemigo.
Nunca hubo una información oficial en la que se difundieran las bases para iniciar el ataque a la delincuencia organizada; la orden del mando superior de las fuerzas armadas, es decir, del presidente de la República, fue que se recuperarían los espacios que tenía el crimen organizado, sin haber conocido el problema ni en su magnitud ni en sus orígenes. Mucho menos en sus consecuencias.
Si estos temas fueron abordados en la reunión con el presidente Obama, no se informó, pero Calderón y sus colaboradores del gabinete de seguridad tuvieron que reconocer, por la fuerza de los hechos, que se comenzó a combatir al narcotráfico sin antes haber estudiado sus causas y la trascendencia que tendría la decisión presidencial de enfrentar a un enemigo al que sólo se conocía de oídas, o a través de los medios. Ni siquiera pensaron en las infiltraciones de que ya eran objeto los cuerpos policiacos y la milicia.
Después vendrían las malas noticias. Hasta marzo de 2009 ya habían muerto más de 10 mil personas entre militares, agentes federales, estatales y municipales, de un lado, y presuntos narcotraficantes, sicarios y burreros, además de funcionarios y ciudadanos de todas las edades, incluidos niños, que nada tienen que ver en esta lucha que no tiene fin.
Una secuela de filtraciones a través de la prensa, noticieros de radio y televisión permitió a la sociedad conocer que el crimen organizado se había colado hasta la entraña del gobierno. Es decir, cuando alcanzó a los mismos efectivos de los guardias presidenciales, que vigilan las giras del primer mandatario por el país.
Estas y otras reflexiones tuvieron lugar en un encuentro de Forum con dos mujeres que accedieron a documentos del Ejército que datan de 1994 y que sugieren la consignación de un tráfico de armas de militares mexicanos que llevaron unas 40 toneladas de armamento a traficantes de Dallas y San Antonio, Texas. El único testigo que falleció era hijo de una de ellas.

Las armas, clave del auge del narcotráfico

El detalle de muchos temas abordados entre los mandatarios de México y de Estados Unidos no fue conocido, pero sí que el estadunidense Barack Obama se comprometió con México a trabajar para reducir el tráfico ilegal de armas de asalto que terminan en poder de los cárteles de las drogas.
Al término de una reunión de trabajo con Calderón, Obama advirtió que le parecía imposible tener como objetivo eliminar el tráfico de drogas y armas y coincidió con su homólogo mexicano en que “no se puede combatir esta guerra sólo con una mano”, por lo que los esfuerzos para afrontar el narcotráfico deben estar coordinados.
En el encuentro los dos presidentes reconocieron la urgencia de contener en la frontera a quienes introducen armas a México a través de las correspondientes restricciones por parte del gobierno del vecino país y Obama ofreció que colaboraría para frenar ese tráfico de armas con la aplicación de las leyes de su país (El Gráfico, 17-IV-09).
Ese mismo día, la prensa dio cuenta de varios hechos: La banda de sicarios mexicanos conocida como Los zetas extendió en Guatemala sus operaciones de trasiego de armas de alto poder que trafican desde México a través de “puntos ciegos” de la frontera, informó el fiscal contra la narcoactividad de ese país, Leonel Ruiz.
Explicó el funcionario guatemalteco que ese grupo delictivo, brazo armado del cártel del Golfo, “también se está dedicando al tráfico de armas, las cuales introduce a través de los “puntos ciegos” de la frontera, que son los pasos ilegales que no cuentan con vigilancia de las autoridades fronterizas y que son utilizados por los grupos delictivos para traficar armas, personas y drogas (Milenio y Ovaciones).
Otra información relacionada con la actividad de la delincuencia organizada fue consignada por la prensa como un enfrentamiento de presuntos narcotraficantes con militares en el que murieron 15 de aquéllos y un militar y donde otro uniformado resultó lesionado de gravedad. Los hechos se suscitaron en la sierra de San Miguel Totolapa, Guerrero.
El diario La Crónica refirió que el procurador de Justicia estatal, Eduardo Murueta Urrutia, informó que los efectivos provenían de las zonas militares 35 y 27, de donde enviaron refuerzos para controlar la situación y a bordo de helicópteros y otros vehículos terrestres persiguieron a los sicarios que atacaron a los efectivos que se replegaron y dominaron la situación durante cuatro enfrentamientos armados en el paraje conocido como El Rosario, cerca de la comunidad de San Nicolás del Oro, del municipio de Linda Vista.
Los militares les decomisaron a los presuntos narcotraficantes camionetas a bordo de las cuales transportaban mariguana en greña y un arsenal. Casi a diario son decomisadas armas de alto poder, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

