Deportación y extradición Por Miguel Ángel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA

Deportación y extradición
Por Miguel Ángel Granados Chapa

Directamente el presidente Álvaro Uribe agradeció al gobierno mexicano la deportación de Miguel Ángel Beltrán, un profesor universitario a quien el gobernante colombiano reputa como "uno de los terroristas más peligrosos de las FARC". Uribe pidió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el priista chihuahuense César Duarte y a su correligionario y paisano el gobernador José Reyes Baeza, que hacían turismo político en Colombia este fin de semana, que llevaran ese mensaje al presidente Felipe Calderón, el mandatario con quien más se identifica el colombiano, que se prepara a lograr un tercer periodo al frente de su país, sin que esa pertinacia suya moleste a quienes denuestan a Hugo Chávez por su manía reeleccionista.

"Este gesto de México lo vemos como un ejemplo, lo aplaudimos, lo agradecemos", insistió Uribe en una reunión comunal en la ciudad de Leticia a que estaban invitados el diputado y el gobernador de Chihuahua. Tal calificación a ese gesto de México no es en modo alguno compartida en nuestro país por quienes consideran que es necesaria la cooperación internacional en el combate a la delincuencia organizada siempre que se respeten las leyes y los gobiernos no se conviertan en infractores del orden tal como aquellos a los que dicen perseguir.

Colombia pidió a México capturar y remitir a Bogotá a Beltrán, conocido también como Jaime Cienfuegos, y a quien se tiene como miembro de la comisión internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, muy cercano a Raúl Reyes, el dirigente guerrillero muerto en el ataque de tropas colombianas a un campamento insurgente situado en Ecuador, en marzo del año pasado. El gobierno de México debió esperar una solicitud de extradición para aprehender al profesor requerido, pero los funcionarios a quienes se les llena la boca con prédicas sobre el Estado de derecho deben haber sentido flojera sólo de imaginar el tortuoso trámite de extradición y optaron por la vía rápida para obsequiar la petición del aliado latinoamericano más firme de México. Para ello tendió una trampa a Beltrán.

Este es un sociólogo colombiano que se doctoró en nuestro país, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con cuyo Centro de Estudios Latinoamericanos mantuvo después de su graduación con mención honorífica una relación que se manifestaba hasta la semana pasada en una estancia posdoctoral. Para cumplirla, Beltrán había obtenido una visa ad hoc a cuyo vencimiento el profesor colombiano tramitaba su prórroga. Un abogado de la Universidad Nacional lo auxiliaba en ese procedimiento, dentro del cual Beltrán fue citado en el Instituto Nacional de Migración el viernes pasado, 22 de mayo. Se le hizo pasar a una oficina sin que se permitiera al abogado acompañarlo, toda vez que se trataba de privarlo de la libertad. De allí fue conducido al Centro de Migración de Iztapalapa, donde se le incomunicó y poco después fue llevado al aeropuerto internacional desde donde se le condujo a Bogotá, donde ya lo esperaban las autoridades para aprehenderlo y procesarlo por rebelión y terrorismo.

Compañeros de Beltrán en la UNAM niegan que sea miembro de las FARC. "En los últimos diez años ha sido docente en varias universidades de Colombia (y actualmente está) adscrito a la Universidad Nacional de Bogotá, institución que le otorgó el permiso para realizar dicha estancia de investigación en la UNAM". El Centro de Estudios Latinoamericanos "reconoce su trayectoria a lo largo de más de quince años". Aun si no fuera así, aun si se tratara como dice Uribe de un peligroso terrorista, su deportación se consumó contra la ley, pues no se le permitió acudir al recurso de revisión que es propio de todo procedimiento administrativo. Al simplemente remitirlo a su país pretextando una infracción migratoria, el gobierno mexicano no estuvo en situación de verificar si las acusaciones por las que se pidió de modo económico su captura son fundadas o no, principio elemental de todo juicio de extradición.

La irresponsable desaprensión con que políticamente se omite el cumplimiento de la ley podría ser el modo en que el gobierno de México encare el pedido de extradición de Lucía Morett. Esa solicitud, aprobada por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador el 30 de abril, no ha sido formalizada, o la oculta la Cancillería mexicana. Es de temer que cuando resuelva hacerla pública haya dado pasos para remitir a Lucía Morett a Quito. El descuido, el desdén que hacia los derechos humanos de esta activista mostró el gobierno de México, podría prolongarse en este nuevo episodio relacionado, como la muerte de Reyes de donde surgió la persecución a Beltrán, de un ataque extranjero a territorio ecuatoriano.

Asombra que la fiscalía ecuatoriana pretenda que se juzgue a Lucía Morett -sobreviviente del grupo de estudiantes mexicanos, cuatro de los cuales murieron- por un delito en que ella fue víctima de lesiones y fuerte daño emocional. Sorprende que el fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, sea ahora partícipe del pedido de extradición cuando aseguró a la universitaria mexicana, en presencia del embajador de México, que no había cargos en su contra y que era libre de salir de ese país cuando quisiera, lo que en efecto hizo Lucía. No habría motivo de temor respecto de la respuesta mexicana a la solicitud de extradición, notoriamente infundada, de no ser porque lejos de salir en defensa de sus derechos violados, el gobierno de México milita contra ella.



Cajón de Sastre


La asociación de padres y familiares de las víctimas de Sucumbios, Ecuador, y la fracción del PRD en la Cámara de Diputados realizarán un foro sobre la eventual extradición de Lucía Morett, esta mañana a las 10:00 horas en el salón Verde (salón legisladores) de San Lázaro. Los organizadores dicen que "en breve el gobierno mexicano tendrá que resolver sobre la pertinencia o rechazo de la solicitud de extradición", y explican que convocaron a la reunión "por la relevancia del tema, especialmente como mexicanos, por sus implicaciones en el contexto latinoamericano y el conflicto geopolítico regional, por su significado para los derechos humanos y el derecho internacional, por la búsqueda de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad y especialmente por las consecuencias que de dicha decisión se derivan para Lucía Morett y su entorno".