La reconstrucción de un operativo que sí existió‏

Por Fátima Monterrosa / Emeequis La mañana del 24 de mayo de 2007 un grupo integrado por militares, policíasfederales y estatales, llegó a las inmediaciones del hotel El Árbol, en laciudad de Oaxaca. Tenían un objetivo concreto: detener a Edmundo Amaya yGabriel Alberto Cruz Sánchez, considerados dos de los máximos dirigentes delEjército Popular Revolucionario. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver. Lasautoridades han negado que hubiesen intervenido en su desaparición. Pero no esasí. Al menos eso es lo que concluyen los investigadores de la ComisiónNacional de Derechos Humanos. El 24 de mayo de 2007 el sol caía como plomo sobre la ciudad de Oaxaca.Faltaban 11 minutos para que las manecillas del reloj marcaran el medio día.Muy cerca del Jardín Morelos, ubicado a unas cuadras del zócalo de la ciudad,un hombre se acercó a una caseta de teléfono público. No lo hizo paraprotegerse de la canícula, que ya ahogaba. Descolgó el auricular y marcó tresteclas: 066. A la llamada respondió el operador número seis del Servicio deEmergencias de la ciudad de Oaxaca. —¿En qué puedo servirle, cuál es su emergencia? —Mire, yo pertenecí al ejército mexicano y quiero hacer una denuncia,porque es mi deber como ciudadano. Hace como unos 20 minutos, cuando caminabapor la calzada Madero, cerca del hotel El Árbol, como a 50 metros, pude ver acinco personas vestidas de civil que sacaron de un carro Golf, color azul,varias armas de fuego, de calibres RX y AK47 y las metieron al hotel. —¿A qué hora ocurrió eso? —Le digo que fue hace como 20 minutos. Eran las 11:49. De inmediato, el trabajador del Servicio de Emergencias de la ciudad de Oaxacaenvió un reporte a la jefatura del cuerpo de bomberos para su conocimiento. Laposición del sol, en medio del cielo, indicaba que casi era medio día. Losrelojes registraban las 11 horas con 52 minutos. Transcurrieron tres minutos, eloperador número cuatro hizo lo suyo. Por medio de radio comunicación reportóa la cabina de control la presencia de un grupo armado. La cabina de control ordenó al encargado del Grupo de Operaciones Especialesenviar agentes a investigar. Cinco elementos del GOE llegaron al hotel a bordodel vehículo oficial número 691. “Cuando llegamos nos percatamos de que enel lugar ya se encontraba personal de la Policía Ministerial y preventiva delestado, al entrar en contacto con ellos nos dijeron que ya tenían controlada lasituación, que se trataba de agentes ministeriales de Chiapas”. Los elementos del Grupo de Operaciones se colocaron en un área de seguridadperimetral afuera del hotel. En tanto, el operador número uno informó alsubdirector Operativo de la Policía Ministerial de la Procuraduría General deJusticia del Estado, Pedro Hernández, de la presencia de un grupo de hombresarmados en el hotel El Árbol. “Vamos a enviar personal al lugar para loprocedente”, respondió el subdirector al llamado del 066. Y así fue, al hotel llegaron más de 20 elementos policiacos vestidos conuniformes color negro. Otros policías iban vestidos de civil. Eran las 11:57horas. El operador número dos pasó el reporte al encargado del servicio devigilancia para su conocimiento. Después de finalizar esa llamada, se comunicóa las oficinas del secretario general de Seguridad Pública del Estado, MarioBautista Ramírez, para ponerlo al tanto de los últimos acontecimientos. Yaeran las 11:59 horas. La alerta de un grupo civil armado en el hotel El Árbol movilizó a todas lascorporaciones policiacas y militares. El titular de seguridad pública solicitóal ejército mexicano “un apoyo”. El jefe de la sección segunda del EstadoMayor de la VII Región Militar en Ixcotel, Oaxaca, ordenó al personal de lafuerza de reacción que “se trasladara de inmediato al hotel El Árbol, a finde localizar a un supuesto grupo armado”. El jefe militar comisionó a unmayor de infantería al mando de una escuadra de fusileros y la fuerza dereacción, integrada por 37 elementos de tropa, pertenecientes al 98 Batallónde Infantería, para trasladarse al hotel El Árbol. Al llegar al lugar, los elementos del ejército “se distribuyeron en lasinmediaciones del hotel, donde permanecieron de las 12:15 a las 12:55 horas”.El sol quemaba. Algunos militares, que hacían guardia, se acercaron a unapapelería a comprar agua y refrescos. “Llegaron muchos policías y soldados a bordo de diferentes vehículos. Unosmilitares se estacionaron frente a mi negocio y aprovecharon para comprar”,dijo la propietaria de la papelería cercana al hotel. En el reporte que elmayor de infantería entregó a sus superiores, señala: “No se encontróautoridad alguna, entrevistándose con el gerente del hotel, quien informó quelas autoridades civiles ya se habían retirado del lugar, por lo que al nocontar con información o evidencias para justificar su presencia en ese sitio,se procedió a reincorporarse a su unidad, dando parte sin novedad”. Entre las12:01 y 12:18 horas el operador número tres mantuvo contacto con la guardia deBrenamiel, caseta de vigilancia con elementos de guardia de la PolicíaPreventiva del Estado, para reportar a los mandos superiores. A las 12:20 horas el operador número cuatro registró el arribo delsubdirector de la Policía Municipal de la ciudad de Oaxaca y de su personal delGrupo de Operaciones Especiales. El jefe policiaco informó al servicio deemergencia que “contactaron en el hotel con personal de la PolicíaMinisterial de Chiapas, que mostraron sus identificaciones y oficio decolaboración y que se encuentran hospedados en ese lugar”. Pasaron nueve minutos. El operador número cuatro recibió otro reporte. Setrataba del jefe de grupo de Investigación de Robos, quien llegó acompañadodel jefe de grupo de Homicidios. “Se estableció contactó con elrecepcionista del hotel, quien aportó los datos y registro de las personas, queal ser consultados sus nombres a la PGJE, confirman que son agentes de lapolicía judicial del estado de Chiapas, que traen oficio de colaboración y queesos datos fueron corroborados con el comandante operativo de la PolicíaMinisterial, para que informara al personal de despacho del Centro de ControlComando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para lo procedente”. Eran las 12:29horas. Poco más tarde, a las 12:46 horas, el operador número tres envió el reporteque se recibió del jefe de grupo de Investigaciones de Robo al comandante depermanencia de Tránsito Metropolitano. Finalmente, a las 13:02 horas, eloperador número dos envió el mismo reporte al comandante de vigilancia y a lasoficinas de la Dirección General de Seguridad Pública del estado. A partir de las 11:52 y hasta las 13:02 horas, cinco operadores del servicio deemergencia se encargaron de dar seguimiento a la denuncia de la presencia dehombres armados en el hotel El Árbol. Cerca de 70 elementos policiacos y militares participaron en el operativo delcaluroso 24 de mayo de 2007. El encargado de un negocio de pinturas, quienpresenció el operativo, describe los hechos: “Llegaron muchos policías ysoldados a bordo de diferentes vehículos y que inclusive los soldados rodearonla manzana donde se encuentra el hotel, donde también había muchos reporteros,observando que tanto los policías como los soldados entraban y salían delhotel”. No fue un día cualquiera. Los agentes policiacos y militarespermanecieron 56 minutos en el hotel El Árbol. Los hechos quedarían ahí, registrados en las bitácoras de los operadores deemergencias de Oaxaca. Sólo meses después se conocería que en ese lugarhabían sido detenidos dos comandantes del Ejército Popular Revolucionario(EPR): Edmundo o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o RaymundoRivera Bravo.Y eso porque el EPR difundió un comunicado donde denunciaba que en eloperativo de aquel 24 de mayo fueron detenidos dos de sus principales cuadros enel hotel El Árbol, quienes posteriormente “fueron ingresados a las mazmorrasde la procuraduría oaxaqueña”, según la organización guerrillera. Elcomunicado del grupo armado precisaba: “De acuerdo a información que sefiltró, permanecieron en muy malas condiciones de salud hasta el día 25 delmismo mes y año, fecha en que fueron probablemente trasladados en camillas alcampo militar número uno por miembros del ejército mexicano”. Durante meses la exigencia del EPR de que fueran presentados sus dos dirigentesdetenidos no fue atendida por autoridad alguna, ni federal ni local. Ante lasdenuncias públicas y las quejas que interpusieron familiares de losdesaparecidos junto con organismos no gubernamentales como el Centro de DerechosHumanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Liga Mexicana por la Defensa de losDerechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició lasinvestigaciones. Fueron 18 meses de búsqueda de datos y de información queayudara a dar con el paradero —vivos o muertos— de los dos miembros del EPR;18 meses en los que los visitadores de la CNDH realizaron inspecciones ocularesen la 28 Zona Militar, perteneciente a la 8ª Región Militar de la Secretaríade la Defensa Nacional; en las áreas de detención de la Procuraduría Generalde Justicia de Oaxaca; en el hotel El Árbol y en establecimientos comercialesde sus inmediaciones, y en el jardín Morelos de la ciudad de Oaxaca; así comoen diversas líneas de transporte del estado. Un equipo de 20 elementos de la Dirección General de Presuntos Desaparecidosde la CNDH diseñó una estrategia para ubicar el paradero de los doseperristas, y recopilar información que permitiera conocer la verdad de losacontecimientos que propiciaron su ausencia o desaparición. Y lograronrecuperar hechos y descubrir huellas que por meses fueron negadas por las másaltas autoridades del país. La investigación llevó a la CNDH a establecer loque hasta ahora se negado: la participación de elementos policiacos y fuerzasmilitares en el operativo que llevó a la desaparición de los dos dirigentesdel EPR. Algunas escenas reconstruidas por el equipo investigador son reproducidas aquípor vez primera, con información apegada a los documentos y versiones de laCNDH y sus visitadores. Dan cuenta de cómo fueron esos momentos en los que dosciudadanos mexicanos fueron desparecidos por agentes policiacos y militares,como en los tiempos de la Guerra Sucia. El calendario señalaba aquel día como 22 de mayo de 2007. Eran las nueve dela noche cuando Edmundo o Andrés Reyes Amaya salió de su casa, en el estado deMéxico, con rumbo a la ciudad de Oaxaca. A la capital oaxaqueña llegó a lamañana siguiente. Al arribar a la capital oaxaqueña se trasladó al pueblo de San PabloHuixtepec, en el municipio de Zimatlán, a 36 kilómetros de Oaxaca. A las nuevede la mañana del 23 de mayo llegó a ese poblado de 8 mil 216 habitantes, dondese reunió con dos de sus familiares. Ahí se alojó. Al otro día, muy temprano visitó la casa de otro familiar, donde desayunó yse marchó a las 10. Antes de despedirse le dijo a su cuñada que iba a laciudad de Oaxaca. Veinticinco minutos después, Edmundo o Andrés, en la avenidade los Presidentes, abordó el autobús de pasajeros de la línea Halcón deHuixtepec, “porque no se sentía seguro en ningún otro medio detransporte”, relataron sus familiares. Esa fue la última vez que vieron a Edmundo o Andrés por los rumbos de SanPedro Huixtepec, donde la población vive de la agricultura, la pesca y elcomercio. Trasladarse de San Pedro Huixtepec a la capital oaxaqueña tarda unpromedio de 70 minutos en los camiones de la línea Halcón de Huixtepec. Eso lopudieron comprobar los visitadores de la CNDH, quienes hicieron el recorrido. “Se abordó el autobús en la avenida de los Presidentes, que se localizacomo a cien metros de distancia del último de los domicilios de los familiaresvisitados por el agraviado, iniciando su recorrido a las 10:25 horas”. Elcolectivo realizó paradas en San Nicolás, Zimatlán, Yanei, fraccionamiento deReyes Mantecón, crucero de Reyes, la Y griega, La Arena, El Tablero, La Corona,San Bartola Coyotepec, Santa María Coyotepec y El Cuartel. A las 11:35 horas el vehículo arribó a la Terminal de Autobuses de la calleBustamante 606, en la colonia Centro