Organizaciones de derechos humanos se pronuncian ante declaraciones de autoridades militares‏

En días pasados, autoridades militares han expresado su negativa a modificarlas disposiciones legislativas que permiten que los tribunales militaresconozcan casos graves de violaciones a los derechos humanos, expresando que estefuero no fomenta impunidad y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) no ha logrado demostrar que el fuero de guerra sirva de coto deimpunidad. Al respecto, la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos paratodas y todos”; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de DerechosHumanos; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; el Centropor la Justicia y el Derecho Internacional; el Centro de Derechos Humanos FrayFrancisco de Vitoria; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez;el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fundar, Centro deAnálisis e Investigación, sostienen una vez más que la aplicación del fueromilitar para la investigación y sanción de graves violaciones a los derechoshumanos, propicia la impunidad y es contraria a los estándares internacionalesy las innumerables recomendaciones realizadas por órganos de protección de losderechos humanos al Estado mexicano. En reiteradas ocasiones estos organismos, como la Comisión Interamericana, laCorte Interamericana, y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el tema dela Tortura, entre otros, han expresado la pertinencia y necesidad de que lasviolaciones de derechos humanos perpetradas por personal militar, sean conocidaspor la justicia civil. Las recomendaciones coinciden en señalar que cuando elEstado permite que investigaciones sobre graves violaciones a derechos humanoscometidas por militares sean dirigidas por órganos de justicia militar, laconsecuencia es que se deja en la indefensión a las víctimas de lasviolaciones al no existir ni independencia ni imparcialidad en los órganosmilitares de administración e impartición de justicia. Este criterio escompartido por la comunidad internacional la cual recientemente formulódiversas recomendaciones al país relacionadas con este tema en el marco delExamen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas. En nuestro país el fuero militar no es garantía de independencia eimparcialidad, ni mucho menos de una eficiente investigación para procesar alos militares responsables de las violaciones; ello ha sido suficientementedocumentado en diferentes procesos nacionales y ante instancias internacionales,a pesar de los señalamientos que en sentido contrario han vertido de manerainfundada algunas autoridades castrenses. En México, los casos en los que el fuero militar ha servido para mantener enlaimpunidad graves violaciones a derechos humanos son numerosos: ladesaparición de Rosendo Radilla Pacheco, el cual está siendo sometido a laconsideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la tortura de losecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; la violación y tortura de lasindígenas mixtecas de Guerrero, Francisca Santos y Victoriana Vázquez; laviolación y tortura de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo Cantú eInés Fernández Ortega; la violación y tortura de las hermanas tzeltales deChiapas, Ana, Beatriz y Celia González Pérez; así como las ejecucionesextrajudiciales verificadas en Santiago de Caballeros, Sinaloa. Otrasviolaciones cometidas por militares que se mantienen en la impunidad son laejecución extrajudicial de Gilberto Jiménez (caso La Grandeza) en Chiapas,esta última perpetrada durante la ofensiva militar de 1995. Por lo anterior, públicamente manifestamos una vez más que de acuerdo con elderecho internacional de los derechos humanos, la competencia del fuerocastrense debe ser exclusivo para los delitos y faltas cometidos por militarescontra la función militar y no puede extenderse a la investigación y elprocesamiento de hechos que constituyen violaciones a derechos humanos. En este sentido la Comisión Interamericana ha señalado que la manera en quese emplea la justicia militar en México es contraria a la Convención Americanade Derechos Humanos. A la vez, expresamos nuestro rechazo, y nuestra preocupación ante lasrecientes declaraciones realizadas por mandos militares en diferentes estados dela República que atacan el trabajo de los defensores y las defensoras dederechos humanos. Reflejo de lo anterior son las palabras del Comandante de la IX Región MilitarEnrique Jorge Alonso Garrido Abreu quién señaló el pasado jueves 19 defebrero que: “...las organizaciones de derechos humanos protegen adelincuentes...”. Lo anterior denosta y descalifica el trabajo de losdefensores y las defensoras de derechos humanos, sugiriendo que nuestrasdenuncias obedecen a fines ilegítimos e intentan encubrir a la delincuenciaorganizada. Este tipo de declaraciones contribuyen a crear un clima deadversidad en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Frentea esto es preciso manifestar que la defensa y promoción de los derechos humanoses fundamental para la consolidación de la democracia y del estado de derecho. Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todos”Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos HumanosCentro por la Justicia y el Derecho InternacionalCentro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro JuárezCentro de Derechos Humanos Fray Francisco de VitoriaCentro de Derechos Humanos de la Montaña, TlachinollanCentro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las CasasFundar, Centro de Análisis e Investigación Mayor información con: Carolina Velázquez 5510 2033 y 5510 0085Cel: 04455 5940 8113México, DF, a 24 de febrero de 2009