Sobre la desaparición forzada

Se disfrazan de levantones las desapariciones forzadas
La mafia gubernamental nada más ha cambiado de fisonomía
· En los gobiernos priístas nos dejaban entrar a Gobernación. Ahora no. Ponen unas mallas horrendas en Bucareli y no dejan pasar a nadie. Ahora los panistas están más ensoberbecidos o les falta tacto, voluntad política. Por eso la comisión de mediación sobre dirigentes del EPR paró en seco
· Con Ernesto Zedillo y Vicente Fox nos enfrentamos a pura marrullería; con Felipe Calderón la situación está horrible, denuncia la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del SenadoFoto Luis Humberto González
Fabiola Martínez, diario La Jornada, domingo 17 de mayo
Personas desaparecidas, averiguaciones judiciales estériles, resguardos clandestinos y familias desesperadas. No es 1974, sino 2009.
Junto con la impunidad, las desapariciones forzadas de personas persisten en México, pero ahora disfrazadas de levantones supuestamente perpetrados por el narcotráfico, advierte Rosario Ibarra de Piedra, directora del Comité Eureka.
Al cumplirse dos años de las desapariciones de al menos 38 personas pertenecientes o vinculadas al sindicato petrolero, la también senadora se lamenta de lo que ocurre en el país y particularmente en Nuevo León, su tierra.
“¡Esto debería ser un escándalo nacional! Eso es lo que a mí me aterra: que vean estos casos como algo que le puede suceder a cualquiera. ¡Nada de que es el narcotráfico, eso no es cierto! Los de la delincuencia organizada tienen un modus operandi particular.
Las desapariciones de petroleros tienen que ver con policías y soldados, con órdenes de alto nivel. Es necesario que el gobierno federal aclare esta situación. Felipe Calderón tiene que entrarle, aun cuando heredó por fraude la Presidencia, señala Rosario Ibarra, con la experiencia que le ha dado una inquebrantable lucha para encontrar a su hijo Jesús, secuestrado por policías judiciales en abril de 1975.
557 expedientes
El Comité Eureka –integrado por familiares de desaparecidos– tiene actualmente un saldo histórico de 557 expedientes de desaparecidos, la mayoría en el sexenio de Luis Echeverría.
Sin embargo, los documentos se acumulan tras la desaparición de los petroleros de Cadereyta, en mayo de 2007, sin que hasta ahora ninguna autoridad municipal, estatal o federal haya informado, por lo menos, acerca de avances parciales de la indagatoria.
En ese grupo de personas se encuentra Hilario Vega Zamarripa, al momento de ser secuestrado secretario general de la sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, gremio que encabeza el priísta Carlos Romero Deschamps.
También fueron secuestrados por varios hombres con armas largas, uniformes negros sin insignias, granadas al cinto y chalecos antibalas (La Jornada, 2 de junio de 2008) David, hermano de Hilario, así como el cuñado de ambos, Víctor Manuel Mendoza Román. Tampoco hay informes judiciales acerca de la desaparición de José Luis Lozano Fernández, ex alcalde de Cadereyta.
Los familiares afirman que el secuestro fue perpetrado por policías y militares con el propósito de trasladar a los petroleros al Distrito Federal, aunque se desconoce el móvil.
El asunto es que los petroleros desaparecidos (algunos en activo y otros jubilados) no eran disidentes, más bien colaboraban con la estructura priísta; de igual forma, aseguran, eran disciplinados, aunque no omiten mencionar, señala Ibarra, que manifestaron su oposición a la venta de Pemex, pero sobre todo que Hilario sería, por estatutos sindicales, el eventual sucesor de Romero Deschamps.
Este gremio permanece en la opacidad y el hermetismo respecto a los hechos; a lo más, sólo ha dicho al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás: ahí le encargo el caso.
Lo peor de todo, agrega doña Rosario, es que la lista de desaparecidos sigue creciendo.
“¿Pensará el gobierno que el secuestro oficial es el remedio para acabar con la inconformidad del pueblo?”, cuestiona.
