EMPRESARIO AMAGA A RARAMURIS

Empresario amaga a rarámuris para sacarlos de predio



por zapateando



Planea realizar un desarrollo turístico en la Barranca del Cobre
Los indígenas han vivido ahí durante décadas

Aceptarían ceder la zona de mayor plusvalía a cambio de que les permitan quedarse
Una mujer y sus hijos esperan que las autoridades estatales les reconozcan, junto con otras familias indígenas de la comunidad El Madroño, la posesión del predio donde han vivido durante décadas, del cual podrían ser desalojados porque el empresario Federico Elías Madero proyecta desarrollar un complejo turístico. Foto Miroslava Breach




Miroslava Breach Velducea




Corresponsal


Huetosachi, municipio de Urique, Chih., 18 de agosto. Sesenta y un indígenas, la mayoría jóvenes y niños, luchan junto con sus padres para que las autoridades les reconozcan la posesión de 253 hectáreas en el predio El Madroño, donde han vivido desde hace décadas pero fueron compradas por el empresario Federico Elías Madero, quien proyecta un desarrollo turístico en la zona de la Barranca del Cobre y, por medio de sus empleados, les exige desalojar e incluso los amenaza de muerte.


María Monarca Lázaro y María Luisa Cruz Romero, primera y segunda gobernadoras de la comunidad, respectivamente, afirmaron que desde hace más de tres años los asedia Narciso Camacho, empleado de Elías Madero, para impedirles que construyan viviendas, recolecten leña y usen la cáscara de táscate para labrar figuras de animales que venden a turistas que visitan el mirador de la barranca.


Gente al servicio del propietario también amenaza con desalojarlos de las tierras que han ocupado durante generaciones. “Yo vivo aquí hace 40 años. Tengo casa, chivas y siembra. Aquí están mis hijos y mis nietos. Si nos echan, ¿adónde podemos ir? Necesitamos llevar la palabra a Chihuahua para que nos atiendan”, dice María Luisa en su español infrecuente.


A sus más de 50 años ella fue designada segunda gobernadora y junto con la joven María Monarca, de 21, encabeza la lucha en representació n de sus maridos, hijos y vecinos, para conservar sus viviendas dentro del predio de 499 hectáreas convertido en propiedad privada.


Huetosachi es una comunidad tarahumara de 13 familias distribuidas en cinco rancherías, con una población total de 61 personas. Todos son indígenas, la mitad analfabetos. Para sobrevivir siembran maíz y frijol en pequeñas parcelas de menos de una hectárea. Pastorean algunas chivas y dependen en gran medida de la venta de artesanías elaboradas por las mujeres.


Todos dicen que viven allí desde que tienen memoria. Algunos llegaron de otras comunidades al formar pareja y en Huetosachi levantaron casas, nacieron sus hijos y ahora crían a sus nietos, como Julián Monarca Torres, de 48 años, quien teme ser desalojado junto con su numerosa familia. “¿Cómo y por qué nos vamos a ir de donde hemos vivido siempre?”, pregunta.


Los indígenas proponen que Elías Madero, dueño de la Inmobiliaria Desarrollo Turístico Barrancas del Cobre, les ceda los terrenos que han ocupado por generaciones, y buscaron ayuda de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y de su órgano legal, la Consultoría Técnica Comunitaria.


Desean que la tierra les sea cedida legalmente en términos del artículo segundo, fracciones quinta y sexta de la Constitución federal, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a un territorio y al disfrute preferente de los recursos naturales.


Su propuesta es llegar a un “acuerdo amistoso” con el empresario y desarrollador inmobiliario para que se quede con la parte de mayor plusvalía –que da a la cresta de la Barranca del Cobre– y desarrolle ahí su proyecto turístico, y que las familias indígenas sean propietarias legales de las 253 hectáreas que ya ocupan sus rancherías.


Con mediación del gobierno del estado, tuvieron una primera reunión con el empresario, pero las pláticas se han estancado en los encuentros subsiguientes, mientras los empleados de Elías Madero hostigan a los indígenas.


“Personas que trabajan para usted nos han amenazado de muerte para que nos salgamos de nuestras casas. Cerraron el cerco del predio que usamos para transitar y tampoco pueden entrar ni salir vehículos. Cuando se requiere sacamos a los enfermos en carruchas hasta la carretera, y tampoco pueden entrar los médicos para asistir a los enfermos”, dijeron al empresario en un escrito entregado en febrero.