Un crimen y un criminal

Es doña María del Rosario Cortés García y su hija Andrea, de la que no se da su nombre verdadero para evitar las represalias. Ambas han perdido prácticamente su identidad por las desgracias. Es decir, prefieren vivir en el anonimato, luego de haber sido objeto de amenazas por parte de militares.
La señora Cortés denunció el crimen de su hijo José Raúl Vargas Cortés, subteniente egresado del Colegio Militar, quien a meses de haber concluido su carrera fue nombrado como titular del Depósito de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana en la base militar de Santa Lucía, donde descubrió a unos meses de desempeñar su cargo, un manejo irregular de los aviones militares, que fueron utilizados para sacar del país armamento que antes adquirió la Secretaría de la Defensa Nacional en Estados Unidos.
Este presunto tráfico llegó a motivar una investigación interna al general Enrique Cervantes Aguirre, secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo, pero a la llegada a la Presidencia de Vicente Fox se ordenó cancelar la averiguación.
Los hechos fueron en los meses de septiembre y octubre de 1994. En ese lapso, según obra en documentos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), salieron aviones a las ciudades de Dallas y San Antonio Texas, con 40 toneladas. Este tráfico fue descubierto por el joven militar, quien fue reprimido por sus propios jefes, uno de los cuales lo asesinó al pie de un avión en presencia de efectivos que atestiguaron el crimen artero que por todos los medios fue encubierto.
Desde entonces doña Rosario no paró en denunciar el asesinato artero de su hijo, que fue difundido en 2002. Fox ordenó a su secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Gerardo Vega García, la investigación del crimen.
La información de esta investigación militar se publicó en julio de 2003 en la revista Forum. Cuando ocurrieron los hechos el procurador militar era el general Rafael Macedo de la Concha, quien fue procurador general de la República con Fox y que nunca aclaró el homicidio y cobijó al homicida, un mayor del Ejército al mando de la base aérea de Santa Lucía, en el estado de México.
Después de meses de las pesquisas, de ir y venir a las instalaciones de la Sedena, del Hospital Central Militar, la base aérea de Santa Lucía y de obligar a la Procuraduría General Militar (PGJM) a intervenir, de todos modos prevaleció la impunidad y se prefirió proteger al presunto responsable, quien a la fecha anda suelto. No se ha querido identificarlo por la PGJM.
Uno de los que participó en la farsa de la supuesta investigación fue un mayor de apellidos López Frausto, médico militar, quien tuvo que ver en los trámites para la autopsia del cuerpo sin vida del joven militar sacrificado en aras de ocultar un tráfico de armas que salieron a las dos ciudades estadunidenses. Este personaje ocultó evidencias para que su compañero de armas, el señalado como presunto responsable, evadiera la acción de la justicia militar.
“No creo en las casualidades”, comenta doña Rosario. López Frausto tuvo la forma de conocer a la hermana del occiso y la enamoró. Después de un tiempo de relación, se casó con ella y nació un hijo que a la fecha tiene tres años de edad. Presume doña Rosario que con esta relación López Frausto compró impunidad.

Los vuelos misteriosos

Recordó que cuando la joven se encontraba enfrentando un embarazo de alto riesgo, el médico le negó el derecho a ser atendida en el Hospital Central Militar donde él mismo prestó sus servicios hasta hace unos años, antes de trasladarse a Guadalajara, Jalisco, y después a Nayarit. Fue obligado por el general Vega García a reafiliar a su esposa, quien dio a luz bajo la vigilancia de un custodio asignado para evitar que el padre fuera a atentar contra su propio hijo, al que pretendió sustraer ilegalmente, contra la voluntad de la madre, de la que estaba en proceso de divorcio.
Pese a una orden judicial, el divorcio no se ha concretado desde hace tres años y doña Rosario no duda que el mayor López Frausto haya intervenido para evitar la separación legal.
López Frausto sigue rechazando afiliar a su propio hijo y con ello niega el derecho a la salud al pequeño. La Sedena también cierra el paso a la madre del infante, porque la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) permite afiliar no a la esposa, sino a la concubina, como en el caso de López Frausto.
La joven madre es una profesional que ha trabajado ya en el Hospital Central Militar y actualmente presta sus servicios profesionales en un hospital privado del estado de México, pero igual que su madre, ha tenido que cambiar de domicilio en varias ocasiones en que ambas fueron amagadas por militares que les pedían que dejaran de exigir el esclarecimiento del joven militar que en 1994 fue sacrificado y a la fecha se desconoce tanto el móvil como la identidad del asesino material.
Del crimen y la investigación realizada se integró el expediente AP.SC/323/2002-Y, que consta de cinco tomos y cerca de 500 fojas. Al mismo voluminoso documento se agregaron dos fojas en las que existe una prueba irrefutable del uso de los aviones militares en vuelos en los que se precisan las fechas del 24 de septiembre al 31 de octubre de 1994, en total nueve vuelos a Dallas y San Antonio, Texas, en los que la tripulación consignó “sin conocimiento de la carga”, pero sí aparecen los nombres de los tripulantes.
Se mencionan entre las tripulaciones de esos nueve vuelos el 24, 25, 28 y 29 de septiembre de 1994 y el 12, 14, 24, 26 y 31 de octubre de ese mismo año, a: Víctor Noble Contreras, José Robles Peña, Salvador Pedroza Fajardo, Guillermo Álvarez Gutiérrez, Sergio Favela Moreno, Ángel Juárez Giles, Juan Lazcano Dávila y Gilberto Sahagún Nuño. Todos ellos declararon, según el documento, que el avión iba “vacío”, en el primer viaje y “sin conocimiento de carga” en los restantes viajes.
Otros tripulantes fueron Enrique Vallín Osuna, Rogelio Meléndez López, Guillermo Álvarez Gutiérrez, Edgar Rodríguez Franco, Godofredo Aguilar García, Eduardo Reyes Reyes, Luis García y Roberto Lillo de Jesús, quienes consignaron que en uno de sus viajes trasladaron 10.5 toneladas, en otro fueron 12 y en otro 635 kilos.
“Mi hijo, por necesidad de reportar a la superioridad, tuvo que enterarse de algún modo del contenido de la carga, que se supone fueron 40 toneladas –¿de armas? Se preguntó–, “quien sabe, eso quedó en el misterio”. El caso es que doña Rosario refirió que de tajo se suspendió la investigación de la muerte de su hijo, y para ocultar toda evidencia, se modificó en su estructura la base de Santa Lucía, se levantaron pisos, destruyeron algunas instalaciones y desaparecieron el Depósito de Abastecimientos Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana.