CSI Informe anual sobre las violacioes de los derechos sindicales - México

Las violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores son graves y numerosas. Las movilizaciones y huelgas de trabajadores han sido reprimidas con abuso de fuerza por la policía. Continúa la estrategia empresarial de firmar contratos de protección con sindicatos fantasmas. El Estado no protege a los trabajadores cuando intentan ejercer sus derechos. Se están usando mecanismos ilegales para destruir sindicatos.
Derechos sindicales según la ley
Libertad sindical - Registro de sindicatos: No se requiere ninguna autorización previa para formar un sindicato. No obstante, para conseguir la personería jurídica, los sindicatos deben inscribirse en el Registro de Asociaciones, una oficina de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las autoridades pueden negarse a "tomar nota" si consideran que el sindicato ha violado o no cumple con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Esta consideración se hace a través de una inspección de los procedimientos sindicales. Aunque se puede apelar el informe de un inspector, no existe un recurso jurídico para cambiarlo efectivamente u ordenar que se vuelva a efectuar la inspección. Un sindicato no registrado no puede convocar huelgas ni participar en negociaciones colectivas y, además, está excluido de todo comité tripartito.
Los extranjeros no pueden ser miembros de los comités ejecutivos sindicales.
A pesar de la insistencia de la OIT, el Estado no ha cumplido su promesa de ratificar el Convenio 98.
Restricciones en el sector público: La ley impone un monopolio sindical para los funcionarios del Estado, prohibiendo la coexistencia de dos o más sindicatos en el mismo organismo estatal. Igualmente, la ley obliga los trabajadores/as a afiliarse a los sindicatos pertenecientes a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Los funcionarios no pueden abandonar el sindicato al que se hayan afiliado. Los dirigentes de los sindicatos del sector público no pueden presentarse a reelección.
También se impone por ley el monopolio sindical con respecto a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios.
Limitaciones al derecho de huelga: El artículo 123 de la Constitución mexicana, inciso XVIII, establece que "las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores/as dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje con diez días de anticipación de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno".
Los empleados del sector público sólo pueden convocar una huelga en el evento de una violación general y sistemática de sus derechos establecidos en la Constitución. Deben contar con el apoyo de dos tercios de los trabajadores/as en la repartición pública en cuestión. Esa misma ley permite al gobierno movilizar a los trabajadores/as en caso de emergencia nacional, incluso cuando ésta haya sido ocasionada por un conflicto laboral.

