Piden 145 ONG a magistrado imparcialidad en caso de los 5 presos de la OPIM

Unas 145 organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y
estatales así como particulares han enviado un igual número de cartas al
magistrado Ponente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y
Administrativa del 21 Circuito con sede en Acapulco, Jesús Rafael Aragón, para
demandar una resolución imparcial y apegada a derecho de la apelación que
interpuso la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de un amparo
que fue otorgado a cuatro de los cinco indígenas me´phaa presos en el penal de
Ayutla.

Asimismo las ONG exigen a la PGR un alto a la obstrucción del proceso de
liberación de Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanarez Lorenzo, Natalio
Ortega Cruz, Raúl Hernández Abundio y Romualdo Santiago Enedina, cinco
defensores de derechos humanos integrantes de la Organización del Pueblo
Indígena Me’phaa (OPIM), quienes fueron detenidos desde el 17 de abril de
2008.

Al gobierno de Guerrero y federal, demandan la cancelación de las órdenes de
aprehensión en contra de otros 10 miembros de la OPIM así como el cumplimiento
de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para asegurar la vida e integridad personal del resto de los
integrantes de la misma organización y de los mismos presos.

En las cartas las organizaciones, citan que el 7 de julio, los cinco detenidos
acudieron ante la justicia federal, presentando el amparo N°982/2008 en contra
del auto de formal prisión que les dictó el 25 de abril el juez Mixto de
Primera Instancia radicado en Ayutla de los Libres, por el supuesto delito de
homicidio en agravio de Alejandro Feliciano García que ha sido identificado por
la OPIM como informante del Ejército.

También destacan que las ONG que el 15 de octubre de 2008, la jueza Octava de
Distrito con sede en Acapulco, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió el
amparo a cuatro de los cinco presos al no encontrar pruebas que los culpen y
ordenó su inmediata libertad, pero el 30 de octubre justo el último día en
que vence el plazo para impugnar la resolución, un Ministerio Público de la
PGR presentó una apelación a pesar  de que había quedada demostrada su
inocencia.

Tlachinollan inició una campaña de cartas hace dos semanas porque a casi
cuatro meses de que la juez Larumbe Radilla ordenó su libertad, aún permanecen
en prisión los cinco defensores de derechos humanos que fueron adoptados por
Amnistía Internacional como presos de conciencia, el 11 de noviembre; y en
respuesta 145 ONG e individuos han externado su preocupación al magistrado
Jesús Rafael Aragón.

Entre las organizaciones se encuentran Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA) y Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG) con sede
en Washington; la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos; Swedish
Fellowship of Reconciliation (SWEFOR) de Suecia; Inititive Mexiko con sede en
Alemania; Solicitors International Human Rights Group (SIHRG) de Londres y Task
Force on the Americas de California, Estados Unidos.

También están: la Academia Mexicana Derechos Humanos, el Centro de
Alternativas para el Desarrollo, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, el
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; el Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos A.C.

El encarcelamiento injusto de los cinco defensores de derechos humanos de
Ayutla y la desaparición forzada de dos dirigentes de la Organización para el
Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas,
confirman por qué el  Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones (ONU) le hizo 91 recomendaciones a México en el marco del Examen
Periódico Universal de la situación de los derechos humanos.

Ante este escenario hoy el Estado mexicano tiene la oportunidad para mejorar el
respeto de los derechos humanos como le recomendó la ONU, haciendo justicia al
pueblo me´phaa poniendo en libertad a los cinco defensores de derechos humanos
presos en Ayutla y localizando a los dos dirigentes del pueblo mixteco que
fueron desaparecidos de manera forzada desde el pasado viernes 13 de febrero.


Tlapa, Guerrero a 17 de febrero de 2009