Persisten graves deficiencias del sistema de justicia: el caso de JacintaFrancisco Marcial, acusada injustamente de secuestro

· Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí fue acusada y sentenciadainjustamente en Querétaro, acusada del secuestro de seis agentes de la AFI. · En su caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia como lafalta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción deinocencia. · El Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto alos derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca suinocencia. El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad deQuerétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Se le acusa,junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seisagentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridosel 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, delmunicipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla soninsuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada ysustentada. Hechos El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como talesy sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de SantiagoMexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo deviolencia, alegando que se trataba de "piratería". Los tianguistas afectadosexigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden queavalara su proceder; estos se negaron. La tensión aumentó y varioscomerciantes afectados comenzaron a protestar. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de laFederación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo paradialogar con la gente afectada ofrecieron pagar en efectivo los dañosocasionados por los elementos de la AFI. Para esto argumentaron que debíantrasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo queordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como "garantía"de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedóen el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde,todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron lacomunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de unacantidad correspondiente a los daños causados. Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcialfue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentadaante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dosmujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechosocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso se le condenóa 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso dedocumentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh)asume su defensa integral. Postura del Centro Prodh El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias delsistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayorintensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de queson objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacintaha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganosencargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. JacintaFrancisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negóel derecho de presunción de inocencia. En su caso, salen a relucir también lasdeficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementosinquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propioMinisterio Público, que generan desigualdad procesal. Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como elsecuestro para procesar a quienes tienen alguna participación enmanifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en lasacciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva delEstado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas sedefendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casossimilares de protesta. En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigenendurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacintamuestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes,cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos quedespiertan el mayor repudio social. Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial,el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre la apelaciónpresentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad derevertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediataexcarcelación de Jacinta Francisco Marcial. En este sentido, demandamos unaactuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos querestituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.