Organizaciones civiles y sociales de Yucatán
*La demanda se presentó hace más de un mes.
A más de un mes de haberse presentado la solicitud de Juicio Político encontra del Licenciado Jorge Victoria Maldonado, en su calidad de Presidente dela Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, el poder Legislativo,órgano competente para conocer y dirimir esta petición ciudadana, no haemitido ningún acuerdo de admisión ni documento alguno mediante el cual seinforme cuál es el trámite que se le está dando a la petición. Lo anterior,a criterio de las organizaciones firmantes representa una dilacióninjustificada por parte del Congreso del estado, pues según los artículos 12,13 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicosdel estado de Yucatán:
a) Existe una obligación por parte del Oficial Mayor de remitir de manerainmediata la demanda de Juicio Político a la Comisión legislativa competenteuna vez que ésta ha sido ratificada (artículo 12, párrafo segundo de la Leyde Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado de Yucatán);
b) Existe una obligación por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales de verificar si se cumplen con los requisitosde la demanda (artículo 12, fracciones I, II y III de la citada Ley deResponsabilidades), no de entrar al estudio del fondo del asunto, atribuciónque únicamente le correspondería a la Comisión Instructora, ante quien setendría que ofrecer pruebas y efectuar todas las actuaciones tendientes adesahogar el proceso (artículos 13 en delante de la Ley de Responsabilidades delos Servidores Públicos).
En razón de lo anterior el día de hoy, 10 de marzo de 2009, las 12organizaciones civiles de derechos humanos demandantes del juicio políticopresentamos, ante los presidentes de la Mesa Directiva, de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales y ante el OficialMayor, todos del Congreso del estado de Yucatán, formal solicitud para que:
a)informen sobre el trámite en la dictaminación del juicio; y
b) exigirles queadmitan la solicitud de juicio político de tal manera que se inicie formalmenteel procedimiento, se puedan aportar las pruebas, etc.
En dicho documento, las organizaciones manifestamos que: “…vemos conpreocupación que el Congreso del estado y concretamente la Comisión de Puntos Constitucionales, ha avanzado en la definición de otras peticiones de juiciospolíticos, relegando, una vez más, una solicitud ciudadana que exige se juzgueel actuar de un servidor público. Lo anterior denuesta y minimiza un ejerciciopopular protegido y garantizado por la Constitución del estado y por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la entidad, pues pareciera que,al dilatar la admisión de la demanda antes citada, se pretende diluir laimportancia de la acción ciudadana y encubrir la gravedad de las conductasdenunciadas”.
“La falta de admisión de la solicitud de Juicio Político al Presidente dela Codhey podría interpretarse como un total desinterés o indolencia por partede los(as) integrantes de la Legislatura local, para analizar el tema de los Derechos Humanos en Yucatán, exhibiendo que, para el legislativo, éste no esun tema prioritario en la agenda de gobierno. También desnudaría el nulocompromiso de las y los diputados con la ciudadanía a quien dicen representar.
No admitir la petición en cuestión, implicaría, además, dar un mensaje a lapoblación de que, no importa que tan grave sean las conductas cometidas pordeterminado funcionario público, si lo que prevalece es la negociaciónpolítica y los intereses particulares por encima del bienestar común. No sobraseñalar que, determinar con criterios ajenos a la ley la procedencia o no deljuicio político implicaría que las y los diputados estarían siendo cómplicesde la impunidad de los(as) servidores(as) públicos(as) que se benefician delirregular actuar de la Codhey”.
La necesidad de escrutar la labor del Presidente de la Institución Pública deDerechos Humanos es evidente, tal como ha señalado la Academia Mexicana deDerechos Humanos, que en fechas recientes conminó al Congreso del estado paraque admita la demanda y se inicie el procedimiento respectivo establecido por laLey de los Servidores Públicos del estado.
La disfuncionalidad de la Codhey y la presentación del Juicio Político, también fueron hechos del conocimiento de los representantes de la Oficina paraMéxico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanosquienes los días 27 y 28 de febrero del presente año se reunieron con diversasorganizaciones civiles de derechos humanos de la entidad, siendo uno de lostemas principales la ausencia de una Comisión Pública de Derechos Humanoseficiente y capacitada como un obstáculo para la vigencia y protección de losderechos humanos en Yucatán.
Con estos elementos, las organizaciones firmantes reiteramos nuestra exigenciaal Congreso del estado para que haga efectivo el derecho que tienen las y losciudadanos de someter al escrutinio público y al juicio político a aquellosservidores públicos cuya incompetencia redunda de manera grave en elfuncionamiento de las instituciones. Dilatar el procedimiento o no admitir lademanda con argumentos políticos, volvería a las y los diputados cómplices detodas aquellas violaciones a derechos humanos que son solapadas por la Codhey.
Mérida, Yucatán, a 10 de marzo de 2009
- Asociación Estatal de Padres de Familia
- Buenas Intenciones
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales A.C.
- Ciencia Social Alternativa A.C.
- Kolectivo El Rebelde
- Foro Permanente por la Defensa de nuestros Ecosistemas Peninsulares
- Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
- Muuch Tamba Meyaj AC.
- Oasis de San Juan de Dios A.C.
- Red de personas afectadas por VIH
- Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva
- Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para elCrecimiento Personal A.C.
Centro Independiente de Informacion Nacional
miércoles, 11 de marzo de 2009
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario