Información Contra la Represión
Honduras
Reflexiones de Fidel : Lo que debe demandarse a Estados Unidos
Publicado el 16 Julio 2009 en Especiales, Reflexiones de Fidel
La reunión de Costa Rica no conducía ni podía conducir a la paz. El pueblo de Honduras no está en guerra, solo los golpistas usan las armas contra él. A ellos habría que demandarles el cese de su guerra contra el pueblo. Tal reunión entre Zelaya y los golpistas solo serviría para desmoralizar al Presidente Constitucional y desgastar las energías del pueblo hondureño.
La opinión pública mundial conoce lo ocurrido en ese país a través de las imágenes difundidas por la televisión internacional, fundamentalmente Telesur, que sin perder un segundo transmitió fielmente cada uno de los hechos ocurridos en Honduras, los discursos pronunciados y los acuerdos unánimes de los organismos internacionales contra el golpe.
El mundo pudo apreciar los golpes que se descargaban sobre hombres y mujeres, los miles de gases lacrimógenos lanzados contra la multitud, los groseros gestos con armas de guerra y disparos para intimidar, herir o asesinar a ciudadanos.
Es absolutamente falsa la idea de que el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, ignorara o desalentara el golpe. Lo conocía, al igual que los asesores militares norteamericanos, que no cesaron un minuto de entrenar a las tropas hondureñas.
Hoy se conoce que la idea de promover una gestión de paz a partir de Costa Rica surgió en las oficinas del Departamento de Estado, para contribuir a la consolidación del golpe militar.
El golpe fue concebido y organizado por personajes inescrupulosos de la extrema derecha, que eran funcionarios de confianza de George W. Bush y habían sido promovidos por él.
Todos, sin excepción, tienen un grueso expediente de actividades contra Cuba. Hugo Llorens, embajador en Honduras desde mediados del 2008, es cubano americano. Forma parte del grupo de agresivos embajadores de Estados Unidos en Centroamérica, constituido por Robert Blau, embajador en El Salvador; Stephen McFarland, en Guatemala, y Robert Callahan, en Nicaragua, nombrados todos por Bush en los meses de julio y agosto del 2008.
Los cuatro siguen la línea de Otto Reich y John Negroponte, que junto a Oliver North fueron responsables de la guerra sucia contra Nicaragua y de los escuadrones de la muerte en Centroamérica, que costaron a los pueblos de la región decenas de miles de vidas.
Negroponte fue representante de Bush en las Naciones Unidas, Zar de la inteligencia norteamericana, y finalmente subsecretario de Estado. Tanto él como Otto Reich, por diversas vías, estuvieron detrás del golpe de Honduras.
La base de Soto Cano en ese país, sede de la "Fuerza de Tarea Conjunta Bravo" perteneciente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es el punto de apoyo principal del golpe de Estado en Honduras.
Estados Unidos tiene el tenebroso plan de crear cinco bases militares más alrededor de Venezuela, con el pretexto de sustituir la de Manta en Ecuador.
La disparatada aventura del golpe de Estado en Honduras ha creado una situación realmente complicada en Centroamérica que no se resuelve con trampas, engaños y mentiras.
Cada día se conocen nuevos detalles de la implicación de Estados Unidos en esa acción, que tendrá también seria repercusión en toda América Latina.
La idea de una iniciativa de paz a partir de Costa Rica fue transmitida al Presidente de ese país desde el Departamento de Estado cuando Obama estaba en Moscú y declaraba, en una universidad rusa, que el único Presidente de Honduras era Manuel Zelaya.
Los golpistas estaban en apuros. La iniciativa transmitida a Costa Rica buscaba el objetivo de salvarlos. Es obvio que cada día de retraso tiene un costo para el Presidente Constitucional y tiende a diluir el extraordinario apoyo internacional que ha recibido. La maniobra yanki no incrementa las posibilidades de paz, sino todo lo contrario, las disminuye, y el peligro de violencia crece, ya que los pueblos de nuestra América no se resignarán jamás al destino que les tienen programado.
Con la reunión de Costa Rica se cuestiona la autoridad de la ONU, la OEA y demás instituciones que comprometieron su apoyo al pueblo de Honduras.
Cuando Micheletti, Presidente de facto, proclamó ayer que está dispuesto a renunciar a su cargo si Zelaya renunciaba, sabía ya que el Departamento de Estado y los militares golpistas habían acordado sustituirlo y enviarlo de nuevo al Congreso como parte de la maniobra.
Lo único correcto en este momento es demandar del gobierno de Estados Unidos que cese su intervención, deje de prestar apoyo militar a los golpistas y retire de Honduras su Fuerza de Tarea.
Lo que se pretende exigir al pueblo de Honduras en nombre de la paz, es la negación de todos los principios por los cuales lucharon todas las naciones de este hemisferio.
"El respeto al derecho ajeno es la paz", dijo Juárez.
Fidel Castro Ruz
Julio 16 de 2009
1 y 12 p.m.
Desaparición forzada
C. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
C. Mario Marín
Gobernador del estado de Puebla
A los medios de Comunicación
A la Opinión Pública
Asunto: Desaparición de Activista Político
Hechos: el Día 18 de Junio Fermín Mariano Matías, asesor de Partido de la Revolución Democrática (PRD-Puebla), cofundador de la Liga Estudiantil Democrática y colaborador de la Organización Indígena Totonaca, salio de casa para asistir a sus actividades académicas como estudiante de maestría en el Instituto de Geofísica de la UNAM, lugar al que presumimos no llegó y hasta hoy desconocemos su paradero. Por su activismo político, suponemos su desaparición puede tener connotaciones políticas.
El día 5 de Julio su celular lo contesta un desconocido argumentando que lo encontró en la ciudad de Tlaxcala, cuelga y no proporciona mas información. Hay coincidencia entre sus amistades en que la ultima vez que se le vio fue entre los días 22-23 de junio en la Cd. de Puebla.
El día 10 de Julio se interpuso, ante la Agencia del Ministerio Publico Oriente en el estado de Puebla, una denuncia por desaparición (CH-5109/2009/ORIEN), contra quien resulte responsable.
