Información Contra la Represión
Casos recientes de represión
A los Medios de Comunicación
Al pueblo en general
La criminalización de la protesta social, la militarización para una supuesta "guerra contra el narcotráfico", la represión a las organizaciones sociales, la violación constante a los derechos humanos de muchos activistas sociales, etc., son sólo algunos de los medios que el Estado ha utilizado para que acallar las cada vez mayores voces que se oyen en contra de las injusticias, la pobreza y la desigualdad.
Es precisamente en este contexto la ejecución de Fermín Mariano Matías, luchador social desde muy joven, que se había caracterizado por ser un excelente estudiante (estudiaba actualmente la Maestría de Geofísica en la UNAM) y deportista (ganando varios premios). Su participación en la lucha social tenía ya más de 15 años empezando en las luchas estudiantiles, como la defensa de las cosas de estudiantes. Fue cofundador de la Liga Estudiantil Democrática, así como recientemente le habían dado el cargo de Consejero Estatal del PRD. También había colaborado con otras organizaciones como la Organización Independiente Totonaca (OIT).
Consideramos que la ejecución del compañero Fermín Mariano Matías es de carácter político y de Estado por su constante activismo en organizaciones sociales a favor de las causas más sentidas de la sociedad. El asesinato de Fermín es una muestra más de que el Estado, mutila, asesina y viola indiscriminadamente los derechos humanos de luchadores sociales y el pueblo en general.
Manifestamos la incompetencia de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Puebla de no informar a tiempo la desaparición de Fermín Mariano Matías a la dependencia homologa en Tlaxcala y retrasar así la investigación, pues se tenía constancia de su muerte desde el 26 de Junio.
Por lo anterior:
· Exigimos se investigue, esclarezca y castigue a los responsable de la ejecución del compañero Fermín Mariano Matías.
· Hacemos responsable al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de los familiares, amigos y organizaciones solidarias con el caso Fermín Mariano Matías.
Invitamos al pueblo en general a acompañarnos en el mitin que se realizará el día lunes 3 de agosto a las 12pm en la PGJ del Puebla (Bulevard 5 de mayo y 31 oriente).
¡Castigo a los responsables de la ejecución del compañero de Fermín Mariano Matías!
¡Ni una sola muerte más!
Fraternalmente
Frente de Organizaciones Sociales, Sindicales y Campesinas del Estado de Puebla
FOSSCEPDignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDDH
Web: www.reddh.org
correo: contacto@reddh.org
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/29/index.php?section=estados&article=030n1est
Identifican su cuerpo; desapareció en junio
Fue asesinado el activista Fermín Mariano Matías
Unas 100 personas se manifestaron el lunes fuera de la Procuraduría General de Justicia de Puebla para exigir la presentación del activista social Fermín Mariano Matías, cuyo cadáver fue identificado ayer Foto Abraham Paredes
Tania Damián Jiménez
La Jornada de Oriente
Puebla, Pue., 28 de julio. Familiares del activista Fermín Mariano Matías, quien era asesor de diferentes organizaciones sociales de Puebla y estudiante de posgrado del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dieron a conocer este martes que identificaron su cadáver, el cual está enterrado en una fosa común en el municipio de San Juan Totolac, Tlaxcala.
Manuel Mariano Matías detalló que el cadáver de su hermano –quien al parecer tenía relación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR)– fue encontrado con cuatro balazos el 26 de junio en el paraje La Macabrona, en la comunidad de Los Reyes Quiahuixtlán, en San Juan Totolac.
Manuel exigió a las autoridades aclarar el homicidio. También acusó a las procuradurías de Justicia de Puebla y Tlaxcala de ocultar información sobre el paradero de su hermano, pues su familia interpuso el 10 de julio una denuncia penal por su desaparición y dichas dependencias respondieron que no tenían información.
La noche del lunes pasado, después de que amigos y familiares protestaron frente a la Procuraduría estatal de Justicia para exigir información sobre el paradero del activista, las autoridades indicaron que posiblemente tenían noticias de Fermín.
Los familiares de la víctima se trasladaron a Tlaxcala y lo identificaron en una serie de fotografías de cadáveres enterrados en la fosa común del panteón de San Juan Totolac. Manuel Mariano calcula que su hermano fue asesinado a finales de junio, pues el cuerpo estuvo por lo menos 15 días en el anfiteatro de la ciudad de Tlaxcala.
Asimismo, dijo que su familia sospecha que el móvil del homicidio fue político, pues Fermín Mariano estaba relacionado con las actividades de la Liga Estudiantil Democrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Organización Independiente Totonaca de la Sierra Norte, además de que era consejero estatal del Partido de la Revolución Democrática. Negó que fuera integrante de algún movimiento armado y descartó que el móvil del asesinato sea personal o pasional, ya que no tenía problemas de ese tipo.
Fermín Mariano tenía 32 años de edad. Su familia lo vio por última vez el 18 de junio e inició su búsqueda cuando sus compañeros del posgrado se comunicaron para preguntar por él, pues no acudió a exámenes finales.
Según versiones extraoficiales, el EPR habría reclamado en un comunicado la presentación de Fermín Mariano.
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/29/index.php?section=politica&article=017n2pol
Golpean policías a un reportero en Sinalo
Descubren cadáver de periodista en Guerrero
M. Habana y J. Valdez
Corresponsales
Acapulco, Gro, 28 de julio. El periodista radiofónico Juan Daniel Martínez Gil, quien se encontraba desaparecido desde el domingo pasado, fue encontrado hoy sin vida en un lote baldío de la colonia La Máquina de este puerto.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, el cadáver fue hallado semienterrado, con huellas de tortura en diferentes partes del cuerpo y el rostro cubierto con cinta adhesiva, luego de una denuncia anónima al servicio telefónico de emergencias 066.
El comunicador, de 42 años, fue identificado por sus compañeros de la empresa Radiorama Acapulco. Cotidianamente, de seis a ocho de la noche, el periodista conducía el noticiario W Guerrero Noticias.
El 6 de abril de 2007 el informador Amado Ramírez, quien también trabajaba para Radiorama, fue ultimado a unos pasos de su centro de trabajo, en el centro de Acapulco.
Agreden a comunicador
Mientras tanto, en Culiacán, Sinaloa, agentes de la policía municipal de Ahome golpearon al reportero Luis Fernando Nájera, del periódico El Diario y del semanario Ríodoce, durante un operativo llevado a cabo el sábado pasado en la ciudad de Los Mochis.
El comunicador, quien resultó con heridas en el ojo izquierdo y la garganta, presentó una denuncia ante la agencia tres del Ministerio Público, que abrió la averiguación previa 234/09, y ante la Comisión de Honor y Justicia de la corporación por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.
Nájera fue dejado en libertad horas después, luego de permanecer incomunicado en el área de criminalística de la policía y de ser revisado por personal médico.
El juez ordenó la liberación con el argumento de que "no es delito preguntar sobre el operativo, además de que se trató de un reportero".
El incidente ocurrió la medianoche del pasado día 25, en la esquina de Higuera y Álamos, cuando agentes municipales detuvieron a un desconocido, al que golpearon y subieron a una patrulla, acusándolo de romper los cristales del vehículo asignada al comandante Raúl Alberto Muñoz Enrique.
Al percatarse de la agresión, el periodista intentó preguntar a los uniformados, quienes se encontraban a bordo de la patrulla 1352, sobre lo sucedido, pero éstos lo recibieron con golpes en el rostro y lo sujetaron del cuello para inmovilizarlo.
De acuerdo con el parte informativo 1715/09, rendido por los agentes, algunos estaban fuera de turno y al parecer apoyaban a un particular en la detención de una persona, junto con otros policías auxiliados por patrullas y vehículos privados.
Ellos dijeron que yo había querido quitarles al detenido a punta de golpes y empujones, que era la máxima autoridad porque era del cuarto poder y que iba a chingármelos, afirmó Fernando Nájera.
El periodista exigió a la Procuraduría General de Justicia del estado que investigue los hechos y castigue a los responsables.
Acción Urgente- Imputación falsa del delito de secuestro de seis policías contra Jacinta FRANCISCO MARCIAL
AU-MEX-27-07-2009
ACCIÓN URGENTE: Imputación falsa del delito de secuestro de seis Agentes Federales de Investigación (AFI) contra la Señora Indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
México, a 27 de julio de 2009
Lic. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza
C. Procurador General de la República
C. Licenciada Norma Patricia Valdez Arguelles
Delegada Estatal de la Procuraduría General de la República en Querétaro
Presente,
El Centro Independiente de Noticias y la Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos, solicitamos su intervenciónURGENTE ante la imputación falsa del delito de secuestro de seis Agentes Federales de Investigación (AFI) contra la Señora Indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
Descripción de la situación
A la Señora indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL, cuya defensa jurídica acompaña el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. se le ha imputado falsamente el secuestro de seis agentes federales de investigación por hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán. Por lo anterior, fue acusada y sentenciada el día 19 de diciembre de 2008, imponiéndosele una pena privativa de la libertad de 21 años, misma que fue recurrida en apelación revocándosele sentencia a efecto de realizar careos procesales por contradicciones sustanciales.
De acuerdo con información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., información ampliada en este documento, el delito de secuestro nunca existió y por lo tanto no puede acreditarse con las pruebas que se encuentran en el expediente. En este mismo sentido tenemos conocimiento que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta FRANCISCO MARCIAL.
Nos parece sumamente preocupante que los mismos elementos policíacos, quienes se dicen víctimas, hayan sido los que han asumido desde la averiguación previa el carácter de ofendidos, investigadores y testigos. Además, en la resolución de la apelación, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora. Con base en esas probanzas se ha privado de su libertad y condenado a la señora indígena Jacinta FRANCISCO MARCIAL, una persona inocente, por un delito respecto del cual su probable responsabilidad no se demuestra.
Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 17 de julio del presente, la recomendación 47/2009 dirigida a Usted, en donde señala que le han sido vulnerados a Jacinta y sus co-acusadas los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, con las probadas actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de los elementos de la antigua Agencia Federal de Investigación, perteneciente a la institución que Usted preside.
Antecedentes y contexto de la situación
Según información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, comunidad ñähñhú del sur de Querétaro. Bajo el pretexto de que en dicho lugar se vendían artículos "pirata", los agentes, que no portaban uniforme, agredieron a los tianguistas con actitud amenazadora, causando destrozos a los productos ahí vendidos.
Ante la agresión, la gente exigió a los policías mostrar su identificación y la orden que avalara dicha actuación, petición apegada a la legalidad, pues exigían el respeto a sus derechos ante un acto arbitrario.
Con la intervención, solicitada por los agentes, de un agente del Ministerio Público Federal y de su superior regional, se llegó a un primer acuerdo: los funcionarios reconocieron que los policías habían cometido un error, por lo que se comprometían a responder por los daños ocasionados. A los comerciantes se les dio mercancía que no era suya, incumpliendo los acuerdos, los que generó indignación por parte de los comerciantes.
Una vez más, funcionarios y comerciantes llegaron a un acuerdo, el pago en efectivo por los daños causados. Ante la imposibilidad de resarcirlos ipso facto, debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir la cantidad debida. En garantía de que este nuevo acuerdo sí sería cumplido y, por lo tanto, de que regresarían con el dinero suficiente para pagar los daños, los propios agentes acordaron dejar a uno de sus compañeros en Santiago Mexquititlán. Este agente no fue molestado ni maltratado en ningún momento. Cuando se cumplió lo pactado, aproximadamente a las siete de la tarde, el incidente parecía haber terminado. De ello hay constancia en un documento firmado por el agente del Ministerio Público Federal en el que los agentes de la AFI se comprometen a no molestar más a los pobladores de Santiago Mexquititlán.
Sin embargo, el tres de agosto de 2008, un grupo de personas, de nuevo sin uniforme, llegó a la casa de Jacinta FRANCISCO MARCIAL. Le informaron que tenía que trasladarse con ellas a Querétaro para declarar sobre la poda de un árbol. Sin embargo fue trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito en un vehículo sin identificación oficial. Al llegar al lugar, fue presentada ante medios de comunicación sin conocer de qué se le acusaba. No fue sino hasta que llegó al CERESO femenil de San José el Alto que, con complicaciones, sus compañeras le explicaron que le atribuían, junto a Alberta Alcántara y Teresa González, el supuesto secuestro de los seis agentes de la AFI en los hechos del 26 de marzo. El proceso de Jacinta culminó dos años después. El 19 de diciembre de 2008 se le dictó sentencia condenatoria a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Las otras dos acusadas fueron sentenciadas con la misma pena un mes después.
La acusación carece de sustento y la sentencia es, a todas luces, injusta. La actuación de las autoridades parece más un acto de venganza contra los pobladores que impidieron la actuación arbitraria de los agentes de la AFI y no un acto de justicia. Las únicas pruebas empleadas para acusar a doña Jacinta fueron aportadas por los mismos agentes e integradas por el agente del Ministerio Público de la Federación que también había participado en los hechos del 26 de marzo. En esas condiciones, es posible presumir que ambas autoridades actuaron de común acuerdo para imputar falsamente delitos a algunos tianguistas de Santiago Mexquititlán en represalia por impedir el abuso que se quería cometer contra ellos.
Teniendo en cuenta los tratados nacionales e internacionales sobre Derechos Humanos firmados y ratificados por México, manifestamos nuestra profunda preocupación ante la gravedad de los hechos antes mencionados.
Por lo que respetuosamente le solicitamos:
I. Por lo anterior, y en virtud de que se encuentra aún en el plazo marcado por la ley para aceptar la recomendación de la CNDH, le solicitamos respetuosamente que la acepte y cumpla cabalmente a fin de que no se siga perpetuando una injusticia.
II. Así mismo, consideramos de vital importancia que actúe en consecuencia promoviendo el sobreseimiento del proceso penal 48/2006 instruido en contra de Jacinta Francisco Marcial y sus co-acusadas ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro.
III. Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos firmados y ratificados por México.
Confiamos plenamente en que analizará minuciosamente el caso y que resolverá con base en la verdad y conforme a los estándares de protección a los derechos humanos.
Agradeciendo su atención, nos despedimos de usted, expresándole nuestros saludos y las más altas consideraciones.
ATENTAMENTE
Centro Independiente de Noticias
México, Distrito Federal
Red de Acción por la Defensa de los Derechos Humanos
Por las organizaciones,
Rodrigo Monroy Figueroa
Correo electrónico: cinoticias@gmail.com
Mario Romero: un héroe municipal encarcelado.
Víctor M. Toledo
En el país, donde los logros municipales no sólo son escasos, sino extraños, existen por fortuna ejemplos extraordinarios que deben ser tomados como casos a imitar a escala nacional y en el mundo entero. Uno es el que encabezó Mario Romero, presidente municipal de La Huacana (2005-2007), quien en tres años colocó a un municipio pobre y de alta marginación de la tierra caliente michoacana en el centro de la atención nacional e internacional.
Originario de esa región, Mario Romero no estudió ni se formó para político, sino para científico: estudió la carrera de biología y después una maestría en conservación y manejo de recursos naturales en la Universidad Michoacana. Asimismo se graduó como profesor de física y química en la Normal Superior de México. Por sus capacidades y méritos fue profesor investigador en la Facultad de Biología de su universidad. Ahí impartió numerosos cursos, dirigió tesis, asistió a congresos y dictó conferencias, y por su liderazgo y entrega llegó a ser director de la misma entre 1997 y 2000.
Mario Romero aceptó jugar por la presidencia municipal no sólo por el amor a sus raíces territoriales, sino para demostrar dos cosas: que los profesionistas de provincia deben y pueden retornar a sus poblados de origen, y para poner a prueba lo aprendido y discutido en la academia: la viabilidad de un desarrollo sustentable que fuera ambientalmente adecuado, económicamente exitoso y socialmente justo. Esto último lo situó como el funcionario político más vanguardista del país, pues al adoptar la sustentabilidad de manera seria y comprometida como el paradigma central de un plan de desarrollo municipal, dejó atrás décadas de esquemas obsoletos y de dogmas de todo tipo.
Ya convertido en presidente se topó con una realidad que conocía no por los datos, sino por los ojos, el oído y la piel. Con cerca de 35 mil habitantes, 60 por ciento de los cuales vive en asentamientos de menos de cien, La Huacana es un municipio sacudido por la migración y el desempleo, lluvias escasas, uso inadecuado de sus recursos naturales, y con la sociedad desnutrida, desorganizada y en parte socialmente deprimida. Para complicar el panorama, La Huacana se ubica en el ojo de una de las regiones del país más afectadas por la violencia y el narco.
A la superación de esta realidad lacerante, Mario Romero dedicó todo su esfuerzo, inteligencia y conocimientos científicos. Como él mismo dijo, su primer reto, el más importante, fue convencer a su familia (mujer e hijos) de acompañarlo en una extraña empresa llena de riesgos. La claridad y altura de sus metas fueron determinantes para alcanzar lo logrado. Trazó premisas, organizó un equipo competente y honesto y buscó vincular al municipio con el mundo exterior.
En tres años logró un sistema local de política pública de alta calidad: erradicó el analfabetismo, creó comités de desarrollo en la casi totalidad de las comunidades y auspició campañas de salud, cocinas comunitarias, desayunos escolares, además de fundar la banda de música municipal. Construyó dos centros comunitarios de aprendizaje, arregló calles y sistemas de agua potable, pavimentó carreteras y rehabilitó brechas. También le evitó la ceguera a 200 ciudadanos y edificó un hospital regional. Uno de sus mayores éxitos fue lograr la colaboración de 15 centros de investigación del país y siete internacionales; por ello casi 100 investigadores y técnicos se volcaron a resolver problemas bien identificados del municipio. Ello contribuyó, entre otras cosas, al establecimiento de programas de pesca y milpa responsables, una planta que generó 3 mil 500 dosis de biofertilizante, la producción orgánica de flor de jamaica, la creación de un área natural protegida en el volcán del Jorullo, recolección de basura separada, ejidos que conservan su biodiversidad, un centro intermunicipal para el reciclado de residuos sólidos y una planta de tratamiento de aguas residuales. Al final de su gestión, Mario Romero retornó a su trabajo de investigador y profesor de la Universidad Michoacana.
La noche del miércoles 8 de julio, un piquete de agentes de la Procuraduría General de la República detuvo a Mario Romero cuando salía de una reunión de profesores de la universidad, acusado de "dar información al cártel de la Familia Michoacana". Incomunicado, sin derecho a abogado defensor y teniendo como pruebas "una denuncia anónima", le fue declarado el auto de formal prisión el martes siguiente. Ninguno de los que lo encarcelaron y juzgaron supo a ciencia cierta que él había recibido del Centro de Investigación y Docencia Económicas el Premio Nacional de Gobierno y Gestión Local 2006, así como el Premio Michoacán a la Gestión Municipal 2007 y el Reconocimiento por Gestión de Calidad 2007 por la Asociación Española de Normalización y Certificación, con sede en Madrid.
Quizás resulta iluso pensar que aun sabiéndolo no lo hubieran detenido. Más incomprensible y extraño resulta el hecho mismo, puesto que no coinciden la trayectoria personal, impecable y brillante del detenido con la dimensión de lo que se le acusa. Quedan igualmente innumerables preguntas por responder. Mientras, la noticia de este inmenso desacato corre ya como un río, no sólo en México, sino en España y Latinoamerica, multiplicando las voces de quienes exigen una revisión escrupulosa, imparcial y transparente de su caso.
Pronunciamiento público 30 de julio de 2009
A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A la Opinión Pública
La Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica, integrada por organizaciones sociales, civiles y pueblos de los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, manifestamos nuestro repudio y más enérgica condena por la detención arbitraria y el injusto proceso penal al que se encuentran sometidos nuestras compañeras y compañeros Sara López, Guadalupe Lizcano, Joaquín Aguilar, Elmer Castellanos y Guadalupe Borjas, integrantes del Movimiento de Resistencia Civil contra las altas tarifas de energía eléctrica de Candelaria, Campeche.
El encarcelamiento injusto de estos luchadores sociales es parte de un operativo de represión legal, ordenado desde la CFE y la PGR con la permisión del gobierno estatal de Campeche, que incluye 27 órdenes más de aprehensión, la integración de averiguaciones previas contra varias personas por el delito de "robo a la riqueza de la nación" y un hostigamiento constante por parte de agentes de la Policía Federal, la Policía Estatal Preventiva, policía municipal y la Comisión Federal de Electricidad hacia los integrantes de la Resistencia Civil, tal como se denunció el pasado 24 de Julio.
Sabemos que el proceso jurídico instrumentado por la CFE y la Procuraduría General de la República contra nuestros compañeros y compañeras es un escarmiento a su actividad política y organizativa, criminalizando su lucha social mediante acusaciones apócrifas y ridículas que carecen de legitimidad. Estas acciones también tienen como finalidad debilitar al movimiento de Resistencia Civil de Campeche y pretenden ser una advertencia a los movimientos de no pago que están creciendo y fortaleciéndose en varios estados del país. Comprobamos una vez más que la única respuesta a las justas demandas y reivindicaciones de los pueblos sigue siendo la violencia institucional y la represión sistemática, utilizando argumentos legales que evidencian la estrategia gubernamental de exterminar todo movimiento social y político que cuestione y amenace su poder.
Por lo tanto, exigimos:
La liberación inmediata e incondicional de nuestras compañeras y compañeros de Candelaria, Campeche, así como el desistimiento de las averiguaciones previas en su contra.
La cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra los y las integrantes de la resistencia, así como el cese al hostigamiento de que son víctimas sus familias.
El cese a la represión sistemática contra el Movimiento de Resistencia de Campeche y a la criminalización de los y las luchadores sociales.
Anunciamos que continuaremos realizando acciones de protesta en diferentes estados. Utilizaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance hasta lograr la liberación de nuestros compañeros y compañeras. Los próximos 12 y 13 de septiembre realizaremos en la ciudad de Campeche un Encuentro Nacional de las Resistencias contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica y por la Liberación de nuestros compañeros y compañeras de Campeche. El 14 de septiembre llevaremos a cabo, junto con otras organizaciones sociales y civiles, una gran movilización en la ciudad de Campeche y en todos los estados pertenecientes a la Red Nacional. Asimismo, nos sumamos a los bloqueos carreteros que se están llevando a cabo en estos momentos en diversas localidades de Chiapas.
Advertimos que seguiremos resistiendo a los abusos, opresiones e injusticias de la Comisión Federal de Electricidad y de los gobiernos estatales y federales, para construir formas de vida digna y justa que respondan a las necesidades de los pueblos y no a los intereses de gobiernos y empresas.
¡La luz es del pueblo no de las empresas!
¡Alto a la represión contra los movimientos sociales!
¡Libertad a los presos y presas políticas!
¡Viva el movimiento de Resistencia Civil!
http://www.espora.org/limeddh/spip.php?article430
La noche del 27 de julio de 2009, fue asesinado el periodista Juan Daniel Martínez Gil titular, comunicador y corresponsal de la cadena W Radio en Acapulco, la autopsia arroja datos de que murió por asfixia, al introducirle un trapo en la boca, cubriéndole el rostro con cinta canela, además de recibir golpeado en distintas partes del cuerpo, principalmente en el tórax, según datos del Servicio Médico Forense pudo haber sido enterrado con vida y haber muerto, fue hallado 12 horas después, semienterrado en un baldío de la colonia La Máquina, en la periferia de este puerto.
La Red de Alerta Temprana, ve con preocupación que el Gobierno del Estado de Guerrero se ha caracterizado por constantes violaciones a los derechos humanos a mujeres, niños, luchadores sociales, defensores de derechos humanos, y cuatro asesinatos a reporteros de distintos medios de comunicación.
Insistimos en recordar que es un derecho constitucional de las personas el hacer valer sus derechos a la libre expresión, manifestación, opinión y crítica, y que es responsabilidad de las autoridades la seguridad de todas las personas y el respeto a estos actos legales, legítimos y pacíficos.
Acción solicitada:
Para involucrar a la red de contactos en generar una respuesta rápida hacia las autoridades correspondientes con el afán de detener las situaciones de violación a los derechos humanos es importante que el mayor número de personas y/u organizaciones envíen correos electrónicos (usando la carta modelo adjunta), a las autoridades competentes haciendo hincapié en el cumplimiento de las peticiones concretas por parte de las autoridades.
Enviar sus llamamientos copiando la carta modelo en un correo con título:
AU-035-2009-ASESINATO PERIODISTA-GRO
ACCIÓN URGENTE
PETICIÓN PARA QUE SE PROTEJA A UNA FAMILIA INTIMIDADA
Unos soldados irrumpieron en la casa de la familia Zamora Gómez, en el estado de Morelos, centro de México, y torturaron a tres personas. Registraron la casa y no hallaron armas ni drogas, pero volvieron para mantener el lugar bajo vigilancia. La familia corre peligro de sufrir nuevas violaciones graves de derechos humanos.
El 24 de julio, a las doce y media de la noche, un grupo de 15 soldados, armados y cubiertos por pasamontañas, echó abajo la puerta principal de la casa de la familia Zamora Gómez en el municipio de Jiutepec e irrumpió en su interior. Los soldados no contaban con orden judicial para entrar en la casa. Agarraron y ataron a José Natividad Zamora Gómez (de 25 años), su hermano Andrés Zamora Gómez (de 27) y su cuñado Jorge Hernández Jardón (de 24), y empezaron a golpearlos, preguntándoles sobre "armas y drogas" y sobre lo que sabían acerca de una banda criminal local. Metieron en una habitación a la madre de los dos hermanos, a sus esposas y a sus cuatro hijos de corta edad, y los interrogaron también.
Los soldados pusieron a Andrés Zamora una funda de almohada sobre la cabeza y luego lo empaparon con agua mientras seguían golpeándolo e interrogándolo. Andrés Zamora no podía hablar, ni casi respirar. Luego lo sacaron de la casa y lo arrojaron a la calle. Los soldados registraron también la casa, diciendo que buscaban drogas y armas. No encontraron nada, y a las dos de la madrugada se marcharon. Al preguntárseles por qué hacían todo eso, respondieron que sólo hacían su trabajo, y que volverían para continuar con los interrogatorios. Al poner en orden la casa, la familia se dio cuenta de que faltaban 1000 pesos (75 dólares estadounidenses), cuatro teléfonos móviles y otras cosas. La tarde del 25 de julio, los soldados regresaron en un camión militar, que aparcaron ante la casa. Estuvieron vigilando la casa, dirigiendo la luz de un foco hacia ella, hasta que el 26 de julio se marcharon.
La familia Zamora Gómez presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia por el trato recibido a manos de los soldados.
ESCRIBE INMEDIATAMENTE, en español o en tu propio idioma:
instando a las autoridades a garantizar que la familia Zamora Gómez recibe protección adecuada, conforme a sus deseos, tras el registro ilegal y la tortura de tres de sus miembros a manos de soldados el 24 de julio en el municipio de Jiutepec, Morelos;
pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación independiente e imparcial sobre este caso de registro domiciliario ilegal y tortura, y que hagan rendir cuentas a los responsables;
pidiendo que se tomen medidas efectivas para garantizar que las operaciones militares contra la delincuencia se llevan a cabo de acuerdo con la ley y las normas internacionales de derechos humanos, y que todo presunto abuso se investiga de forma inmediata e imparcial.
Militarización
Compañeros, Enviamos una declaracion sobre implicaciones de coordinacion con el Comando Norte. Es un tema relativamente nuevo que urge difundir Saludos Raul Alvarez
Comité 68
Pro Libertades Democráticas
Reprobamos la participación de México en el ejercicio antiterrorista del Comando Norte
El Comando Norte de los Estados Unidos es la instancia encargada de la concepción doctrinaria y la coordinación funcional y operativa de las Fuerzas Conjuntas constituidas por todos los organismos de fuerzas armadas de tierra, mar y aire, de agencias y programas espaciales, de organismos civiles, e incluso de empresas privadas, en todos los niveles, federal, estatal, de condado y de territorios de reservas tribales, relacionados con los planes de seguridad interior de Norteamérica.
Como se sabe en estos días, del 27 al 31 del presente, se está realizando un ejercicio de simulacro de acción antiterrorista del Comando Norte, con la participación de fuerzas multinacionales invitadas, Canadá, Alaska, México, países del Caribe y Australia. La región de operaciones denominada FEMA VI es la correspondiente al límite norte del Golfo de México caracterizada por una concentración muy alta de centros industriales, comerciales y financieros de actividad petrolera. La zona de mayor intensidad del simulacro en los Estados Unidos incluye los Estados de Texas, Luisiana, Arkansas, Oklahoma y Nuevo México, en frontera con los Estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. El ejercicio consiste, según se explica, en una señal de alarma de ataque terrorista, falsa en su contenido pero que se hará llegar como verdadera a algún punto del sistema, para desencadenar desde ahí el conjunto de medidas de seguridad previstas, mecanismos de coordinación, intercambios de información de inteligencia, acciones militares preventivas, etc. y valorar de esa manera el grado de eficacia en los procedimientos del Comando Norte.
Las formulaciones y eufemismos con que se han dado a conocer estas actividades de coordinación entre los organismos mexicanos correspondientes con el Comando Norte difícilmente esconden hechos consumados. En efecto la idea de que México ha sido "invitado" a participar con personal militar nacional en el Comando Norte, y las propias respuestas de la Cancillería mexicana de que "prefiere mantener relaciones más amplias con el Pentágono¨ revelan que la cooperación México – USA en políticas antiterroristas tiene ya un largo tiempo de haber sido establecidas, a partir del atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001 y en especial de los acuerdos de WACO entre los ex presidentes George W. Bush y Vicente Fox en el año 2005..
En la agenda de seguridad de Norteamérica destacan los temas de seguridad energética en especial de suministros petroleros por el alto nivel de sus importaciones, el sellamiento de la frontera ante eventuales presiones masivas de inmigrantes y el narcotráfico. Petróleo, inmigración y narcotráfico también son temas prioritarios de la agenda de seguridad de México, pero con objetivos y propósitos sustancialmente diferentes a los de Estados Unidos. En consecuencia las políticas, organismos y procedimientos de seguridad en México no tienen porque ser idénticos, ni siquiera semejantes, a los de Estados Unidos.
En ese sentido nos preocupan antecedentes ominosos de políticas de seguridad de inspiración norteamericana que han ensangrentado al Continente con una cauda de crímenes de lesa humanidad dejando miles de desaparecidos. Tal es el caso de la llamada Operación Fénix, implementada desde 1976, que consistió en mecanismos de coordinación de los ejércitos y agencias de inteligencia de los gobiernos sudamericanos para perseguir y asesinar a los opositores estigmatizados como subversivos y perseguidos más allá de sus propias fronteras nacionales, algo semejante a como se está tratando a quienes hoy en día son señalados como "terroristas" y torturados en las cárceles de Abu Grahim en Irak, o trasladados como secuestrados en vuelos clandestinos hacia la prisión de Guantánamo, todo esto en el marco de las disposiciones "legales" de la Ley Patriótica norteamericana que niega los más elementales derechos a quienes son detenidos como simples sospechosos.
Por las razones expuestas demandamos a las más altas autoridades políticas de México, información y explicaciones suficientes de los acuerdos y compromisos establecidos con el gobierno norteamericano en cuestiones de seguridad "conjunta", que presumimos como violatorios de la legalidad constitucional. En particular exigimos lo correspondiente a los casos más recientes de desaparecidos, el defensor de Derechos Humanos michoacano Francisco Paredes Ruiz detenido frente a personal militar el 27 de septiembre de 2007 y los miembros del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos en Oaxaca en mayo del mismo año señalados irresponsablemente por el Procurador Eduardo Medina Mora como presuntos "terroristas", por lo cual podrían eventualmente encontrarse detenidos en Guantánamo o en algún otro centro semejante.
De igual manera demandamos una discusión nacional al más alto nivel, en el Congreso de la Unión, para examinar y definir exhaustivamente como puntos prioritarios los asuntos relativos a la agenda de Seguridad y Justicia que ya acumula numerosos pendientes y que no puede continuar sujeta a improvisaciones y decisiones políticas unilaterales.
México DF a 27 de Julio de 2009
Raúl Alvarez Garín Félix Hernández Gamundi
30 de julio de 2009
Realiza el Cisen simulacro de ataque terrorista
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 29 de julio (apro).- El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realiza en sus instalaciones un simulacro internacional de ataque terrorista a las construcciones energéticas en el Golfo de México.
En el "ejercicio de simulación", que inició el pasado lunes 27 y culmina el viernes 31, participan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, países que llevan a cabo actividades simultáneas en sus territorios.
Se trata del primer simulacro de su tipo en el que México participa a invitación de Estados Unidos, que inició estas prácticas en el 2000 y tres años después comenzó a integrar a los países mencionados.
Uno de los escenarios es un ataque por aire, mar o la frontera sur a la terminal refrigeradora de Pemex del Complejo Petroquímico Pajaritos, al sur de Veracruz, o alguna otra instalación estratégica.
Denominado Ejercicio a Gran Escala para Oficiales de Alto Nivel (Nacional Level Excercise 09, NLE09 por sus siglas en inglés), el simulacro pretende entrenar a funcionarios mexicanos para enfrentar un eventual ataque de ese tipo.
En el caso de México, participan cerca de 200 funcionarios de 14 dependencias, incluidos militares, quienes están concentrados en las instalaciones del Cisen.
Entre las instancias gubernamentales están las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación, que lo hacen a través del Cisen y del Instituto Nacional de Migración.
De Hacienda participan la Unidad de Inteligencia Financiera y Aduanas, y también están la Procuraduría General de la República, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional de Seguridad y Salvaguardia Nuclear.
En los simulacros se prevén más de cuatro mil actividades entre los cinco países, que responden a situaciones de emergencia a través de medios de información virtuales creados ex profeso.
El 1 de octubre, las dependencias deberán emitir un reporte -que será confidencial- sobre la manera en que deben actuar en caso de una situación real de emergencia.
Calderón, el militarista, capacita al ejército en la represión contra las luchas del pueblo
¿Por qué el gobierno hace tanta propaganda de sus batallas cuando la delincuencia organizada es parte de las mismas instituciones?
Pedro Echeverría V
1. A partir del próximo lunes 27 y durante la próxima semana, publicó El Universal, los oficiales de alto rango de las agencias civiles, a nivel de secretarías y de ejércitos de Estados Unidos, México, Canadá, Australia y el Reino Unido, realizarán ejercicios de comunicaciones que darán paso a un simulacro, que se iniciará cuando los participantes de los servicios de inteligencia y agencias de la ley de dichos países reciban un reporte ficticio sobre un posible ataque terrorista, el cual deberán evitar. La intención de este ejercicio es conocer cómo se reacciona ante este tipo de situaciones, "y es una oportunidad para que los oficiales de las agencias se comuniquen con sus contrapartes de otros países", declaró McEntire, del Departamento de Estado. Aunque este curso se realiza cada año, otras decenas de "entrenamientos" reúnen a los militares siempre.
2. La realidad es que este tipo de información es escondida permanentemente como "secreto de Estado". El personal del ejército mexicano: altos jefes, oficiales y soldados, lleva más de medio siglo asistiendo a escuelas, cuarteles y a entrenamientos llamados "antiterroristas" y "anticomunistas" para cuidar la estabilidad del sistema de explotación capitalista de México y de los EEUU. Y aunque el dirigente chino Mao Tsetung haya dicho alguna vez que "el imperialismo es un gigante con pies de barro" porque en la lucha lo determinante no son las poderosas armas o las estrategias sino el apoyo del pueblo, la realidad es que con esos ejércitos entrenados y bien ideologizados para asesinar, resulta mucho más difícil luchar. Por eso los EEUU no han dejado de impartir cursos, abrir bases militares, firmar pactos y de controlar ejércitos.
3. La realidad es que cuando las masas del pueblo han dicho "¡Basta!" y se ponen en movimiento no hay ejército alguno que las pueda someter. A pesar de las grandes masacres. Pasó en Venezuela en abril de 2002; en Bolivia hace unos años cuando los terratenientes quisieron derrocar al presidente Morales, y esperamos que en Honduras las masas puedan convencer al ejército de no disparar contra sus hermanos indígenas y campesinos. El papel de las masas trabajadores siempre es determinante, como sucedió en México en 1913 cuando después del Golpe de Estado que sufrió Madero por aquel "Pacto de la embajada de los EEUU", a las pocas semanas la rebelión campesina y en las ciudades se extendió hasta hacer caer el golpista Victoriano Huerta a los pocos meses de estar asesinando al pueblo. El pueblo manda, pero debe organizarse.
4. El último presidente militar que gobernó el país, vía proceso electoral, fue Manuel Ávila Camacho (1940/46) A partir de 1946 los gobiernos han sido civiles, pero ninguno de los 10 presidentes anteriores, hasta es gobierno calderonista, le había dado tal fuerza y tal poder al ejército. Esa mentalidad represora del actual presidente panista es una manifestación ideológica de su partido que -como en los tiempos de Porfirio Díaz y su "Paz, Orden y Progreso"- habla de una "Patria ordenada y generosa". Por eso desde los primeros días de su gobierno Calderón, horrorizado por las manifestaciones de protesta lópezobradoristas en las calles reclamándole el fraude electoral, decretó un aumento de salarios a todos los miembros del ejército poniéndolos en las calles con el pretexto del combate contra el narcotráfico y a la llamada "delincuencia organizada".
5. Solo hace algunos meses el gobierno de Calderón se comprometió a engrosar al ejército de la o nU en sus acciones de intervención que practica en otros países. Lo grave es que el ejército de los "cascos azules" interviene casi siempre apoyando a los EEUU y con ello resulta fácil que también México sea un blanco de bombardeo de los países agredidos por los EEUU. La firma de la llamada "Iniciativa Mérida" o Plan México en marzo de 2007 fue un reconocimiento del gobierno yanqui de Bush al gobierno de Calderón porque las cosas se estaban haciendo bien, porque México como su traspatio, estaba cuidando adecuadamente la frontera yanqui. Como pago de esa efectiva e incondicionalidad de México se han comenzado a recibir del gobierno de los EEUU las armas, los helicópteros y todo el instrumental técnico/estratégico de guerra.
6. Da la impresión de que la gente no se entera ni tampoco le importa. Mientras los partidos políticos luchan por tener más legisladores, por ganar comisiones y por lograr más ingresos económicos vía subsidios y salarios; en tanto el pueblo se entretiene en la búsqueda de alguna fuente de ingresos, en defenderse de las agresiones de que es víctima por parte de empresarios y gobierno, el régimen de Calderón avanza en su estrategia "envolvente" dirigida a varias regiones y comunidades indígenas y campesinas considerados peligrosos" por sus antecedentes históricos. Mediante acusaciones de colaborar con el narcotráfico varios pueblos y regiones de Michoacán, Hidalgo, Morelos y Estado de México, que recepcionaron con entusiasmo la "marcha por la tierra" de los zapatistas en 2001, están siendo vigiladas, amenazadas y reprimidas.
7. Pensé que por la "madriza" electoral que dio el PRI al PAN en las elecciones de hace 20 días cambiarían algunas pequeñas cosas: que el PRI pediría (y casi obligaría a Calderón) al retiro del ejército de las calles y que no se volvería a hablar de la aplicación de la carga del IVA a medicinas y alimentos para que comience a recuperarse la confianza ante el gigantesco abstencionismo electoral y las altas manifestaciones del llamado "voto nulo". Pero no: la realidad es que no sabemos quién deba más a quien entre el PRI y el PAN. Hay gobernadores corruptísimos del PRI como los de Oaxaca, Puebla, Sonora que el PAN apoya y hay acusaciones contra la familia Fox y otros panistas por las que el PRI se hace de "la vista gorda". Existe desde hace más de 60 años un maridaje por intereses de esos dos partidos y deben apoyarse uno al otro.
8. La llamada delincuencia organizada se organiza a través del Estado mexicano. Los más grandes políticos y los más poderosos empresarios viven junto a los numerosos grupos de traficantes de droga. Como el narco Estado colombiano, en México se ha comprobado que los narcotraficantes se mueven dentro de los jefes del ejército, entre los jerarcas de la iglesia, invierten en negocios empresariales mediante el lavado de dinero, costean campañas de los políticos y penetran en los medios de información. ¿Por qué el gobierno hace tanta propaganda de sus batallas cuando la delincuencia organizada es parte de las mismas instituciones? ¿Será que pretenda el gobierno con el ejército "en combate" justificar los millones de dólares que recibe del gobierno de EEUU y de los empresarios horrorizados por la llamada inseguridad o es la apariencia?
NO SE COMO EMPEZAR PORQ ME EMBARGA EL CORAJE
HOY 27 JUIO PASADAS LAS 13 HORAS POR TERCER OCASION EL EJERCITO
REVISO MI CASA EN ESTA OCASION ROMPIERON LOS CANDADOS DE LA REJA, QUEBRARON EL VIDRIO DE A PUERTA DE LA ENTRADA E IRRUMPIERON A ELLA.
MI COMPANIERA ESTABA RECOSTADA EN A HABITACION DEL FONDO Y NO PUDO EVITAR QUE ESTOS ORATES DEL EJERCITO ENTRARAN
PEDIAN DOCUMENTOS DE MI TROCA PICK UP 1952 Q INTENTO REPARAR LA CUAL SE ENCONTRABA EN LA COCHERA Y REVIZARON EL INTERIOR DE LA CASA, SE TRATA DE ELEMENTOS DE EJERCITO QUIEN AL SER CUESTIONADOS COMENTARON Q TENIA UNA DENUNCIA ANONIMA
EL EJERCITO COMO SUPUESTAMENTE SE RETIRA DE LA CIUDAD PUES ANDA AMEDRENTANDO A QUIENES NOS OPONEMOS A SU PRESENCIA PUE HAN SIDO BASTANTE INEFICIENTES
NUNCA NADIE EN 28 ANIOS DE VIVIR EN ELIA HABIA REALIZADO TAL ATROPELLO
DESGRACIADAMENTE LA VECINA Q ACUDIO EN NUESTRO AUXILIO NI MI COMPANIERA TOMARON LOS DATOS DEL AUTOMOVIL EN Q SE TRANSPORTABAN MAS DE 20 EFECTIVOS DE LAS FUERZAS ARMADAS.
NO HAY DATOS PERO ESTAN LOS CANDADOS, EL VIDRIO ROTO Y LA PALABRA DE ESTAS 2 MUJERES Q ESTUVIERON PRESENTES
OTROS VECINOS TAMBIEN SE DIERON CUENTA DE ESTA ACTIVIDAD, PERO EL MIEDO LOS HACE CALLAR
AGRADESCO LA OPORTUNA SOLIDARIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA KASA DE LA KULTURA Y LOS MAESTROS COMPANIEROS DE LA UNIVERSIDAD
ESTOS ULTIMOS SUGIEREN IR VARIOS A LA GUARNICION DE LA PLAZA A PONER LA DENUNCIA.
DESGRACIADAMENTE ES FIN DE QUINCENA Y NO TENGO LOS RECURSOS PARA PONER EL VIDRIO NI GASOLINA PAL MENEAJE
DESGRACIADAMENTE ESTO SOLO LE SUCEDE A LOS Q MENOS TIENEN
NO HE SABIDO DE Q ALLANEN UNA CASA EN LAS MISIONES, SAN MARCOS O OTRA COLONIA DE ESE TIPO
ATENTAMENTE
MSP Jesús Armando Jiménez Gutiérrez
ASESORIA SOCIOMEDICA Y EPIDEMIOLOGÍA LABORAL
Tel. (656) 6-18-47-90 Y 656-618-47-90
Celular 045 656 2 11 20 27
PD.- ESPERO ESTO NOS MOTIVE A BUSCAR UNA SOLUCION A ESTOS PROBLEMAS, COMO DIJE LA PRIMER VEZ ALGO SE TIENE Q HACER
http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149137
El decretazo promilitar
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Después de que en el sexenio de Calderón el Ejército ha recibido más de 50% de las recomendaciones que la CNDH le ha girado desde 1990, y cuando se analiza la iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas puedan establecer estados de excepción en algunas regiones del país, el presidente de la República se lava las manos de los actos que en adelante puedan cometer los militares que él comanda en su guerra contra el narcotráfico.
El presidente Felipe Calderón se deslinda de las acusaciones contra su principal aliado, el Ejército, al darle más facultades al procurador general de Justicia Militar para enfrentar al Congreso o a gobiernos estatales y municipales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que la Presidencia de la República asuma las responsabilidades que le correspondan.
El miércoles 22, el presidente Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que deja sola a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los juicios o acciones legales que se emprendan contra los militares.
El decreto, que está en vigor desde el jueves 23, reformó el Reglamento Interior de la Sedena para que sea el propio Ejército, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), el que haga frente a cualquier acción legal que se enderece en contra del Ejecutivo por actos imputables a la actuación de los militares.
El presidente de la República, quien de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército es su comandante supremo, evitará de esta manera asumir directamente los juicios que se lleguen a presentar contra el Ejecutivo por la participación de esa fuerza armada en el combate a la delincuencia organizada, en especial por violaciones a los derechos humanos, o en caso de que se alegue invasión de jurisdicción.
El decreto también está encaminado a las facultades que Calderón quiere dar a las Fuerzas Armadas para que asuman el control de la seguridad interior en donde les ordene el propio presidente, lo que podría incluir la adopción de medidas como el estado de excepción (Proceso 1707).
El decreto reforma los artículos 10 y 80 y adiciona dos fracciones al mismo artículo 80 del Reglamento Interior del Ejército para que toda acción legal contra el Ejecutivo en esta materia recaiga en el titular de la Sedena y, en particular, en la PGJM.
La modificación al artículo 10, en su fracción IX, amplía las atribuciones y responsabilidades del secretario de la Defensa Nacional para que éste sea el responsable de representar al presidente en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten en la Suprema Corte.
Hasta el pasado martes, esa representación se limitaba a los juicios en materia de amparo.
La nueva disposición establece la obligación del secretario de "representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal".
Aunque el mismo artículo 10 del reglamento se refiere a las "facultades indelegables" del general secretario, la reforma dice que el titular de la Sedena podrá ser reemplazado en esta representación, de conformidad con el artículo 81 del mismo ordenamiento, que se refiere a las suplencias de los servidores públicos de la dependencia.
