Greenpeace exige al gobierno federal que cumpla el Protocolo de Cartagena y
preserve el centro de origen del maíz; la soberanía alimentaria no debe quedar
en manos de empresas de biotecnología que patentan transgénicos.
Con una manta de tres metros de ancho por cuatro de largo, con la leyenda “El
respeto al maíz mexicano es la paz”, Greenpeace hizo un enérgico llamado al
gobierno federal y a los representantes de los países firmantes del Protocolo
de Cartagena para que la aplicación de los principios de responsabilidad y
compensación sobre los años que ocasionan los transgénicos a la
biodiversidad, sean de carácter obligatorio.
Una veintena de activistas de la organización ambientalista desplegaron el
mensaje en el Hemiciclo a Juárez, monumento que se encuentra enfrente de la
sede de la reunión sobre responsabilidad y compensación, en el marco de este
Protocolo, que se realiza desde hoy y hasta el 27 de este mes en la Secretaría
de Relaciones Exteriores y que cuenta con la asistencia de más de 150 personas
de diferentes naciones, entre representantes y observadores internacionales.
A pesar de que México forma parte de este Protocolo, y por ello tiene la
obligación de preservar los granos básicos para la agricultura y la
alimentación, en los hechos, el gobierno federal ha permitido la introducción
de maíz transgénico y la contaminación de campos de cultivo en Chihuahua y en
otros estados, violando con ello la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados (LBOGM), el Código Penal y el propio Protocolo de Cartagena,
aumentando la incertidumbre sobre la forma en que se ha afectado la
biodiversidad en nuestro país, que es centro de origen y diversidad genética
de maíz; así como los riesgos para la salud humana.
“No basta con la firma de acuerdos y tratados internacionales si estos no se
cumplen. El gobierno del Presidente Felipe Calderón ha violado
sistemáticamente los mandatos del Protocolo de Cartagena respecto a la
implementación de medidas de bioseguridad en la esfera de la transferencia,
manipulación y utilización de transgénicos debido a sus efectos adversos para
diversidad biológica, la salud humana y la producción campesina. Es tiempo de
que México deje de ser candil de la calle y oscuridad de su casa”, declaró
Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y
transgénicos de Greenpeace México.
La liberación de transgénicos al ambiente plantea daños y perjuicios y una
contaminación genética inminente. Un régimen obligatorio es el sistema más
adecuado para garantizar la aplicación del principio de “quien contamina,
paga”. Siguiendo este principio, la definición de daños debe tener en cuenta
la remediación y las medidas preventivas, así como los daños socioeconómicos
ocasionados a las comunidades indígenas y campesinas, según el Artículo 26
del Protocolo (1).
“La falta de un mecanismo de responsabilidad y compensación deja en estado
de vulnerabilidad a campesinos, indígenas y consumidores frente a las grandes
empresas biotecnológicas que promueven la siembra de transgénicos. Hoy en día
la siembra de este tipo de granos es ilegal en México según la LBOGM, pero el
gobierno federal no ha logrado evitar su propagación. Es momento de reparar el
daño, de fincar responsabilidades a la empresas que contaminan nuestros campos
con el fin de comercializar sus variedades patentadas, no necesitamos más
evidencias, ni más estados con alertas sobre contaminación que pongan en
riesgo nuestra soberanía alimentaria”, exigió Lara.
Actualmente, la industria biotecnológica ha creado variedades de maíz
transgénico que contienen sustancias anticoagulantes, vacunas y plásticos que
son empleadas para elaborar fármacos y productos industriales. En cualquier
momento estas variedades de maíces podrían llegar a la red alimenticia debido
a la falta de monitoreo por parte de las autoridades mexicanas. Por éstos, y
otros riesgos, un verdadero régimen de responsabilidad es indispensable.
“Exigimos al gobierno mexicano que en esta reunión actúe como le
corresponde, promoviendo activamente un régimen de responsabilidad y
compensación obligatorio, que incluya medidas preventivas y de remediación
frente a las afectaciones de los transgénicos al ambiente, la biodiversidad y
la salud; un fondo de indemnización que incluya claramente los daños y
perjuicios socioeconómicos provocados a las comunidades y que, bajo el
principio de quien contamina paga, se finquen responsabilidades a las empresas
dueñas de las patentes de los transgénicos, explicó Lara.
Greenpeace demandó a la delegación mexicana que asiste a la reunión del
Protocolo de Cartagena, que actúe con congruencia para proteger nuestras
variedades de maíz, nuestro medio ambiente, el campo y a los campesinos de
México.
Asimismo, la organización ambientalista hizo llamado al resto de los países
asistentes que son parte del Protocolo para que impulsen la creación de un
régimen de responsabilidad y compensación de aplicación obligatoria.
Greenpeace México
Centro Independiente de Informacion Nacional
lunes, 23 de febrero de 2009
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