Los días 13-14 de julio se entrego solicitud de pronunciamiento público a las diferentes instancias del PRD estatal y nacional.
Estimado(a) directora sirva la publicación de la presente para exigir al estado mexicano (federal y estatal) lo siguiente:
1.- La presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos de la desaparición de Fermín Mariano Matías.
2.- Que durante la investigación sean respetadas las garantías individuales y de organización de los diferentes actores cercanos a Fermín Mariano Matías.
3.- Que el gobierno y la procuraduría de justicia del estado informen de investigaciones ministeriales hacia Fermín Mariano Matías pasadas o actuales.
Si acaso el estado no es responsable de la desaparición de Fermín, sí lo es por su no presentación, puesto que es responsabilidad del estado la salvaguarda de la seguridad e integridad de todos los mexicanos.
ATTE
Manuel Mariano Matías
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDD
Web: www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
Acción Urgente, Carta Modelo en la Página Internet:
Resumen de la Acción Urgente (Versión completa en línea):
http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article426
El 14 de julio alrededor de las 8 de la mañana Javier VALENCIA LÓPEZ, de entre 20 y 22 años de edad, fue interceptado a la altura del paraje denominado "Xanase" ubicado en el camino que conduce de Santa Catalina Quieri a Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el Estado de Oaxaca, cuando se trasladaba en una camioneta de su propiedad, fue obligado a bajar de su vehiculo junto con Rosa PACHECO MARTÍNEZ, quien más tarde fue liberada, llevándose a Javier Javier VALENCIA LÓPEZ con rumbo desconocido. Hasta el momento se desconoce el paradero de Javier VALENCIA LÓPEZ, por lo cual han presentado la denuncia legal correspondiente y ninguna autoridad asume su detención.
Javier VALENCIA LÓPEZ, es originario de la comunidad de Santa Catalina Quierí, ubicada en la región de la Sierra Sur en el Estado de Oaxaca y es militante del Frente Popular Revolucionario (FPR), ha participado en la lucha por la defensa de la tierra en un conflicto agrario que se sostiene con otras comunidades circunvecinas de su comunidad.
Acción solicitada:
Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.
Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:
AU- 033-2009-DESAPARICIÓN FORZADA_FPR-OAX
felipe.calderon@presidencia.gob.mx, secretario@segob.gob.mx, mmontesdeoca@segob.gob.mx, gobernador@oaxaca.gob.mx, correo@cndh.org.mx, correo@fmdh.cndh.org.mx, aasatashvili@cndh.org.mx, javier.gonzalez@congreso.gob.mx, beltrones@senado.gob.mx, InfoDesk@ohchr.org, civilsocietyunit@ohchr.org, oacnudh@ohchr.org, cidhoea@oas.org, denuncias.limeddh@gmail.com
Comunicado de los ex miembros de la Comisión de Mediación entre el Ejército Popular Revolucionario y el Gobierno Federal
"Llamamos a las partes a reiniciar la mediación"
Al PDPR-EPR/ Al Gobierno Federal/ A la opinión Pública/ A los familiares de desaparecidos/ A las organizaciones de defensa de los derechos humanos/ A la Corte Interamericana de Derechos Humanos/ A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Quienes fuimos parte de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (en lo sucesivo EPR) y el Gobierno Federal, hemos sostenido varias reuniones de trabajo con el propósito de valorar los llamados de las partes a reintegrarnos a nuestras tareas, cuyo objetivo es la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario detenidos y desaparecidos en Oaxaca por agentes estatales de los tres niveles de gobierno, incluyendo miembros de las fuerzas armadas, entre el 24 y el 25 de mayo de 2007.
La última de estas sesiones se llevó a cabo precisamente el 7 de julio del 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San José, Costa Rica, juzgaba al gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, donde fungió como presidente municipal. Fue detenido en un reten militar el 25 de agosto de 1974 en presencia de su hijo del mismo nombre, en el contexto de la llamada "guerra sucia" que llevó a cabo el Estado mexicano durante varias décadas, como parte de su estrategia de contrainsurgencia contra las guerrillas de encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Tan sólo en ese municipio se registran 470 casos comprobados de desaparición forzada, de los centenares de casos registrado a nivel nacional.
Este caso es trascendente pues es la primera vez que el Estado mexicano es sometido a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la audiencia en representación del Gobierno Mexicano y argumentó que el tiempo transcurrido exime al Estado Mexicano de la responsabilidad de la desaparición del luchador de Atoyac. Olvidó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual significa que son sancionables sin importar el tiempo que transcurra entre su comisión y el castigo a los culpables y sin importar la fecha en que México haya suscrito el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. En consecuencia, la argucia del Secretario de Gobernación de que no se puede juzgar al Ejército mexicano por un crimen cometido hace 35 años, cae por su propio peso. Valoramos ese proceso como un acontecimiento importante, que influye directamente en la materia de trabajo de la ex COMED.
Carlos Montemayor, quien fue vocero de la COMED, realizó para la CIDH un peritaje historiográfico en el que se aclaran los procedimientos usuales de las aprehensiones colectivas que tanto el ejército como las corporaciones policiacas han efectuado en México en zonas urbanas y rurales. Precisa que el 2 de octubre de 1968 hubo un despliegue militar inmenso para asegurar la aprehensión de cientos de estudiantes, incluyendo a sus dirigentes, mediante la acción de una brigada creada ex profeso con elementos del ejército y de varios cuerpos policiacos: el "Batallón Olimpia". El mando único de ese despliegue, llamado "Operación Galeana", recayó, por instrucciones presidenciales, en el Secretario de la Defensa. La orden de que francotiradores del Estado Mayor Presidencial atacaran al ejército y a la población civil provino del Presidente de la República: fueron disposiciones directas al Jefe del Estado Mayor Presidencial.