La reforma al artículo 80 es la que amplía las atribuciones del procurador de Justicia Militar. Ese artículo establece las atribuciones que tiene como consultor jurídico de la secretaría, pero la modificación le confiere el papel de representar al presidente de la República.
El decreto añade la fracción IV bis para asignar al titular de la PGJM la obligación de "representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política (…) en aquellos asuntos que corresponda a la Sedena representar al titular del Ejecutivo federal".
También crea la fracción IV ter para que el procurador intervenga en las controversias y acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República.
En la fracción V precisa que el procurador militar deberá representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos, con residencia en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, en los juicios de amparo en los que sean parte.
El decreto no menciona la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, relacionada con las controversias y acciones de nconstitucionalidad que debe conocer la Suprema Corte.
El artículo 11 de dicha ley establece, en su párrafo tercero, que en estos dos recursos de protección constitucional el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio titular del Ejecutivo.
El diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa de la saliente LX Legislatura, ve en el reglamento un abandono, por parte de Calderón, de quienes han sido sus principales aliados en el gobierno.
"Calderón se está deslindando de una eventual embestida institucional si se agrava el problema de las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo en caso de que el Ejército ejerza las nuevas atribuciones que el propio Ejecutivo le quiere dar en materia de seguridad interior", dice el diputado del PRD por el Distrito Federal.
Calderón, en efecto, presentó al Senado de la República, en abril pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control en aquellos lugares donde el propio presidente considere que está en peligro la seguridad interior.
De acuerdo con el diputado, "Calderón se está lavando las manos de las consecuencias que puedan tener los actos del Ejército. Es algo que ni siquiera hizo Gustavo Díaz Ordaz, pues asumió toda la responsabilidad sobre los hechos del 2 de octubre de 1968".
Añade: "Es un mensaje muy perverso porque, por un lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reta a La Familia michoacana y a la delincuencia organizada, en general, a enfrentarse con las fuerzas federales, y por otro Calderón le dice al Ejército que se defienda solo".
Suárez del Real asegura que hasta ahora la PGJM había colaborado con la Presidencia en los actos jurídicos emprendidos contra la Sedena, pero que carece de un equipo para enfrentar a otro poder –el Congreso– en el caso de las controversias constitucionales, o a diferentes instancias de gobierno en las acciones de inconstitucionalidad.
Explica que el ámbito de la PGJM es el de la aplicación del fuero militar hacia el interior del Ejército, por lo que su actuación no debe extenderse más allá de la institución. En la práctica, considera, el decreto representa una ampliación del fuero constitucional en relación con el mundo civil.
"Es la respuesta que da Calderón a las demandas internacionales para que en México se acote el fuero militar", añade.
El decreto reformó el Reglamento Interior de la Sedena que apenas había sido publicado el 29 de diciembre del año pasado, en el que se incorporó la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones cometidas por el Ejército como resultado de los operativos contra el narcotráfico.
El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Sedena es la institución gubernamental con el mayor número de quejas por violar las garantías individuales.
Según la CNDH, de 2 mil 956 quejas que recibió en el primer semestre del año, 559 fueron contra el Ejército. Al día siguiente, el director general de los Derechos Humanos del Ejército, el general de brigada Jaime López Portillo Robles Gil, desestimó los señalamientos contra el Ejército y negó que se proteja a los militares implicados en ese tipo de violaciones.
Informó que 12 militares han sido sentenciados y 53 más están procesados por diversos delitos, entre ellos homicidio, tortura y secuestro.
Dijo que esas cifras se deben a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y "al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población".
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la propia Sedena, desde la creación de la CNDH en 1990, el Ejército ha recibido 67 recomendaciones, de un total de 5 mil 937 quejas.
De esas recomendaciones, 35 –más de 50% del total– se han registrado en apenas dos años y medio del sexenio de Calderón, en el que se han levantado 2 mil 461 quejas contra el Ejército.
La Jornada
24.07.2009
En lo que va de este gobierno han sido sentenciados 12 efectivos por violar derechos humanos
Se disparan en este sexenio quejas ante la CNDH contra militares, admite el Ejército
Gustavo Castillo García
Estadísticas dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelan que en lo que va del gobierno de Felipe Calderón se ha hecho el mayor número de quejas contra militares ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –organismo con 19 años de existencia–; las cifras señalan que es en entidades en que se llevan a cabo los llamados operativos conjuntos, como Baja California, Tamaulipas y Chihuahua, donde más denuncias se han presentado.
Al respecto, el general Jaime Antonio López Portillo, director de Derechos Humanos de la Sedena, afirmó en conferencia de prensa que la mayoría de los delitos que cometen los militares en la llamada guerra contra el crimen organizado son de carácter imprudencial, de una manera colateral en la acción de las tropas.
A pesar del alto número de denuncias, el general López Portillo resaltó que la justicia militar no hace concesiones a sus elementos, prueba de lo cual es que en la actualidad hay 53 militares sujetos a proceso penal, y 12 ya sentenciados en lo que va de la presente administración federal por delitos que –en al menos 20 casos– se han tipificado como homicidio, violencia contra las personas, homicidio doloso, homicidio culposo, homicidio calificado, tortura, extorsión y lesiones, así como sólo un caso por inhumación clandestina.
Para el general López Portillo, el Código de Justicia Militar es suficiente para juzgar a los miembros de las fuerzas armadas, aunque admitió que delitos como el homicidio no están en su legislación, por lo que tienen que recurrir a la aplicación de códigos penales del fuero común o al Código Penal Federal, para dictar sentencias.
Las cifras
De acuerdo con las estadísticas dadas a conocer por la Sedena, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari la CNDH recibió 570 quejas contra los soldados; en el de Ernesto Zedillo, mil 689; en el de Vicente Fox, mil 225, y en dos años y medio de gestión de Felipe Calderón se han acumulado 2 mil 453 denuncias.
En cuanto al número de recomendaciones que ha enviado la CNDH por violaciones a los derechos humanos, de 1990 a la fecha han sido 67, pero en lo que va de la gestión de Calderón ha remitido 35: siete durante 2007, 14 en 2008 y 14 en lo que va de este año.
Por lo que hace a la personalidad jurídica de los promoventes de las denuncias, en diciembre de 2006 ocho civiles se quejaron; en 2007 fueron 292; en 2008, mil 100, y en lo que va de 2009, 888.
Asimismo, por lo que hace a militares que se quejaron de la violación de sus garantías individuales por parte de la Sedena, las estadísticas son: en 2006, nadie; en 2007, 84; en 2008, 43, en lo que va del año, 49.
Por región, la secretaría ubica las siguientes estadísticas de quejas promovidas: 195 en Saltillo, Coahuila; 84 en Morelia y 72 en Apatzingán, ambos municipios de Michoacán; 58 en Tijuana, Baja California; 54 en Durango; 52 en
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