Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de febrero‏

Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de
descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce
Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo
Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por
presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado
viernes 13 en Ayutla de los Libres.

Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe
Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que
permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en
Acapulco.

Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos
por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del
viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de
Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-,
mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de
Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de
inauguración de obras.

En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y
ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo
escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y
Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo
desconocido.

De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de
Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del
CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado
viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de
Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.

Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de
plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares
constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso
particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras
que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo
craneoencefálico.

Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los
dirigentes indígenas es un “crimen de Estado”, porque éste no ha otorgado
las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su
labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas,
desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.

Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del
Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce
fueron levantados “esto es un elemento que distrae la investigación y
pretende justificar una ejecución extrajudicial” y para los familiares,
integrantes de la OFPM y Tlachinollan “es insustituible que la línea de
investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que
sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del
pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su
actividad como defensores de derechos humanos”.

Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de
Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se
realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este
asesinato y se castigue a los responsables.

Contexto

La OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM),
provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT)
mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar
pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los
militares en varias comunidades de Ayutla.

En la zona mixteca donde tiene presencia la OFPM, es donde se encuentra El
Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el
7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo
de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18
indígenas por parte de la Secretaría de Salud.

El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano
a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18
del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la
PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos
de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una
emboscada, de la cual salió vivo.

Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de
violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños,
retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades
indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la
interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.

La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos
amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad
en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en
Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos
en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de
Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las
instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo
y Acapulco.

El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C.
una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al
gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes
para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad
física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la
organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.

Ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente
en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel
Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su
paradero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009

Contacto prensa:
Teresa de la Cruz
Coordinadora del Área de Difusión del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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