En los años setenta, se aplicó un mecanismo igualmente ilegal y violento: los retenes militares que se colocaron en carreteras y poblados, sobre todo en las zonas rurales, para detener y revisar vehículos, particularmente camiones de pasajeros y de carga. Sin órdenes giradas por jueces ni autoridad legal para ejercer funciones policiales de vigilancia en caminos federales y estatales, el ejército actuó como poder único y de excepción durante muchos años en poblados y carreteras. Uno de los sitios donde hubo más acciones de este tipo fue el estado de Guerrero, tanto en las sierras como en ciudades y costas. Autoridades civiles federales, estatales y municipales se plegaron a esas órdenes, que implicaron violaciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la responsabilidad de los mandos militares. Los retenes operaban como extensas redes de captura selectiva.
En uno de esos retenes, cerca de Atoyac, entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo en un autobús de pasajeros y en compañía de su hijo menor que fue testigo del secuestro.
También en esos años operó un grupo irregular denominado "La Brigada Blanca", compuesto por soldados y policías de diversas corporaciones, el cual llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y todo tipio de ilícitos relacionados con la guerra sucia.
La violencia de Estado manifestada a través del delito de lesa humanidaddenominado "desaparición forzada de persona" fue el sello de los años setenta del siglo XX y tiene signos de renuevo en los primeros años del XXI. La impunidad ha permanecido a lo largo de cuarenta años. El caso de Rosendo Radilla Pacheco podría convertirse en un dique a esta violencia continua que viene desde la época de la guerrilla de los años setenta, y persiste hasta los veintiocho trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2007; la desaparición temporal y posterior asesinato, en el mes de febrero de 2009, de los líderes mixtecos guerrerenses Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y la desaparición, en Nuevo Laredo, el 17 de marzo de este año, de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente.
El 13 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió a tres niveles de gobierno la Recomendación 7/2009 relativa al caso de la desaparición forzada de los militantes del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ese organismo aseveró:
…resulta procedente señalar…que en los archivos de esta Institución, se tiene registrado como caso análogo o similar…la investigación que se realizó en 532 expedientes de queja, derivados de las denuncias que formularon los familiares y distintas organizaciones no gubernamentales sobre igual número de agraviados; sobre el tema de "Las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, Ocurridas en México Durante la Década de los Setenta y Principios de los Ochenta del Siglo XX", también conocida como "Guerra Sucia", en la que se acreditó que agentes del Estado Mexicano, representado por los tres órdenes de gobierno, incurrieron en violaciones a derechos humanos, sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa, a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, al respeto a la dignidad inherente al ser humano, y al debido proceso de esas personas; por lo que ante esa situación, el 27 de noviembre de 2001, esta Institución emitió la Recomendación 26/2001 que le dirigió al titular del poder Ejecutivo Federal.
Lo anterior ha propiciado…que ante la comunidad internacional, México se encuentre dentro de los países que registra un mayor número de casos de desaparición forzada de personas pendientes por aclarar; tan es así, que de los 532 casos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, respecto de los cuales esta Comisión Nacional se pronunció en su Recomendación 26/2001, 179 de ellos se encuentran incluidos en los 208 casos que en total reclama el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno mexicano.
Quienes fuimos parte de la Comisión de Mediación no somos insensibles a las peticiones de las partes (Ejército Popular Revolucionario y Gobiernos Federal), ni mucho menos a las de los familiares de las víctimas directas del ilícito. En lo individual, seguimos comprometidos en la defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Sólo que los hechos de la parte gubernamental no dejan ver un solo indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a la disolución de la COMED. Somos conscientes de la importancia de la Mediación, pero no queremos contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los Derechos Humanos en nuestro país.
Con base en estos razonamientos, declaramos y resolvemos:
1.- Quienes fuimos parte de la COMED consideramos de la mayor importancia los llamados de las partes a reiniciar la mediación, ya que se privilegia la vía política para la solución de conflictos. En esta dirección, la extensión de la tregua por parte del EPR es particularmente significativa.
2.- No obstante, los motivos y condiciones que llevaron a la disolución de la COMED no sólo subsisten, sino incluso se han agravado ante la manifiesta carencia de voluntad política del gobierno mexicano para aceptar su responsabilidad, particularmente de sus fuerzas armadas, en la comisión de crímenes de lesa humanidad en el pasado de la "guerra sucia" de los setenta y en presente en el que continúa la práctica de las desapariciones forzadas por parte del Ejército y otros cuerpos policiacos. Esta falta de voluntad política quedó manifiesta en la postura tomada por el gobierno de México en su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 7 de julio pasado, donde el secretario de Gobernación defendió además una versión distorsionada del fuero militar.
3. Próximamente, con base en los derechos que reconoce como ciudadanos mexicanos la Ley Federal de Trasparencia, solicitaremos por medio del IFAI la información que la SEDENA, el CISEN y la PGR tengan sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR y que sea relevante y de urgente conocimiento para familiares de las víctimas y sociedad toda. Conforme a la Ley citada, esas instituciones del Estado, sólo podrían dejar de responder a nuestros cuestionamientos si declaran que la información solicitada está en reserva por afectar la seguridad nacional. En ese caso, la sola admisión de que lo que solicitamos tiene esa categoría, significaría admitir que la detención de los militantes del EPR es asunto de seguridad nacional, lo que a su vez configuraría sin lugar a dudas que lo sucedido a las personas referidas es un caso de desaparición forzada, que supone la intervención de agentes de la autoridad.
4.- Asimismo, enviaremos copia de todo el expediente de la ex COMED a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como elemento a tomar en cuenta para sus deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla. Haremos lo propio con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de ONU.
5.- Exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la nación, ahora que está por resolver los alcances del fuero de guerra, lo limite estrictamente a lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución de la República, pues las leyes militares lo han ampliado anticonstitucionalmente, para facultar a los tribunales militares a conocer de violaciones de derechos de civiles ("paisanos" nos llama el texto constitucional). Ese fuero se explica única y exclusivamente para delitos del orden castrense y para personal militar; para nadie más ni para nada más.
México, D.F. a 13 de julio de 2009.
Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor, Samuel Ruiz García.
DOS AÑOS DE TERRIBLE IMPUNIDAD E INJUSTICIA EN LA REGIÓN TRIQUI
El pasado cinco de Julio se cumplieron dos años de la desaparición forzada de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, indígenas triquis desaparecidas el 5 de julio del 2007, en la comunidad trique en el Estado de Oaxaca.