de Oaxaca, a cinco cuadras del zócalo.Reyes Amaya descendió del camión y se encaminó hacia el Jardín Morelos, quese ubica en la parte final de la avenida Independencia y la intersección con lacalzada Francisco I. Madero, paralela a la calle Húsares. A 100 metros dedistancia del Jardín Morelos, sobre la calzada Francisco I. Madero número 131,se localiza el hotel El Árbol, de 24 habitaciones y de categoría dosestrellas. La hora en que Edmundo o Andrés llegó al hotel coincide con el momento en quese realizó la denuncia al 066 sobre la presencia de hombres armados. En esehotel, donde pasar la noche cuesta desde 425 pesos, el 24 de mayo de 2007elementos del ejército mexicano, de la Procuraduría General de la República yde las policías estatal y municipal cerraron calles y desplegaron un operativoque no pasó inadvertido. Según el gerente del hotel, en esa fecha “se hospedaron unos sujetos queportaban armas al hombro y que dijeron ser policías del estado de Chiapas,quienes después de registrarse salieron del hotel sin sus armas, ya queprobablemente las dejaron en su habitación. Y que cuando éstos ya no seencontraban, llegaron al lugar elementos del ejército mexicano, como 30 sujetosde la Ministerial, otro grupo policiaco del que no supo sus datos, así como dela AFI o elementos de la Agencia Federal de Investigación”. De acuerdo con el relato recabado por los investigadores de la CNDH, el gerentedel hotel El Árbol, del que no proporcionan datos, dijo que “después derealizar distintas llamadas telefónicas se retiraron sin inspeccionar el lugarni mucho menos las armas”. Sobre el grupo del ejército, indicó que “dejó al exterior del hotel unaescolta, que se retiró después de que los judiciales hospedados platicaron conellos a su regreso”. En declaraciones a la prensa de Oaxaca, el copropietariodel hotel El Árbol, Mario Vez Paniagua, narró su versión de los hechos: Un día antes del 25 de mayo de 2007 llegaron al hotel cinco personas, todasellas del sexo masculino; viajaban a bordo de una camioneta, bajaron armaslargas y pistolas, se identificaron como policías en comisión. Lo único quepedimos como requisito es que al lado del nombre que se registra, escriban ymuestren al empleado el número de la placa de la corporación a la quepertenecen. A nuestro hotel siempre llegan policías federales y estatales deotros estados o guardaespaldas. Nuestro personal se ha acostumbrado a ver quebajan armas, a que en los cuartos haya metralletas o pistolas de los policías,son sus herramientas, por esta razón es que no ponemos énfasis. —¿Los policías se identificaron? —Sí, lo hicieron de acuerdo a nuestras normas, eran cinco, no supe de quéestado procedían, pero venían a una comisión. —¿No identifica a las dos personas que reclama el EPR? —No, yo mismo los atendí, eran cinco, los dirigía un hombre de medianaedad. Llegó al negocio un contingente de policías de la Ministerial, norecuerdo quién los dirigía, pero buscaban a las personas que habían ocupadouno de los cuartos y que se habían identificado como policías. Losministeriales llegaron a bordo de varias camionetas, eran cerca de 30 elementose ingresaron sin orden de cateo al establecimiento de una forma arbitraria yprepotente. Les pedí que explicaran su actitud y una de las personas comentóque un vecino había denunciado, vía telefónica, que había visto bajar avarios hombres con armas; le dije que eran policías, que se habíanidentificado como tales, pero no escucharon y procedieron a revisar. —¿Esas personas se encontraban en el lugar en ese momento? —No, los ministeriales después que vieron los documentos que habíanpresentado, hicieron varias llamadas por teléfono y se retiraron del lugar. Alos dos minutos, llegó otro contingente de policías vestidos con uniformescolor negro, con cascos y armas largas, los dirigía Alejandro Barrita Ortiz; deuna forma arbitraria tomaron por asalto el lugar, asustaron a los clientes einsultaron al personal, por lo que reclamé y fue el mismo teniente Barritaquien habló conmigo, dijo que una llamada había alertado a las corporacionessobre la presencia en mi hotel de personas armadas que viajaban a bordo de unacamioneta, fue la misma respuesta, le mostré el registro, quedó claro quiéneseran. Y continúa el copropietario del hotel El Árbol: En las dos ocasiones, tantola Ministerial como el grupo que encabezaba Barrita hizo llamadas a lacorporación de donde procedían los policías, preguntaron si los elementosestaban de comisión, en las dos ocasiones les dijeron que efectivamentecumplían una comisión y decidieron retirarse, no sin antes entregarme BarritaOrtiz su tarjeta de presentación. —¿Qué pasó después? —Unos minutos después llegó un camión militar con aproximadamente 30soldados y un Hummer, donde viajaba quien los dirigía. A diferencia de lapolicía, los miembros del ejército se portaron decentes, preguntaron sobre elmovimiento que se había dado en ese lugar y al igual que en las dos ocasionesanteriores, les mostré los documentos que tenía y decidió el mando corroborary retirarse, pero dejaron una guardia de varios elementos a bordo de un Hummer aesperar a quienes buscaban. —¿Llegaron dichas personas? —Efectivamente, llegaron y les dije lo que había sucedido, incluso medijeron que lo iban a solucionar y, efectivamente, cruzaron la calle hacia eldestacamento militar y después de identificarse platicaron varios minutos conel militar que estaba a cargo, éste hizo unas llamadas y se retiraron.—¿Detuvieron los militares a alguien de sus huéspedes? —No, jamás sucedió nada. Incluso los policías que causaron este problemapernoctaron esa noche y se retiraron hasta el otro día. De acuerdo con elrelato del copropietario del hotel, acudió en más de 30 ocasiones a declarar ala PGR y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Este relato seencuentra asentado en las averiguaciones previas que se iniciaron por ladesaparición de los dos integrantes del EPR. El primer visitador de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, asegura que lasinvestigaciones que realizaron durante 18 meses muestran que las personas quefueron detenidas el 24 de mayo de 2007 fueron Edmundo o Andrés Reyes Amaya yGabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo. En entrevista, indica queel equipo de la Dirección General de Presuntos Desaparecidos logró reconstruirel momento en que fueron detenidos los dos miembros del EPR. “Del cruce de información logramos concluir, número uno: que el operativosí existió. Todas las autoridades que participaron son conscientes de que eloperativo sí existió. Dos: en lo que ya no hay una clara dirección esrespecto de cómo es que se desarrolló el mismo, y de ahí es de donde derivanalgunas presunciones, una vez que hacemos la reconstrucción de los hechos. Ypudimos, en todo caso, generar una presunción de que ahí se había suscitadoun evento que ameritaba una investigación, la cual hasta ahora no ha sidocompleta ni plenamente objetiva sobre la desaparición tanto de Edmundo ReyesAmaya como de Gabriel Cruz Sánchez”. —¿Eran ellos los que estaban en el hotel El Árbol? —Ahí es donde están parte de las contradicciones del lado de lasautoridades, y por eso demandamos que haya una investigación completa, objetivae imparcial. Porque, por una parte, dicen que eran policías del estado deChiapas, pero entrevistamos a los policías del estado de Chiapas y ellosdijeron no haber conocido el operativo ni haberse entrevistado con nadie. Estoquiere decir que la información que nos dieron las policías municipal y delestado y la Procuraduría General de Justicia estatal, no corresponde a laverdad. Sí estaban, en esos días, unos agentes del estado de Chiapas en laciudad. —¿Estaban en ese hotel? —Aparentemente pudieron haber estado en el hotel, pero no tuvieron ningúncontacto con ninguna autoridad en el momento del operativo, a partir de lasdeclaraciones que nos presentaron y que constan en la investigación quellevamos a cabo. De ahí se genera una presunción, derivada de estascontradicciones y, por qué no decirlo, de la falsedad de la información que senos está dando. El