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martes, 10 de febrero de 2009

Boletín de Prensa FSM‏

Boletín de Prensa



México, D.f a 10 de febrero de 2009



· Modificar la Ley Federal del Trabajo es un grave error

· La legislación laboral no es la causa de la pérdida de empleos

· La esencia de la normatividad es equilibrar las relaciones obrero-patronales



Realizar una reforma laboral bajo el pretexto de que con ello se tendrán mayores herramientas para enfrentar la crisis financiara es un grave error, pues la situación por la que atraviesa el país sólo obedece al fracaso de un modelo económico, y a la falta de sensibilidad de las administraciones federales para preveer la debacle del sistema neoliberal.

La clase trabajadora del país ha tenido que cargar con los errores de gobiernos y con la falta de sensibilidad de las cúpulas empresariales, las cuales a últimas fechas han mostrado que sus intereses son exclusivamente monetarios, para ellos, el bienestar social se ubica en un segundo plano.

La normatividad laboral vigente fue expedida con el propósito de asegurar la estabilidad laboral y proteger al trabajador frente a los riesgos propios del desempleo, la enfermedad y la vejez, entre otros, con un amplio sentido social.

Las recientes demandas de las organizaciones patronales para que el gobierno implemente más y mejores medidas anticrisis, sólo demuestran que nuestros empresarios no están dispuestos a ceder una parte de sus ganancias para que el país salga adelante.

Las únicas alternativas que han propuesto son que el gobierno incremente los beneficios que se les otorgan, o el traslado de la caída en sus utilidades a la plantilla laboral, en pocas palabras quieren más prebendas o habrá despidos.

La ineficiencia del gobierno para generar empleo y el debilitamiento por décadas del mercado interno, hace que mercado laboral dependa del capital transnacional que viene invertir, permitiendo a este capital imponer las reglas que garantizaran su inversión y ganancia, la reforma laboral responde a estos intereses.

La reforma laboral se enmarca dentro de las exigencias de los representantes patronales, y ha sido secundada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien cree firmemente que la Ley Federal del Trabajo inhibe la generación de empleo formal.

Lozano, afirmó ante legisladores de todos los partidos que la legislación laboral, a pesar de estar llena de buenos propósitos, no contiene los instrumentos necesarios para llevarlos a la práctica.

Pero hay que recordarle al señor secretario que para comprobar que una legislación no funciona, primero es indispensable que se aplique y cumpla, y después sabremos con certeza si está rebasada por la situación actual del mercado.

Lo cierto, es que la voracidad empresarial y los privilegios ofrecidos al capital extranjero, los cuales les han permitido incrementar sus ganancias y disminuir la responsabilidad con sus trabajadores, son los únicos culpables de la simulación laboral que se vive en el país.

Cabe recordar que el funcionario que dio el banderazo para retomar el tema de la reforma laboral fue el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, quien fungió Gobernador Suplente por México en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desde 1996, el BID enfatizó en la necesidad de llevar a cabo reformas laborales en América Latina, los argumentos y análisis se especifican en el documento "La legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y el Caribe".

En el texto de 1996 se enumeran las reformas que se han impuesto en América Latina, y en el caso particular de las privatizaciones refiere que "un 43 por ciento del valor de las privatizaciones en la región ha tenido lugar en los sectores de servicios públicos, tradicionalmente cerrados a la participación privada y donde mayor es el potencial de obtener ganancias de productividad y eficiencia. Otro 23% ha provenido de la venta de entidades bancarias y afines, reforzando así las tendencias de la reforma financiera".

Doce años después, ante la actual coyuntura ha quedado demostrado que los mandatos e injerencias de los organismos financieros sólo generaron una mayor desigualdad y pobreza en todo el mundo.

Las entidades que fueron privatizadas han tenido que ser rescatadas a nivel mundial con recursos de los contribuyentes, el mejor ejemplo es el FOBAPROA-IPAB de 1994, así como los recientes rescates bancarios en los países desarrollados.

En materia laboral, en el documento del BID antes mencionado, sobresale que las reformas en materia laboral han sido pocas y de menor alcance.

Sin embargo el documento detalla que en el país típico de América Latina las principales reformas se han adoptado en momentos de crisis.

"La adopción de importantes reformas ha estado precedida por períodos de deterioro de la situación económica: contracción de las tasas de inversión, tasas de crecimiento bajas y decrecientes, grandes déficit fiscales, creciente inflación y una drástica contracción de las actividades de intermediación financiera. El hecho de que las reformas se tomen en tiempos de crisis se debe a que las crisis hacen que la situación anterior a la reforma resulte tan costosa que los diferentes grupos en conflicto dentro de la sociedad se ponen de acuerdo más rápidamente acerca de la necesidad de reformas", refiere el documento del BID.

Luego de analizar estos documentos, las organizaciones que integramos el Frente Sindical mexicano cuestionamos.: ¿Por qué la insistencia en reformar la ley ante una crisis que demuestra el fracaso de la política económica, por que cumplir con los designios del BID, a pesar que la crisis mundial demuestra que el modelo fracaso?

Desde Salinas de Gortari hasta Felipe Calderón, los gobiernos federales al igual que los organismos internacionales y los defensores del neoliberalismo han intentado demostrar que la reforma a la LFT generará empleo y dará estabilidad a los trabajadores, sin embargo, lo mismo se argumentó para llevar a cabo las reformas a los sistemas de pensiones, las cuales fracasaron, derivando en un perjuicio millonario para el ahorro de millones de trabajadores mexicanos.

Es obligación del estado generar empleos que garanticen la estabilidad y mejoren la calidad de vida de los mexicanos, la pregunta ahora es para quien se gobierna, 30 años de que los trabajadores se aprietan el cinturón por el bien de los empresarios.

Vocero



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Francisco Javier Farina Taméz
Coalición INEGI
044 55 3901 2912

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