Desafortunadamente como en los demás casos registrados en los últimos dos años, este caso tampoco ha sido resuelto, pues la complicidad existente entre gobierno federal y el gobierno del Estado de Oaxaca han encubierto a los responsables de estas desapariciones así como también los asesinatos y la violencia que se vive en la región triqui.
Durante este tiempo interminable y angustiante los familiares y compañeros de la Daniela y Virginia nunca han cesado en su búsqueda ni en la exigencia al gobierno de su presentación con vida. El dolor y la angustia de no saber de ellas la compartimos con los familiares por que al igual que ellos estamos luchando y exigiendo la presentación con vida de los demás compañeros desaparecidos (Edmundo, Gabriel, Lauro, y Francisco) por este régimen represor.
Daniela y Virginia son dos jóvenes a quienes les fue arrebatada su vida, dos jovencitas con todo un camino por delante, comprometidas con su comunidad y con sus mujeres. Jóvenes a quienes se les ha negado el derecho más importante el de la libertad.
La comunidad triqui es una región hermosa llena de mujeres valiosas y luchadoras, pero también es una entidad violentada y manchada por los intereses de unos cuantos que la mantienen sumida en la impunidad y en la injusticia, en donde a diario se comenten asesinatos sin que ninguna autoridad sea capaz de intervenir y castigar a los responsables. La respuesta a estos hechos es sencilla, al gobierno no le interesa en lo absoluto solucionar estos conflictos por que para ellos es mejor que las comunidades se maten entre ellos y con esto justificar su ineficiencia e ineptitud para actuar.
En este clima seda la desaparición de Daniela y Virginia, un clima de violencia constante en el que lamentablemente las mujeres son objeto constante de violaciones a sus derechos humanos entre grupos de intereses opuestos que buscan a como de lugar tener el control y el dominio de una sobre otra. Sin embargo, esta situación no es responsabilidad únicamente de la comunidad como se ha venido justificando durante muchos años, sino que esta es una situación de omisión en la impartición de justicia por parte del Estado Mexicano que se elude bajo pretextos tontos y erróneos para no cumplir con sus obligaciones.
Sin duda una de las características principales de un gobierno represor como el que existe hoy en nuestro país, es la Desaparición Forzada de Personas, una estrategia fría y calculadora que mantiene a la sociedad entera en un estado de angustia y sufrimiento constante, un ejemplo claro de lo que puede sucederle a todos aquellos que deciden alzar la voz para exigir sus derechos y vigilar que se cumplan. Esta práctica ha desaparecido a cientos de personas en el país y sigue desarrollándose con total impunidad, por tal razón los familiares y amigos de personas desaparecidas salimos a las calles a denunciar estos crímenes y seguiremos exigiendo siempre la presentación con vida de todos los desaparecidos y el castigo a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad.
A todos los familiares y compañer@s de Daniela y Virginia les decimos que no están solas, que su lucha es también la nuestra y que nunca descansaremos hasta encontrarlas.
¡Vivas se las llevaron vivas las queremos!
¡Presentación con vida de todos los desaparecidos del país!
¡Castigo a los Responsables!
Comité de Familiares de Desaparecidos "Hasta Encontrarlos"
A dos años de la desaparición de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, solo encontramos en nuestros hogares el vacío, mas con tristeza, dolor, muchas veces con lagrimas inconsolable, al mismo tiempo seguimos teniendo confianza y esperanzas de encontrarlas con vida, porque se la llevaron sana, es por eso nos obligan estar nuevamente ante este lugar uno de muchos en lo que hemos estado, hacen un año el Sr. Evencio Nicolás Martínez, Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, nos dijo que la investigación iba lenta, ahora esa investigación se ha hecho eterna y a la fecha no sabemos nada del paradero de ella… No sabemos si están vivas… No sabemos si están muertas… Lo único que sabemos es que nos duelen.
Hoy, ratificamos nuestras posición de lucha, de seguir trabajando hasta encontrarlas vivas a nuestras desparecidas Virginia y Daniela, dos años de espera dos años insuficientes de investigaciones sobre paradero de nuestras compañeras es tiempos de que el Procurador nos dé una respuesta inmediata a los familiares, porque el estado de Oaxaca, tenemos un órganos de gobierno que tiene la obligación de dar seguridad a toda su habitantes del estado de Oaxaca y dentro de esto estamos nosotras como etnia triques, puesto que la justicias es para todas y todos.
Peso a ello, las autoridades se niegan de actuar para encontrar a nuestras familiares desaparecidas y de la miserias que sufren las mujeres desde la violación, asesinadas, despojadas, amenazas y si no fuera poco nos intimida y se burla de nosotras por el solo hechos de exigir justicia, lejos de encontrar justicia de todo estos nos califica tercera calidad de humana.
Nosotras tenemos derechos y dignidad "todos somos iguales antes las leyes", pero las autoridades no nos consideran así, solamente merecemos estar en el hospital por violación, por heridas o incluso estar muertas claro en el panteón en caso de las compañeras asesinada.
En la región solo se oye el grito como lloran los niños y las niñas triques junto con sus madres de tanta violencia de maldad y para otras gentes, parecen que estos significa una fiesta, pero para el pueblo, es dolor, tristeza, lágrimas sin que las autoridades haga algo por detener este acto de violencias.
Hemos ido con las autoridades a exigir justicias, sin embargo lo único que recibimos son indiferencias ante el poder de gobierno y la intolerancia que nos tienen a los indígenas.
Mucho tiempo tocando las puertas de diferentes instituciones y nunca nos dicen de la situación del casos, desgraciadamente las autoridades No han hecho nada, a ninguna autoridad le importa el paradero de Virginia y Daniela… a veces me he preguntado ¿ que pasaría si Virginia y Daniela fueran las hijas del procurador o del gobernador? Y la respuesta es pronta Ya las hubieran encontrado y estarían en la cárcel los responsables…
Como familiares de Virginia y Daniela, convocamos a todas aquellas personas organizaciones, personajes y a los derechos humanos no gubernamentales que haga el suyo el dolor que estamos sufriendo le solicitamos apoyo solidaridad para que intervenga ante el gobierno del estado y federal para encontrar a nuestras desaparecidas.