primer visitador de la CNDH puntualiza: “Se nos dice, por parte de laPolicía Municipal, por parte de la agencia estatal de seguridad, por parte dela Policía Ministerial, que entrevistaron a los elementos de Chiapas, y cuandoentrevistamos a los policías de Chiapas dicen ‘a nosotros nadie nosentrevistó’. Es un testimonio que tenemos”. Esa es sólo una de lascontradicciones entre los cuerpos policiacos y militares que la investigaciónde la CNDH sacó a relucir sobre el día que se realizó el operativo. —Estamos ante una desaparición forzada —afirma Plascencia Villanueva—,ante una de esas violaciones de los derechos humanos en donde los responsablestratan de no dejar ninguna huella de lo que pasó ahí, tratan de eliminar todoslos indicios; pero cuando se trata de hacer parecer algo como distinto de lo quesucedió, se cae en contradicciones y aquí la estela de contradicciones es muyamplia y está precisamente reportada en la propia recomendación. —¿La CNDH logró reconstruir cómo llegaron al hotel los ahoradesaparecidos? —Por lo menos en el caso particular de Edmundo Reyes Amaya. —¿Y supieron cómo llegó la otra persona? —De la otra persona no obtuvimos referencia, pero de Reyes Amaya sí. Hayuna llamada que se hace al 066 de alguien que manifiesta haber visto, a 50metros, que estaban bajando de un vehículo armas largas. Ahí se generan otrascontradicciones, porque después los operadores dicen que nunca hubo esallamada. Ahí se empieza, aparentemente, a desviar el sentido de las cosas ydonde florece la mentira. Las primeras sospechas para ubicar el paradero de los dos integrantes del EPRdesaparecidos desde hace 21 meses, apuntaron a Oaxaca. Y por ahí empezaron los investigadores de la CNDH. Con lo primero que seencontraron fue que las autoridades estatales y municipales “omitieronrealizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero de Reyes Amaya y CruzSánchez”. Pero no solamente eso: las autoridades del estado no permitieron alos visitadores de la comisión entrevistar a los servidores públicos queautorizaron y participaron en el operativo. “El caso de la Secretaría de Protección Ciudadana, actualmente Secretaríade Seguridad Pública del gobierno del estado de Oaxaca, resulta aún másgrave, ya que no obstante haberle proporcionado a su titular los datosnecesarios para que pudiera rendir un informe en torno a la desaparición de losdos señores, y para que proporcionara también los sustentos jurídicos por loscuales solicitó la intervención del ejército mexicano, nada se pudo conseguirpara aclarar tales sucesos”. De los funcionarios que autorizaron y participaron en el operativo del 24 demayo “no fue posible conocer sus nombres y mucho menos entrevistarlos, envirtud de que la dependencia no cuenta con los datos de identificación de loselementos policiales que participaron”. La CNDH destaca: “Resulta inconcebible que la propia dependencia, que tuvoconocimiento en todo momento de los antecedentes del caso, pretenda ocultar laidentidad de los elementos que bajo su mando participaron en el citadooperativo. Obstaculizaron e impidieron las funciones constitucionales de esta comisión,por lo que incurrieron en responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, aldejar de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad,imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público”. El organismo que preside José Luis Soberanes acusó a la Procuraduría Generalde Justicia de Oaxaca de entorpecer las investigaciones y quebrantar elprincipio de buena fe al pretender ocultar información y negar la existenciadel operativo. Pero no sólo las autoridades oaxaqueñas se negaron a esclarecerla desaparición de los dos eperristas. Las autoridades federales también han hecho lo suyo, lamenta la CNDH, y apuntahacia la Procuraduría General de la República, que luego de 18 meses derealizar su propia investigación no ha podido aclarar el caso. Además, según reveló la CNDH, la PGR se negó a colaborar con la primera alno permitir que conociera los avances de sus indagaciones: “La actitud asumidapor la Subprocuraduría de Investigación Especializada en DelincuenciaOrganizada estuvo encaminada a entorpecer las investigaciones realizadas poresta Comisión Nacional”. Y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se quedó atrás. No dejóa la CNDH entrevistar a los mandos militares que participaron en el operativo.Tampoco admitió que los visitadores ingresaran al Campo Militar número uno, enla ciudad de México, en busca de los desaparecidos. “Se pretendía ingresar a las instalaciones militares para tratar de impedirque se tocara, moviera, ocultara o alterara cualquier evidencia o indicio con elque se pudieran investigar las versiones respecto del internamiento en ese lugarde los señores Reyes Amaya y Cruz Sánchez o Rivera Bravo, sin embargo, no fueposible alcanzar ese objetivo en las diligencias”. La CNDH agrega: “Para obtener mayor información que permitiera avanzar en la investigación,se solicitó en diversas ocasiones al director general de Derechos Humanos de laSedena que permitiera entrevistar a los mandos del ejército que participaron enel operativo del 24 de febrero de 2007. Sin embargo, no fue posible alcanzar elobjetivo, en razón de que el funcionario pidió a la CNDH que reconsiderara supretensión, porque desde su punto de vista no se contempla esa posibilidad enla normatividad de la CNDH, y que sólo podían declarar ante el MinisterioPúblico”. Ante la negativa de las autoridades para esclarecer la detención ydesaparición de los integrantes del EPR, la CNDH emitió la recomendación7/2009, dirigida al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, comorepresentante del gobierno federal; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz,y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio HernándezFraguas. “Esta comisión observó que los servidores públicos que participaron en eloperativo muy probablemente incurrieron en desaparición forzada, que es laprivación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma,cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información o de lanegativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre elparadero de la persona, con lo cual se pone en duda su negativa de haberparticipado en la detención y posterior desaparición de Edmundo o AndrésReyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, máxime que no aportaron ningúnelemento de convicción para desacreditar la imputación formulada por la partequejosa”. La CNDH solicitó a las autoridades que “los agraviados sean presentadosinmediatamente con vida y, en el supuesto de que hayan incurrido en conductaantijurídica, queden a disposición de la autoridad competente, o en casocontrario que informen a esta Comisión Nacional la suerte final que corrierondichas personas. “En ese sentido, cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviadosfueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados demanera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de suparadero”. En cuanto a las prueba con que se sustenta la recomendación, “la CorteInteramericana de Derechos Humanos se pronunció que en los casos dedesaparición forzada de personas, la intención de los autores del delito esocultar o destruir las pruebas sobre la desaparición a fin de mantener elcrimen en la impunidad; en ese sentido, se puede dar por probada laresponsabilidad del Estado”, asienta la CNDH. El organismo considera que “las contradicciones de las autoridadesresponsables, la falta de voluntad para colaborar en la investigación, setraducen en un entorpecimiento para esclarecer la verdad de los hechos quepropiciaron la detención y desaparición de ambas personas, por lo que lasinvestigaciones de esta comisión resultaron ser indicios suficientes paradeterminar la responsabilidad que ahora se le atribuye al Estado”. La Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca aceptaron larecomendación de la CNDH, pero se negaron a admitir que hayan desaparecido aEdmundo o Andrés Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo RiveraBravo.