Derechos sindicales en la práctica y violaciones en 2008
Contexto general: La violencia azota al país. Los asesinatos que muchos atribuyen al narcotráfico se cuentan por miles. Extorsiones y secuestros aterrorizan a la sociedad mexicana. La dependencia del país a la economía de los EE.UU. ha tenido un impacto negativo. Las migraciones se incrementaron al tiempo que disminuían las remesas. La pobreza es impresionante y la corrupción se ha entronizado en las esferas gubernamentales. La policía participa también en secuestros y extorsiones, y el ministerio público y los organismos judiciales también están involucrados.
Contratos de protección: Continúan los denominados "contratos de protección patronal", calificados por la CSA como "el producto más grotesco del modelo laboral mexicano". En México, los "contratos de protección", simulacros de acuerdos colectivos elaborados por la patronal, negociados a espaldas de los trabajadores y depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, infringen los derechos sindicales al impedir una auténtica organización sindical en la empresa, la negociación colectiva real y la posibilidad de ejercer el derecho de huelga.
Se han identificado cinco sectores donde estos contratos son más frecuentes: el automotriz, las cadenas de supermercados, servicios de limpieza, las aerolíneas de "bajo costo" y empresas de maquila.
Reprimen a profesores: Se produjeron desalojos violentos de profesores y padres de familia que bloqueaban carreteras federales en protesta contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), al considerar que este plan educativo del gobierno atenta contra sus derechos laborales, sindicales y contra la propia Constitución. Los cuerpos de seguridad estatal y federal incurrieron en detenciones arbitrarias y agresiones verbales y físicas al arremeter contra los profesores. Sólo en Xoxocotla, donde tuvo lugar el desalojo más violento, 16 personas fueron detenidas; en Amayuca hubo 49 detenidos y dos más en Tres Marías.
Solidaridad con la lucha de los trabajadores: Trabajadores de Suajes y Preparaciones de Ecatepec, despedidos injustificadamente y en lucha por su reinstalación desde el 7 de junio de 2007 han recibido apoyo de diversas organizaciones nacionales e internacionales. Se denunciaron los intentos de represión en contra de los trabajadores y despedidos y la presencia de matones durante la audiencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 28 de noviembre de 2008, para amedrentar a los abogados y a los obreros.
Despedidos por crear un sindicato independiente: Treinta trabajadores afiliados al Sindicato Nacional Independiente de Instituciones Educativas, Similares y Conexos 20 de Noviembre (creado en mayo de 2008), fueron despedidos en agosto de 2008 por la Universidad del Valle de México, institución privada filial de la corporación transnacional Laureate Education Inc., con sede en los EE UU, en represalia por haber solicitado el registro de un sindicato independiente.
Violaciones en empresa minera: La mayor empresa minera del país, Grupo México, y el gobierno, han intentado destruir el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM). Los ataques al sindicato han consistido, entre otros actos, en retirar el reconocimiento legal al Secretario General, Napoleón Gómez Urrutia, y a otros dirigentes elegidos democráticamente, alegando pruebas falsas y emitiendo órdenes de arresto sin fundamento. El gobierno y el Grupo México trataron de destruir el sindicato reconociendo a un sindicato favorable a la dirección de la empresa y convocando elecciones en las que los trabajadores fueron obligados a afiliarse a él.
La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM) ha exigido al gobierno mexicano que libere todos los fondos sindicales ilegalmente confiscados por el gobierno; que levante todos los cargos aún pendientes contra la directiva del SNTMMSRM; que someta a juicio, de forma inmediata y transparente, a todos los responsables de adulteración de documentos y de hechos, y que investigue la implicación del Grupo México en el asesinato de Reynaldo Hernández González y en la detención y tortura de 20 miembros del SNTMMSRM en Nacozari, Sonora. La FITIM remitió además una queja a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno mexicano, con particular referencia a violaciones del Convenio núm. 87 de la OIT.
Secuestran a trabajadores para obligarlos a renunciar: Los trabajadores/as de los baños públicos en la Central de Abasto del D.F., miembros del Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas y Expendios, Similares y Conexos del D.F. (STRACC) afiliado al Frente Auténtico del Trabajo (FAT), fueron convocados por el responsable de la empresa concesionaria de los servicios de limpieza, Operadora Empresarial SAFE, y trasladados a una supuesta "junta informativa" fuera de la capital. En el Hotel Abastos Plaza, el Gerente General los fue llamando uno por uno y representantes de la empresa les informaron que ya no podían regresar a trabajar porque iban a ser sustituidos por otros trabajadores a partir de ese día y que si no firmaban su renuncia los iban a demandar por la vía penal argumentando robo. Tras varias horas de presiones, 14 trabajadores/as firmaron su renuncia. Los trabajadores/as despedidos injustamente fueron sustituidos por personal que no está afiliado al STRACC, lo que constituye una violación del contrato colectivo firmado por dicho sindicato.
La empresa siguió presionando al resto de los trabajadores para que firmaran su renuncia, trasladándolos a distintos lugares de trabajo y ejerciendo violencia verbal en todo momento. Un mes después, un funcionario de la Secretaría del Gobierno del D. F., con apoyo de la fuerza pública, procedió a desalojar haciendo uso de la fuerza a todos los trabajadores y trabajadoras, deteniendo a cinco miembros del FAT y a ocho trabajadores por “uso indebido de sus derechos”.
Trabajadores de líneas aéreas se oponen a los sindicatos fantasmas y los contratos de protección: Los sindicatos de trabajadores de las líneas aéreas mexicanas protestaron contra la práctica patronal de firmar acuerdos con los sindicatos fantasmas, para que les den contratos de protección. Indicaron que de 14 líneas aéreas de México, sólo cuatro tienen sindicatos democráticos, mientras que en las demás no hay sino sindicatos fantasmas y contratos de protección. Las autoridades de trabajo reconocen a los sindicatos fantasmas aun cuando los trabajadores nunca eligieron a sus representantes.
Despidos antisindicales en PEMEX: Tras haber iniciado los trámites para la formación de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), la compañía Petróleos Mexicanos (PEMEX) procedió a despedir a numerosos trabajadores y personal de confianza, incluyendo todos los integrantes del comité ejecutivo en México, Poza Rica, Reynosa, Tula, entre otros lugares, donde existían representantes de la asociación que se estaba conformando.
El proceso de registro de la UNTyPP estaba por concluirse y se esperaba la visita del personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para atestiguar que los representantes seguían laborando en sus centros de trabajo. Los despidos pretendían impedir la inscripción del sindicato.
"Workers should never be punished for demanding the right to collectively bargain."
--President Barack Obama, May 17, 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=XGgsFjPG1I4)

Benjamín Davis
Mexico Country Program Director
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