Se planea dejar en prisión a Gloria y Jacobo

Se planea una trampa para dejar en prisión a los dos ex dirigentes del ERPI, denuncian



La ex coronela Aurora del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Gloria Arenas Agís, y el ex comandante Antonio, Jacobo Silva Nogales, están por obtener su libertad mediante un amparo, pero según información que ella conoció, al salir de la prisión serán reaprehendidos y acusados de un nuevo delito mediante un expediente fabricado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Sería la segunda vez que, con base en la ley, los ex dirigentes del ERPI, presos desde 1999, ganan un amparo para obtener su libertad, pero mediante una trampa las autoridades no cumplen la ley, y los mantienen en prisión.
Gloria Arenas informó, desde el penal femenil de Chiconautla, estado de México, donde se encuentra recluida, que extraoficialmente supo ayer que tiene un resultado favorable para su libertad el amparo que demandaron ella y su esposo Jacobo Silva Nogales (que está preso en el penal de máxima seguridad de La Palma, estado de México, antes Almoloya). Pero también supo que les fincarán nuevos cargos, aunque el informe que recibió no dice cuáles serán éstos.
“Esperamos en estos días el amparo, sabemos que viene bien, pero que nos van a reaprehender”, dijo por teléfono, y señaló que es común, pero injusto, “que esperen a que alguien compurgue su pena para volver a encarcelarlo”.
Dijo que en su caso y de Jacobo Silva, “sería rearmarnos un delito, como lo hicieron cuando nos encarcelaron la primera vez, para mantenernos presos”.
Ante esta maniobra, informó que por medio de sus abogados, están tramitando un amparo contra una posible reaprehensión.
Gloria Arenas Agís y Jacobo Silva Nogales eran parte de la dirigencia del ERPI, cuyo trabajo como organización guerrillera se desarrollaba fundamentalmente en Guerrero. Fueron detenidos en 1999, en San Luis Potosí y en la ciudad de México, pero según el expediente oficial que fue fabricado para tenerlos en prisión, fueron detenidos en Chilpancingo, donde en realidad fueron arrestados Felícitas Padilla y Fernando Gatica Chino, quienes estuvieron en prisión más de cinco años, acusados de colaborar con el grupo armado.
Los ex dirigentes del ERPI fueron sentenciados como presuntos responsables de un ataque armado que realizó el Ejército Popular Revolucionario (EPR) contra un convoy del Ejército en la carretera Chilpancingo-Tlapa, entre El Ahuejote y La Estacada, municipio de Tixtla, el 16 de julio de 1996, la primera acción de fuego reconocida por ese grupo guerrillero en Guerrero, que se dio a conocer el 28 de junio de ese año, en el primer aniversario de la masacre de Aguas Blancas.
En ese lugar se dio un enfrentamiento entre los guerrilleros y los efectivos militares, y en medio del fuego quedó un camión de mudanzas, y murió un trabajador de éste, y dos militares resultaron heridos. Por este hecho, acusaron a Gloria Arenas y Jacobo Silva de los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio y daños.
Inicialmente fueron sentenciados a 49 años, 11 meses y 29 días de prisión. En 2003, el primer tribunal unitario del vigésimo primer circuito, con sede en Chilpancingo, modificó la condena a 21 años por homicidio calificado, 20 años por tentativa de homicidio calificado, cinco años por rebelión y tres meses por daño en propiedad ajena, en suma, 46 años y tres meses.
Los ex guerrilleros demandaron un amparo para su libertad, con base en el artículo 137 del Código Penal Federal, que dice que los acusados de rebelión no son penalmente responsables de los muertos o heridos que ocurren en un combate.
El 15 de febrero de 2008, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, les concedió el amparo para el efecto de que el Tribunal Unitario dejara insubsistente la sentencia y emitiera una nueva, aplicando el artículo 137 del Código Penal Federal.
El 25 de febrero de 2008, el Tribunal Unitario emitió una nueva sentencia con base precisamente en el artículo 137 del Código Penal Federal, y anuló la condena por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, sólo dejó los delitos de rebelión y daño en propiedad ajena.
Pero al parecer hubo una trampa, porque el mismo Tribunal Unitario también modificó la pena por rebelión, esto es de cinco a 11 años y siete meses, y por daño en propiedad ajena, de tres meses, a dos años y siete meses; en total de 14 años y dos meses.
El 8 de octubre de 2008 los ex guerrilleros interpusieron nuevamente un recurso de amparo directo, porque consideran “ilegal la modificación de las penas por los delitos de rebelión y daño en propiedad ajena”.
Es decir, debían estar libres desde el año pasado, pero para dejarlos en la cárcel el mismo juez les aumentó, en contra de lo que establece la ley, las penas impuestas por rebelión y daños.
Las últimas semanas, los ex dirigentes del ERPI están esperando la resolución a su demanda de amparo, y ayer, Gloria Arenas supo que ésta será favorable, pero que las autoridades por medio de la Procuraduría General de la República planean una nueva forma de mantenerlos en prisión.
Hace una semana, en entrevista concedida a El Sur desde la cárcel de Chiconautla, Gloria Arenas declaró: “Mi libertad puede ser mañana o la próxima semana. No lo sé. Todo depende de la respuesta a un amparo”, pero al mismo tiempo dijo que no es optimista, porque “las autoridades no nos quieren libres”, y por eso no descartó que “otra cosa se les ocurra” para mantenerlos presos. (Maribel Gutiérrez).


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