JUSTICIA, VERDAD Y REPARACIÓN, 40 AÑOS DE DEMANDA AL ESTADO

México D.F., 2 de octubre de 2008

La obligación del Estado mexicano a reparar los daños causados por la masacre de estudiantes y activistas el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, continúa vigente ya que cumplir con los derechos de los agraviados así como de la sociedad mexicana en general es una deuda infranqueable para conseguir justicia.

Aunque los cientos de hombres y mujeres caídas cuando se manifestaban en esa plaza hace 40 años no pueden ser revividos, “el Estado tiene otras formas de reparar el daño, ya no sólo de forma económica, ya que lo puede hacer mediante una disculpa pública a la persona afectada o por medio de la construcción de escuelas o monumentos con el nombre de la víctima”, dijo en 2004 en el Seminario sobre la Reparación de Daño a Víctimas del Delito y Reparación Integral del Daño a Víctimas de Violación a los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, entonces director general del Programa de Cooperación sobre Derechos Humanos entre México y la Comisión Europea de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

En primera instancia el Estado debe hacer público su reconocimiento de responsabilidad institucional por los hechos del 2 de octubre de 1968 y en consecuencia presentar una disculpa pública por su actuación represiva en aquella lamentable fecha.

Otras acciones que ayudan a dar justicia a crímenes del pasado son la transparencia en los archivos de los cuerpos de seguridad pública y militares que actuaron en contra del movimiento estudiantil y la formación de Comisiones de la Verdad que ayuden a la reconstrucción histórica de un evento aún con muchas dudas por despejar.

Estas comisiones, establecidas en otros casos de terrorismo de Estado en el mundo, “son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano”, se señala en el glosario de términos de derechos humanos publicado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Universidad Iberoamericana.

Otras obligaciones que el Estado debe cumplir son aquellas a las cuales este se comprometió en los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005 y que fue impulsada por nuestro país.

Entre los adeudos del Estado con los estudiantes y activistas afectados en sus derechos desde hace 40 años, y firmados en estos Principios y Directrices destacan: el derecho a la restitución de los afectado a sus condiciones previas a la violación de sus derechos, cuando sea posible; derecho a la indemnización; a la rehabilitación; a la satisfacción y a obtener garantías de no repetición del hecho.

El derecho de cualquier sociedad a conocer la verdad de su pasado es un bien que debe ser perseguido desde los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y los medios de comunicación como parte de su responsabilidad social. Se trata de un bien global que debe ser simultáneamente disfrutado por las víctimas y sus familiares, por la sociedad en la que viven y por el conjunto de naciones civilizadas, de acuerdo a la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Confirmando su modo de actuar frente a este tipo de fenómenos sociales, el Estado mexicano nuevamente se muestra como impulsor de medidas internacionales que en su política interna están lejos de aplicarse. En casos como el del 2 de octubre de 1968 o el del halconazo el 10 de junio de 1971, o el posterior periodo de guerra sucia contra la población, se falla en garantizar el derecho a las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones. Incluso en el poder Legislativo se han alcanzado puntos de acuerdo como el presentado el 11 de junio de 2008, “sobre la situación de impunidad que prevalece en los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado” emitido en el marco de los 37 años del halconazo. En este se asienta que “internacionalmente ha sido reconocido que en el caso de violaciones graves de los derechos humanos, el Estado tiene las siguientes obligaciones: obligación de investigar y dar a conocer los hechos que puedan establecer fehacientemente (verdad); obligación de procesar y castigar a los responsables (justicia); obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados (reparación); y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepa han cometido, ordenado o tolerado estos abusos (creación de fuerzas de seguridad dignas de un estado democrático)[...] Sin embargo, en México, nada de lo anterior ha sido impulsado, pero sí en muchas ocasiones retrasado y obstaculizado desde diversos sectores políticos y gubernamentales”.

A 40 años, en la memoria social se suman a la falta de justicia por parte del Estado acciones que garantizan la impunidad de los culpables, en vez de los derechos de las victimas. Se recuerda en el actual sexenio actos de impunidad como la condecoración, por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional y con el apoyo de Felipe Calderón, jefe del Ejecutivo, a Arturo Acosta Chaparro, general responsable de violaciones de lesa humanidad durante la guerra sucia. También, la falta de juicios a los altos mandos responsables de la masacre en la plaza de las Tres Culturas, entre ellos el difunto ex presidente Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, en ese entonces secretario de Gobernación, y los altos mandos del Ejército mexicano implicados en la represión estudiantil.