Despliegue militar en Ocotlán, Oaxaca

Acción Urgente: Despliegue militar en Ocotlán, Oaxaca; riesgo de represión al movimiento de resistencia contra Minera Cuzcatlán

México D.F., 25 de marzo de 2009

ACCIÓN URGENTE
Riesgo inminente de represión al movimiento de resistencia contra Empresa Minera Cuzcatlán: Se establecen militares en el Municipio de San José del Progreso, en Ocotlán Oaxaca México

Antecedentes
La extracción minera es uno de los más graves problemas que encuentran las comunidades en México, ya que el Gobierno Federal otorga concesiones a trasnacionales, particularmente a empresas canadienses sin consultar a las comunidades.

Tan solo en 2006 y 2007, se otorgaron más de 80 títulos de concesión minera para el Estado de Oaxaca, en una extensión de más 600 mil hectáreas. El Proyecto Minero “San José del Progreso”, ubicado en la municipio del mismo nombre, es desarrollado por las empresas canadienses Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, a través de su subsidiaria mexicana “Compañía Minera Cuzcatlán” abarca una extensión aproximada de 54,000 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán Oaxaca.

Las comunidades afectadas por el proyecto de exploración no fueron informadas, ni consultadas para la implementación de éste.

Hechos
Según la información proporcionada por las comunidades, el 14 de marzo en San José del Progreso se llevó a cabo una reunión comunitaria, donde más de 600 personas afectadas por la Empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el Presidente Municipal, por lo que decidieron desconocerlo.

En esa misma reunión decidieron que el día 16 de marzo, cerrarían de forma ordenada y pacífica las instalaciones de mina, exigiendo que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía replantearan los permisos y autorizaciones otorgados para el proyecto de exploración. Es así que más de 150 inconformes, bloquearon desde ese momento los accesos a la mina.

Desde el día 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal, comenzaron un operativo policíaco-militar. Desde las 11:00 horas un helicóptero sobrevoló el área, posteriormente llegaron dos camiones con militares y tres camionetas de la policía estatal. Se instaló desde las 14:00 horas de ese día, un campamento con un camión de la SEDENA a aproximadamente 100 metros de los accesos a la Mina y una camioneta de la policía estatal a la entrada de la población, dispositivo que a la fecha se mantiene.

El supuesto argumento para el operativo es que sacarán de la mina, 17 toneladas de explosivos que se encuentran dentro.

1 Cabe señalar, que esta no es la primera ocasión que se implementa un operativo policíaco para defender los intereses de las empresas trasnacionales Canadienses, en mayo del año pasado, la comunidad de Huizopa, en Chihuahua, fue reprimida por la PFP y la SEDENA, con la complicidad de los Gobiernos Federal y Estatal.

Adicionalmente, la Empresa Minera Cuzcatlán y las autoridades municipales han señalado de forma malintencionada como uno de los principales instigadores del movimiento al Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en Ocotlán Oaxaca.

Exigencias:
- Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante dialogo, ya que este tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

- Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México.

- Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que éste pone en riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

- Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera, particularmente que cese el hostigamiento hacia el Pbro. Martín Octavio García, titular de la Parroquia de San Pedro Apóstol y se tomen medidas para resguardar su condición de defensor de derechos humanos, de acuerdo a la “Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas” de la ONU, firmada por nuestro país.

Violaciones a derechos humanos:
- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,
- Derecho a la información,
- Derecho a la consulta,
- Derecho a la participación,
- Derecho a la integridad física,
- Derecho al desarrollo,
- Derecho a la organización y a la protesta social.

Marco jurídico relevante
El Ejército Mexicano está principalmente adiestrado para la seguridad nacional y no para desempeñar funciones de seguridad publica, las acciones que se están viendo en San José del Progreso por parte del ejercito violan derechos humanos y son inconstitucionales de común acuerdo con o establecido en el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Adicionalmente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas señaló en el diagnostico sobre la situación de los Derechos Humanos en México en el año 2003, recomendó “promover la sustitución progresiva y verificable de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”. Finalmente el Comité de Derechos Humanos de Naciones

2 Unidas en sus observaciones a México de 1999 estableció lo siguiente: El Comité está, asimismo, preocupado por la creciente intervención de los militares en la sociedad. Este tipo de acciones que buscan reprimir protestas pacíficas y legítimas lejos de resolver de fondo los problemas tienden a polarizar a las partes y por lo tanto a generar mayores riesgos de conflicto.

En tanto el marco internacional sobre defensores de derechos humanos indica que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional1. La ONU ha establecido que todas las personas tienen derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, por lo que nadie será objeto de ataques ilegales a su honra o reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques

Oaxaca, Oaxaca, México, a 24 de marzo de 2009

Acción solicitada: Envío de cartas a Gobierno de Oaxaca, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública Federal y a Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos.

Por las organizaciones:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, Ciudad de México