La legisladora, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, expone puntualmente nuevos casos, adicionales a los de los empleados de Pemex, entre los que se encuentran los de José Everardo Lara Hernández, guardaespaldas del alcalde de Santa Catarina; Gerardo Paredes Pérez, camarógrafo de Televisión Azteca, y Gamaliel López Candanosa, reportero de esa misma televisora.
Asimismo, Raymundo Peña Briones, Marco Antonio Zúñiga Solís, Giovanni Urbina Aguilera y Julián Eduy Urbina Aguilera. Los dos últimos, agentes de tránsito de Monterrey, secuestrados en septiembre de 2008.
Además, Julián Urbina Torres, también agente de tránsito de la capital neoleonesa, y Eugenio Zúñiga Castillo, desaparecido desde el 20 de diciembre pasado.
Los de este año: Andrés Batres Sánchez; Gustavo Castañeda Puentes, Juan Manuel Ortiz Rodríguez y Melchor Flores Hernández, mimo identificado como El vaquero galáctico.
Los familiares de dos de los cuatro últimos, secuestrados en febrero, enviaron al gobernador González Parás una carta, en la que lo acusan directamente de ser cómplice en los hechos porque, “siendo la autoridad máxima, ha estado ciego y mudo ante esta situación. Su policía ‘especializada en investigación’, en vez de ponerse a trabajar amedrenta a la ciudadanía para que no denuncie.
“Señor gobernador, si cree que soy un mentiroso, demuéstreme lo contrario. Demuéstreme que no tiene a la ‘delincuencia oficial’ organizada en sus filas”, dice la carta de denuncia de los familiares, signada con la consigna del Comité Eureka: ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!
Tras tantos años en esta lucha, señala Ibarra, “estoy convencida que estamos frente a una mafia gubernamental que nada más ha cambiado de fisonomía.
“Yo hablé 39 veces con Luis Echeverría, y en cada encuentro le decía: ‘señor presidente, si mi hijo es culpable de algo, júzguelo por favor’. Lo mismo digo ahora de los petroleros y de todos los demás: si cometieron algún delito, que los juzguen, pero que no se laven las manos diciendo que se los llevaron los narcos”.
Han pasado 34 años del secuestro de Jesús Piedra Ibarra, identificado en la guerrilla como Rafael Martínez. La última vez que dieron a doña Rosario una referencia de él fue en 1987.
Doce años después de su desaparición, le aseguraron que fue visto en el campo militar de La Joya, en Torreón, Coahuila.
Quizá por ello, la senadora no pierde la esperanza de que los que hoy están desaparecidos sean hallados con vida: “he visto el gozo de las madres al abrazar a sus hijos por los que nunca dejaron de luchar. Disfruto ese gozo, independientemente que no me haya llegado a mí.
En los gobiernos priístas nos dejaban entrar a Gobernación. Ahora no. Ponen unas mallas horrendas en el Reloj Chino (Bucareli) y no dejan pasar a nadie. Ahora están más ensoberbecidos o les falta tacto, voluntad política. Por eso la comisión de mediación (para el caso de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario) paró en seco.
La cosa está peor y eso es mucho decir, expresa la dirigente del Comité Eureka. Con una salud inmejorable a sus 82 años de edad, comenta que en el sexenio de José López Portillo fueron rescatadas, vivas, 148 personas que estaban desaparecidas.
Miguel de la Madrid liberó a 370 presos políticos y con Carlos Salinas sólo se registraron 12 desapariciones forzadas, pero hubo más de 600 muertos. Dicen que Salinas creía que tiene menor costo político un muerto que un desaparecido, agrega.
“¿Con Ernesto Zedillo y Vicente Fox? Nos enfrentamos a pura marrullería. El primero se engolosinó con el hallazgo de quién era el subcomandante Marcos, y el segundo nos estampó una instancia burocrática inútil. ¿Ahora, con Calderón? Pura cosa espeluznante. La situación está horrible, horrible. No ha cambiado nada.”