No se cuanto tiempo deba pasar… pero no cesaremos en esta búsqueda de Virginia y Daniela… Porque anhelamos el dia en que podamos estrecharla entre nuestros brazos y tenerlas aquí… junto a nosotras…
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 10 de Julio del 2009
Familiares de Virginia y Daniela Ortiz Ramírez.
Si no esta ellas… No estamos Todas!
Vivas se las llevaron, vivas las queremos!
Presos políticos
17 de julio de 2009
Dictan auto de formal a prisión a los compañeros de Candelaria, Campeche
Ayer jueves a las 11 de la noche, una hora después de terminar la audiencia en la que los compañeros detenidos ampliaron sus declaraciones y se presentaron las declaraciones de nuevos testigos de parte del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria dado que los primeros testigos tienen orden de aprehensión, se dictó el auto de formal prisión a los compañeros Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Elmer Castellanos Contreras, Guadalupe Borja y Guadalupe Lizcano. Resulta una burla que el juez de la PGR se haya tomado una hora para "valorar" todas las pruebas. Esto vuelve a evidenciar la naturaleza y alcance de esta venganza política.
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POR LUCHAR!
A continuación, reproducimos los mensajes que nos entregaron dos de los compañeros detenidos:
No se desanimen, compañeros: mensaje de los presos políticos de Candelaria, Campeche, desde el Cereso de Kobén*
Mensaje de Joaquín Aguilar Méndez desde el penal de Kobén, Campeche:
Compañeros y compañeras, mi nombre es Joaquín Aguilar Méndez y a nombre de mis compañeros que nos encontramos recluidos en el Cereso les decimos que no se desanimen, que sigan adelante y que les agradecemos el apoyo que nos han estado brindando tanto aquí en Campeche como a nivel nacional. Les decimos que esta es una estrategia del gobierno que quiere criminalizar la lucha social pero que pese a todo no nos vamos a rendir. Nos encontramos muy fortalecidos, no ha decaído nuestro ánimo y sentimos que vamos a salir adelante en todo esto que estamos luchando.
Quiero mandar muchos saludos combativos a todos los compañeros tanto a nivel nacional como internacional. Gracias por su apoyo, gracias por su solidaridad, si nos mantenemos así saldremos adelante en esta lucha.
Y a mis compañeros de aquí de Candelaria que están ahorita en el plantón les decimos que no se desanimen, que esto de alguna manera tenía que pasar porque lo que quieren es desunirnos. Saben que nuestras luchas son justas y por eso es que nos están atacando de esta manera. Entonces, compañeros, no bajen la guardia, nosotros aquí adentro no estamos desanimados, al contrario, nos sentimos más animados porque sentimos que si estamos aquí es porque estamos ahora sí que pegándole a donde le duele al gobierno. Ellos lo que persiguen, lo que quieren es destruirnos porque saben que estamos dándole donde a ellos les duele.
Lo que queremos es la autonomía, valernos por nosotros mismos, oponernos a su proyecto neoliberal que consiste en privatizar todo lo que es de nosotros y como nosotros nos oponemos a eso por eso es que quieren acabar con nosotros.
No se desanimen, no permitamos que nos dividan y no permitamos que logren salirse con la suya. Lo que hay en México es de nosotros y lo vamos a seguir defendiendo, aún a costa de nuestra propia vida lo vamos a defender, porque es el futuro de nosotros y de nuestros propios hijos y ellos quieren terminar con todo eso.
Es todo, compañeros, y un fuerte saludo y acuérdense de las palabras del Che: Hasta la victoria siempre.
Ni un paso atrás.
Mensaje de Sara López desde el penal de Kobén, Campeche
A todos los compañeros y compañeras de las diferentes luchas de resistencia y a los compañeros y compañeras de la otra campaña agradecerles infinitamente de todo corazón su apoyo solidario en todas sus manifestaciones en apoyo y solidaridad de nosotros los cinco presos políticos de Candelaria.
Con mucho coraje e impotencia desde acá de San Francisco Kobén abrazos solidarios y ánimo, no hay que claudicar. Nosotros estamos acá pero no nos rendiremos, compañero. Hasta la victoria siempre. Los quiero.
*Este mensaje lo enviaron el jueves 16 de julio, pocas horas después de recibir la notificación a través de la cual el juez segundo de distrito dictó contra ellos el auto de formal prisión. El mensaje fue transmitido al mediodía en el plantón de más de 250 personas que se mantenía aún en la ciudad de Campeche, frente a los juzgados de distrito, por miembros de la Resistencia Civil del No pago a las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, agrupaciones adherentes a la Otra Campaña y grupos solidarios.
Comunicados
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas e independientes
A los medios de comunicación nacionales e internacionales
Al pueblo de México y del mundo
El teatro electorero del 5 de julio reflejó lo que se advertía antes de los comicios, un gran abstencionismo y un rechazo del pueblo para solucionar sus problemas a través esta forma; que solo perpetúa las condiciones de pobreza y miseria de más de 80 millones de mexicanos. Los únicos beneficiados en esta faramalla son el duopolio televisivo (televisa-TV Azteca), los diputados y senadores, quienes ahora se encargarán de defender los intereses de la burguesía. En tanto, la minoría de la sociedad que efectuó su voto (43.7%) no fue del todo consciente, agregando a ello quienes optaron por anular su voto (6%), demostrando así la caduca forma de ejercer la supuesta democracia.
Por otra parte, la política del actual gobierno federal encabezado por el PAN está llevando al país a una etapa de consolidación del fascismo con las reformas a las leyes que criminalizan la protesta, la lucha social y popular. Desde el tiempo que se dio a conocer el brote del virus A (H1N1) se llevaron a cabo estas reformas mientras al pueblo se mantenía con la psicosis y el temor de la pandemia.
