Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal

Con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, sentenciados por su participación en la masacre de Acteal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación da su aval nuevamente a la impunidad. Los ministros de la Primera Sala justificaron su decisión en el hecho de que las sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República. Resolvieron que ésta, junto con jueces y magistrados violaron gravemente las garantías procesales de los sentenciados.
La Suprema Corte no se pronunció con respecto a la culpabilidad o inocencia de los indígenas amparados, se limitó a señalar que hubo actuaciones contrarias al orden constitucional por parte de la PGR , jueces y magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, su decisión supone un riesgo grave debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, quedará en impunidad. Al momento, los familiares de los sobrevivientes no han encontrado acceso a la justicia: ni sanción a responsables, ni reparación integral del daño.
La resolución adoptada por la Primera Sala del Máximo Tribunal confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administració n de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como instancias de control político y de negociación.
Frente a esta realidad levantamos la voz para exigir justicia por los 45 asesinados en Acteal. Confiamos para ello en el compromiso decidido de los sobrevivientes y sus familiares. Mientras estos crímenes no sean esclarecidos ni los responsables, tanto materiales como intelectuales, sean debidamente procesados y sentenciados cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad.

Nos solidarizamos con quienes en Acteal sufrieron la injusticia y la siguen sufriendo, por lo tanto también expresamos nuestro compromiso para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia. Avalamos la cuadyuvancia del Centro Fray Bartolomé de las Casas en el caso Acteal. De este resurgimiento serían responsables tanto el gobierno del estado de Chiapas como el gobierno federal, que en 12 años han sido manifiestamente incapaces para proponer soluciones reales y se han empeñado en seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)
Sistema Universitario Jesuita: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana, Instituto de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (ITESO), Universidad Ayuuk de Oaxaca, Universidad Loyola de Acapulco.
Carlos Morfín Otero, Provincial de la Compañía de Jesús en México