ACTEAL, muertos con los ojos abiertos

Martha Anaya

En los pueblos indígenas, por las noches, los viejos suelen contar antiguas historias y viejas creencias. Una de ellas refiere que cuando las personas mueren con los ojos abiertos, siempre regresan para señalar a sus asesinos. Y así ocurrió en Acteal, cuentan aquellos que aún recuerdan la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en aquel paraje chiapaneco.


A la fecha, los muertos de Acteal siguen con sus ojos abiertos señalando a sus asesinos. Más aún, veintidós de los inculpados quedarán ahora en libertad porque la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una discusión a puertas cerradas que otorgó cuatro votos a favor y uno en contra (el del ministro Sergio Valls), les ha amparado y ordenó su inmediata liberación.


Los ministros de la Primera Sala consideraron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR); que se violaron las garantías esenciales de los indígenas al no respetárseles su derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada.


Según el ministro Juan Silva Meza, la decisión de la Corte es una buena oportunidad para enviar un claro mensaje a las autoridades encargadas de combatir los delitos, en el sentido de que deben respetar escrupulosamente el derecho constitucional y por lo mismo los derechos humanos; además de que debe ayudar a terminar con procesos extensos que han mantenido a gente indebidamente en prisión.


José Ramón Cossío sostuvo a su vez que las autoridades bajo ninguna condición pueden inventar pruebas para procesar a una persona. Pero aclaró que en este caso la Corte no se pronunció sobre la inocencia de las personas, sino únicamente sobre la violación de sus derechos a un debido proceso: “Puede ser que haya inocentes o culpables, no tengo elementos…” para saberlo, indicó.


Así, con estas justificaciones, la Corte apuntaló la nueva versión de los hechos, que apunta esencialmente a la responsabilidad del EZLN en la masacre y no a los paramilitares (incluso se duda de su existencia en esta nueva posición) que enarboló Héctor Aguilar Camín desde la revista Nexos, apoyado por abogados de la clínica jurídica del CIDE y el investigador Ricardo Raphael.


La historia de lo ocurrido en Acteal se abrió paso a contracorriente en su momento. Los testimonios de los testigos se enfrentaron en aquel entonces a las versiones de la policía judicial, a las de los miembros de los llamados grupos de “autodefensa civil”, a los paramilitares; a los dichos de funcionarios del entonces gobernador de Chiapas, César Ruíz Ferro, al Libro Blanco que creó la Procuraduría General de la República.


Su historia navegó contra la versión de los militares que negaban haber asesorado y adiestrado a los grupos paramilitares; hubo de demostrarse con documentos que habían puesto en operación la segunda fase de la “Campaña Ofensiva” del “Plan General de Maniobras Estratégicas Operacionales para destruir la estructura política y militar del EZLN y mantener la paz”, que incluía el desplazamiento forzado de la población bajo la influencia zapatista, la destrucción de siembras y cosechas, y el empleo de grupos “de autodefensa civil”.


Costó mucho, pues, conocer y reconocer lo ocurrido en Acteal aquel 22 de diciembre de hace doce años. Pero a la fecha, extrañamente, hay quienes nos vienen a contar otra historia. Una historia en la que ya no se habla de una masacre sino de una “batalla”, de que los presos acusados de haber participado en aquella matanza son en su mayoría inocentes y sólo hay uno que otro culpable; que no fue un “crimen de Estado” sino un conflicto intercomunitario propiciado por el EZLN.


Luis Hernández Navarro, director de Opinión de la Jornada, me dijo hace no mucho que él veía en este rehacer –o más bien deshacer la historia de la matanza de Acteal-, una “campaña de Estado” cuyo interés sería romper la “línea de fuerza” que significa Acteal en la lucha por los derechos humanos hoy, y “poder seguir adelante con la política de criminalizar la protesta social”.


Recordaba también un compromiso de campaña de Felipe Calderón en el que estableció una alianza electoral con una Asociación Política Nacional (APN) de matriz evangélica que se llama Encuentro Social y como parte del convenio, Calderón se comprometió a revisar el estado de los expedientes de Acteal.


El dirigente de esa APN se llama Hugo Eric Flores. Este personaje fue durante algunos años abogado de los acusados de la masacre de Acteal que se encuentran actualmente en la cárcel, y escribió un libro financiado con recursos del IFE, que al final el instituto rechazó y decidió no publicar. Tal libro no publicado, fue la base material para ese nuevo discurso que elaboraron Héctor Aguilar Camín y Ricardo Raphael. Su “gurú”: Hugo Eric Flores, diputado suplente del PAN.


Entre tanto los muertos de Acteal permanecen con los ojos abiertos.






http://www.elarsenal.net/2009/08/13/acteal-muertos-con-los-ojos-abiertos/