Felipe Calderón quien se mostraba como el salvador del país al hacer frente a la supuesta amenaza del crimen organizado y del narcotráfico se decidió por el enfrentamiento de estos problemas mediante el uso inconstitucional de las fuerzas armadas y de los demás cuerpos policiacos, situación que ha traído consigo constantes violaciones de las garantías individuales mediante allanamientos, detenciones ilegales, incursiones militares en comunidades organizadas y no organizadas, desapariciones forzadas. En tanto, que los órganos de inteligencia del Estado se encargan de dar seguimiento puntual a luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país.
Bajo este esquema se emprendió el combate a la disidencia en todo el país, desde organizaciones sociales, populares y todo grupo opositor a su política con un gran arraigo en el pueblo y trayectoria de lucha, así como sindicatos de trabajadores, grupos y colectivos y organismos defensores de los derechos humanos.
En este contexto de criminalización de la protesta y lucha popular se encuentran también:
· Represión al plantón y desaparición de 19 familias que exigían la libertad de presos políticos en el estado de Chihuahua.
· La detención-desaparición de Fermín Mariano Matías, estudiante de la maestría en geofísica de la Facultad de Ciencias de la UNAM y consejero estatal del PRD en Puebla.
· La detención de 5 integrantes del Movimiento Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica de Candelaria, Campeche.
· La incursión y hostigamiento por parte del ejército en las comunidades de Tecoluco donde está ubicada la casa cultural campesina y la oficina de CODHHSO; últimamente se ha anunciado la realización de patrullajes conjuntos de la Policía Federal y del Ejército Federal en las comunidades que integran el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ).
· Hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil a los compañeros Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), ambos defensores de los derechos humanos, y la intención gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularlos a "células armadas".
· En el estado de Chiapas se sigue dando cobijo a las bandas paramilitares camuflajeadas en membretes como lo ocurrido con nuestros compañeros de la OCEZ-FNLS, en la comunidad El Carrizal, municipio de Ocosingo, al ser víctimas de agresiones y provocaciones que han sufrido de parte del grupo paramilitar "Los Petules", quienes después ingresaron a la ORCAO y después pasaron a formar la CMPECH, cuyo membrete ha servido para realizar las encomiendas del gobierno estatal de combatir y desarticular a las organizaciones populares.
· En Michoacán la supuesta lucha contra la delincuencia organizada revela su carácter político, los últimos acontecimientos nos indican la estrategia que persigue Felipe Calderón, intensificar la militarización del Estado, instaurar un estado de facto como lo han establecido en los estados fronterizos como modelos a seguir para imponer un estado de excepción nacional ante el escenario sangriento producto de la guerra de la delincuencia organizada, que en el contexto político persigue distraer a la opinión publica que se torna critica pidiendo ya la renuncia de Calderón, es sumamente grave que el gobierno federal permita el desborde de la violencia en Michoacán, para justificar la violación del pacto Federal y busque por todos los medios castigar al pueblo michoacano, criminalizando la protesta popular con el objetivo confeso de generar una crisis de gobernabilidad con la renuncia del Gobernador del Estado
Producto de esta estrategia es la política de despojo de tierras comunales en el Estado como sucede en los caso de Santa María de Ostula, con el ataque de supuestos propietarios perpretado el 29 de junio en contra de comuneros y comuneras de esta comunidad indígena que decidieron recuperar ante la nula respuesta agraria el legitimo derecho a la defensa de sus tierras,
En la comunidad Tabiquera la Loma de Uruapilla en Michoacán persisten las incursiones de la policía federal y el Ejército federal en la casa de los comuneros que defienden 97 hectáreas de tierras por ejercer este derecho son objeto de detenciones desapariciones temporales, torturas y disparos de armas de fuego, últimamente persisten las amenazas de detener, desaparecer y asesinar a los comuneros.
La impunidad es la respuesta a las exigencias de organizaciones sociales y populares a las constantes violaciones a los derechos humanos, represión y muerte de gente que ha luchado por mejorar sus condiciones de vida. Además de reactivar y fortalecer a cuerpos paramilitares en diferentes regiones del país.
El gobierno federal defiende a capa y espada al ejército y avala todas las violaciones a los derechos humanos y las garantías individuales, como lo ocurrido en el juicio que promueve la familia de Rosendo Radilla Pacheco en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el delito de desaparición forzada, asimismo, garantiza la impunidad con que actúa el Ejército Federal a través de la figura del fuero militar en voz del Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont.
Ante esta escalada represiva hacia todo el movimiento social y popular seguimos haciendo el llamado a los organismos de derechos humanos a estar atentos a los posibles sucesos en contra de quienes siguen exigiendo justicia y mejores condiciones de vida para el pueblo.
¡ALTO LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR!
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAÍS!
¡¡¡ EXIGIMOS LA DESARTICULACIÓN DE LAS BANDAS PARAMILITARES!!!
¡¡¡ EXIGIMOS REUBICACIÓN DEL POBLADO IRREGULAR "EL NACIMIENTO"!!!
¡¡¡ ALTO A LAS PROVOCACIONES Y AGRESIONES DE LOS PARAMILITARES
ENCUBIERTOS BAJO LA ORCAO Y LA CMPECH!!!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 17 de julio de 2009.
Opinión
Estados fallidos y narcotráfico
José Francisco Gallardo Rodríguez
A escasos treinta meses de la declaración de "guerra contra las drogas", hecha por Felipe Calderón al inicio de su gobierno, los resultados son de una lucha perdida, cesión de soberanía, el colapso del sistema de justicia y seguridad, la corrupción, el sometimiento del Ejército al Pentágono, enésimas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares -2,000 registradas ante la CNDH y una veintena en lo internacional- y 10,475 ejecuciones reconocidas por la PGR hasta el 18 de marzo de 2009, que para el 2012 se proyectan a 30 mil; quiere decir que durante las administraciones "democráticas" del blanquiazul, sumando los 8,780 ejecutados de Vicente Fox se contabilizan cerca de 20 mil.
Marthoz plantea que la incapacidad de los Estados para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido en un asunto crucial de política internacional, porque el desorden en los Estados frágiles propaga sus ondas de choque -criminalidad transnacional, terrorismo, migraciones y tráficos ilegales- hasta el corazón de las metrópolis.
Así las cosas, la teoría de los Estados fallidos es un concepto polémico, inventado por la inteligencia militar estadunidense para calificar a un Estado "débil, frágil o malogrado", en el cual el gobierno central tiene poco control sobre su territorio. En pensamiento de Weber: el monopolio de la coacción física, "los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros" (Foreign Policy de 2005).
Dicha teoría apareció por primera vez tras el fin de la guerra fría en 1989, dentro de la búsqueda de nuevas amenazas y se entrelazó con la lucha antidrogas y el terrorismo. Se advierte que Estados Unidos ya no estaría amenazado por Estados victoriosos sino por gobiernos incapaces de proveer orden y estabilidad dentro de su jurisdicción. Para nosotros, en franca violación a la norma internacional, un pretexto para justificar la intervención en el orden interno de los Estados: Pakistán, Sudán, Irak, Somalia, Zimbabue, Chad, Costa de Marfil y Afganistán; en Latinoamérica: Haití, Colombia, Venezuela, Bolivia y México.
"México y Pakistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de EU considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadunidenses. Friedman planteó: si México fracasa, habría serias repercusiones geopolíticas que conducirían a una intervención -militar- directa de EU". (Oppenheimer, mayo de 2008).
En este orden, un informe del Comando Conjunto plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna (Joint Operatig Enviroment 2008). Por supuesto, se está hablando de una invasión militar a México, ya que los actores no estatales lo han convertido en un asunto de seguridad nacional para Washington.
"En varias zonas geográficas, el control del Estado se ha debilitado o ha desaparecido completamente, lo que implica el surgimiento de Estados fallidos y de grupos armados no-estatales. Estos actores se confunden y superponen en los gobiernos débiles. Los insurgentes: comprometidos con una lucha militar y política prolongada cuyo objetivo es debilitar o destruir el poder y la legitimidad del gobierno establecido; los terroristas: siembran el miedo amenazando con formas proscritas de violencia para alcanzar objetivos políticos; las milicias: fuerzas irregulares fácilmente identificables que operan en zonas sin control del Estado; las organizaciones criminales: grupos caracterizados por su cohesión interna que se dedican a una o varias empresas criminales y actúan atravesando fronteras y regiones" (enjeux-internationaux.org).
Desde esta visión, Estados Unidos tendría derecho a intervenir en forma directa para solucionar la amenaza que los Estados fallidos representan para su seguridad nacional; el tema del narcotráfico es el eje de dicho planteamiento. La economía del narcotráfico y el conflicto armado son mecanismos de intervención económica y territorial del capitalismo global, por tanto, es fundamental comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado -hipótesis de guerra, Plan Colombia, Plan México-, el interés económico territorial que está detrás de la industria de los narcóticos y la estrategia geopolítica del imperio en la región" (kaosenlared.net/).
Por ello, es urgente que Latinoamérica diseñe políticas alternas a las punitivas antinarcóticos, desactive el negocio del narcotráfico y contribuya con una salida negociada al conflicto. Un gobierno ilegítimo y beligerante como el de Calderón, va a seguir siendo utilizado por los sectores más reaccionarios encargados de la seguridad nacional de Estados Unidos para intervenir política y militarmente en México. Recordemos que antes de la entrada en vigor del Plan Colombia, esta nación fue declarada como un Estado fallido.
Las metamorfosis del Estado
Sergio Gómez Montero
"... y te piensas sin sangre/ y te juzgas sin tiempo/ y te quedas inmóvil/ al borde del camino..."
Mario Benedetti: "No te salves".
Uno de los grandes dilemas del Estado en México es conocer de qué manera él ha evolucionado de 1917 a la fecha; cuáles han sido sus características a partir de que una de sus corrientes sustantivas -el anarcosindicalismo-- fue virtualmente borrada una vez que se institucionalizó la Revolución y la corriente triunfante, encabezada en aquel entonces por Carranza, desde la corrupción, comenzó a gobernar al país y a darle al Estado los matices que hasta hoy lo han caracterizado como un Estado de derecha: oscilando de lo liberal a neoliberal, según matices y modas.
No así, en balde, la polémica que a Tijuana trajo hace más o menos un mes Manlio Fabio Beltrones cuando con el colmillo que lo caracteriza afirmó que en México, evidentemente, sí hay Estado, que lo fallido, que lo hay, es el gobierno. Esa diferencia entre gobierno y Estado es precisamente lo que echa para abajo la hasta hace poco famosa tesis del Estado fallido, promovida abiertamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos para así espantar con el petate del muerto y seguir facilitando la intervención de las fuerzas especiales de ese país en el nuestro.
¿Pero si no Estado fallido cuál es entonces el tipo de Estado que de manera reciente ha existido en México? ¿Cuáles han sido entonces las metamorfosis de ese Estado?
No muchas, es cierto, pues del Estado autoritario (y corrupto siempre) que nos heredó Porfirio Díaz hasta el 2000, en que, en efecto, con los gobiernos del PAN cambia ese Estado (valió la pena escuchar la entrevista que Carlos Marín le hizo a Fernando Gómez Mont y cómo este reconoció -a su favor, claro- esos cambios), él, el Estado sufre una serie de transformaciones que se inician como un enfrentamiento relativo al Estado único y autoritario priísta y de ahí va adquiriendo ciertas características diversas de entonces a la fecha. Aunque esos cambios nunca sacaron al Estado del ámbito neoliberal en que está inscrito desde tiempo atrás.
¿Cómo es entonces que del 2000 a la fecha ha evolucionado el Estado en México?
Si bien, insisto, no fallido, el Estado de los panistas (y basta analizar sólo lo sucedido recientemente en México, de la crisis económica al manejo político de la gripa de la influenza, el golpe electorero en contra del gobierno michoacano y, más recientemente, lo sucedido en Hermosillo) se caracteriza por ser, indistintamente, un Estado bandido y un Estado canalla. Bandido, por la manera tan corrupta y cínica con que ha manejado los recursos públicos (¿y los 120 mil millones de pesos del presupuesto del año pasado, apá, dónde los dilapidó Hacienda, en la bolsa de qué funcionarios públicos se quedaron, para financiar qué campañas oscuras?) y llegó al poder a través de todo tipo de fraudes (con Fox y Calderón) y, sobre todo, por encabezar él al narcotráfico, brindando protección al Chapo Guzmán (y si no, que se lo pregunten a Los zetas, a los Beltrán Leyva y a los Arellano Félix) y promoviendo así este negocio ilícito. Canalla, porque se ha servido del poder para, junto a las televisoras, corromper brutalmente la conciencia de millones de mexicanos y anestesiarlos ante la corrupción, negándose a reconocer la existencia del Estado bandido. Es decir un Estado, el canalla, le sirve y es la misma cosa que el otro, el bandido. Ni a cual irle.
Pd. Me ha rebasado el trabajo y ya no tengo la energía de mis remotos años mozos, razón por la cual me veo obligado a suspender mis colaboraciones periodísticas durante tres meses para poder salir del atolladero en que estoy metido. Nos leeremos para entonces.
DF: Verde olivo amenazante
Sara Lovera
A 10 días de las elecciones. Las más deslavadas y confusas que haya vivido, dos incursiones militares en menos de 24 horas y sin justificación de peso han sucedido en el Distrito Federal, un espacio hasta ahora libre del verde olivo.
Lo que vi, captado por las cámaras, a pesar de la desinformación televisiva, fue a un grupo de personajes citadinos atemorizados, tremendamente pobres, vestidos con andrajos, espantados, sacados de una vecindad de la colonia Obrera.
El reporte oficial habla de la detención de cinco presuntos "narcomenudistas", tres mujeres y dos hombres. Se trata de José Ángel Ocampo Zavala, Daniel Colorado Ocampo, Rosalía Gastón Iglesias, Angélica Ocampo Gastón y Mariana Gastón Iglesias, sin mayor dato que su nombre, sin una dirección cabal, sin arsenal que se reporte, vaya sin una pistola ni de juguete.
La incursión de 50 elementos de la Policía Federal (PF) y del Ejército, todos fuertemente armados, actuaron sorprendiéndonos. Hubo bloqueo en las calles. Hasta ahí la información. Nada más.
Era el 25 de junio por la tarde. El día 26 se informó de otra incursión, igualmente nebulosa en la colonia Nueva Santa María, en el que participaron cerca de 200 elementos del Ejército y de la PF.
Casi instantáneamente muy diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reaccionaron calificando la acción como un "exceso" sólo atribuible a "la construcción cotidiana del autoritarismo de Felipe Calderón", según reportó el diario La Jornada como declaración del diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Lo preocupante es que por enésima y por desesperante que parezca, los defensores de derechos humanos ratifican: "los operativos militares no son la solución" y en cambio han tenido que recordar que en la capital del país sólo se admite a los militares en las calles "el 16 de septiembre", cuando desfilan para conmemorar la guerra de Independencia.
Estos hechos son sumamente graves. Hasta ahora Felipe Calderón no ha podido instalar en las calles de la ciudad al Ejército que ha distribuido en todo el país, sembrando el temor de los civiles, efectuando labores policiacas anticonstitucionales. La presencia del Ejército, desordenada, ha dejado una estela de atropellos a los derechos humanos. Los abusos contra el cuerpo de muchas mujeres, hechos hasta ahora impunes, laceran la vida democrática. Sin lugar a dudas.
En el Distrito Federal y de acuerdo a las informaciones de reporteros y periodistas, estos operativos no fueron informados a las autoridades de la ciudad. Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública, dijo no haber sido consultado.
Es decir estamos en presencia de lo que tanto hemos temido. Que la locura por la demostración autoritaria y patriarcal del señor que se instaló en Los Pinos, el que piensa que los jóvenes son un peligro, el que viola la ley invocando a Dios en sus discursos, en un país laico; el mismo que "abrió" una caja de Pandora irrefrenable y sin resultados satisfactorios, quiere ahora también que el Distrito Federal sea gobernado por el Ejército, sobre o encima de los mandos civiles.
¿Cuál casa de seguridad pretende argumentarse? ¿En una vecindad? Donde puede ser probable que haya ladronzuelos, presuntos "nercomenudistas", "malvivientes", "muertos de hambre" mismos que en el absurdo, se pretenda decir que no puedan ser detenidos por la policía de Mondragón y Kalb.
Lo más grave es que un sector del partido que gobierna la capital avala estas acciones. Mientras era cateada la vecindad y se llenaba con militares encapuchados la calle de Juan Lucas Lassaga en la colonia Obrera, a tres calles del Viaducto; en el Canal de las estrellas Jesús Ortega, presidente del PRD, declaraba: "estamos con la lucha contra el crimen organizado, donde ha tenido que participar el Ejército" y se justificaba como "de izquierda moderna".
Ortega al discutir el problema de "la seguridad", nunca pudo hablar de la relación entre la delincuencia y el desempleo, la delincuencia y la pobreza, la delincuencia y la desazón juvenil por los y las políticas, la falta de credibilidad en los partidos políticos y la ausencia de eficacia en la justicia. Menos se le ocurrió diagnosticar cómo hay ingobernabilidad fuera del Distrito Federal.
No habló de cómo se ha perdido el horizonte y la idea de desarrollo. No pudo articular lo que dicen los documentos básicos de su partido respecto al uso de la fuerza ni recordó lo que su partido defendió y denunció durante años: la urgencia de verdaderos sistemas de inteligencia, la articulación de los grandes criminales con la banca y los negocios; la ausencia de políticas públicas para prevenir la delincuencia sin las armas de por medio.
Pero ante estos hechos, las voces de los defensores y defensoras de los derechos humanos, que saben, han contado, han documentado cómo el uso autoritario de la fuerza en los operativos ahora sustentados en las recientes modificaciones legales, atentan contra las libertades fundamentales de los y las ciudadanas.
Eso, dijo el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, "sólo acrecentará el clima de terror entre los ciudadanos".
Para mi es inadmisible colocar a nuestra ciudad en un vaso de sangre como sucede en otras latitudes. Es inaceptable callarnos.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, fue más allá al decir que es falso que el Ejército en las calles sea la única manera de combatir la delincuencia organizada. Y si es verdad que no se ha combatido a fondo el "narcomenudeo",
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