Los indígenas liberados festejaron en un restaurante de Berriozábal.
Foto Moysés Zúñiga
JOSÉ GIL OLMOS, Proceso,
Los paramilitares se han reactivado y el Ejército y la policía intensifican sus rondines en Los Altos de Chiapas, en lo que constituye una nueva fase de la estrategia militar de contrainsurgencia, denuncia quien fuera párroco de Chenalhó durante una década. Mientras tanto, crece el temor entre las familias de los asesinados en Acteal en 1997, que han perdido la confianza en la justicia: los ministros de la Suprema Corte “no nos hicieron caso y ahora son cómplices de los que mataron a nuestros compañeros”.
ACTEAL, CHIS.- La liberación de 20 indígenas acusados de la matanza de 45 miembros de la organización Las Abejas reaviva el temor, en el municipio de San Pedro Chenalhó, ante la posibilidad de que brote nuevamente la violencia que hace 12 años costó la vida a un total de 62 personas y dejó más de 6 mil desplazados y 42 heridos en enfrentamientos entre paramilitares y zapatistas.
Aparentemente en la zona de conflicto de Los Altos de Chiapas no pasa nada.
Pero hay detalles que no pasan inadvertidos y evidencian la tensión que viven comunidades indígenas afectadas, como Acteal, donde denuncian la reactivación de los grupos paramilitares como parte de una nueva fase de la estrategia militar de contrainsurgencia.
Los rondines militares y policiacos durante todo el día, el anuncio de que no hay acceso al caracol zapatista de Oventic ni al poblado de Polhó, donde viven las comunidades de base del EZLN, y un eventual retorno a Acteal de los presos liberados, espanta a los integrantes de la organización civil Las Abejas, a la que pertenecían los 45 tzotziles asesinados en Acteal por un grupo paramilitar en diciembre de 1997.
“Puede haber otra vez la violencia, puede haber otra vez desplazados, más muertos, porque aquí también están los zapatistas y tienen armas, están paseando por todas partes, y los priistas también están aquí y tienen armas. Qué tal si un día llegan a enfrentarse. Por eso está muy mal lo que hicieron los ministros de la Suprema Corte, muy mal”, manifiesta con un semblante sombrío Esteban Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas.
“Esto no lo previó la Suprema Corte de Justicia, no midió las consecuencias para las familias de los sobrevivientes. El temor de ver acercarse a quienes mataron a sus padres, hermanos o primos, es muy fuerte. En la zona se han vuelto a revivir los hechos y se ve como parte de la nueva guerra de contrainsurgencia. Nos quieren meter en la lógica militar de la guerra al crimen organizado, aunque en el fondo está el conflicto con el movimiento zapatista que sigue actuante. Eso no hay que perderlo de vista”, señala Pedro Arriaga, que durante 10 años fue el sacerdote de la iglesia de Chenalhó.
“El Estado mexicano, en su intento por cubrir a los responsables intelectuales, quiere borrar todas las huellas al liberar a los que estaban presos. La Corte dice que las pruebas de la PGR son inconsistentes y se quiere dar una imagen de que se está haciendo justicia; para eso están utilizando a algunos medios donde se maneja la nota de que se están liberando inocentes, pero entre ellos está Lorenzo Vázquez, quien confesó haber participado en la matanza”, asegura el párroco en entrevista.
Arriaga recuerda que, en su campaña, Felipe Calderón se comprometió con los evangélicos a ayudar a liberar a los presos por la masacre de Acteal, a cambio de fortalecer su relación con el PAN.
A la Corte la acusa de “complicidad y contubernio”, al no reparar en las consecuencias sociales de sus actos.
“Se ha perdido la confianza en las instituciones mexicanas; queda la esperanza de que la ONU atraiga el caso”, dice en alusión a Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien visitó Acteal el 17 de agosto sin que lo supiera el gobernador de Chiapas, Juan Sabines. Ahí, el funcionario de la ONU expuso su preocupación por la seguridad de la gente de Acteal.
Dos días después, el gobernador fue a buscarlo a la Ciudad de México para ofrecerle su versión de los hechos y garantizar la seguridad de los indígenas de Acteal.
Movilizaciones
Los indígenas tzotziles de la zona denuncian que desde el inicio del año han observado que gente armada a la que identifican como “grupos paramilitares” han reiniciado sus actividades en esta zona de Los Altos de Chiapas, trasladándose de una comunidad a otra. Pero también han visto a elementos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desplazándose por las montañas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado la intensificación de las operaciones militares en las comunidades indígenas en resistencia. En un comunicado fechado el 11 de junio pasado, da cuenta de las denuncias presentadas por incursiones militares en municipios como Venustiano Carranza, Tulijá y Ocosingo.
Por su parte, la Junta de Buen Gobierno de Oventic, uno de los poblados más importantes del EZLN, señaló en febrero pasado que ha aumentado el patrullaje militar por aire y tierra en toda la zona de Los Altos, incluyendo Chenalhó.
En un recorrido por los municipios de Chenalhó, San Juan Chamula y San Andrés Larráinzar, donde hay una fuerte presencia rebelde, así como por el campamento de desplazados simpatizantes del EZLN en Polhó, el reportero pudo observar los rondines del Ejército en la sinuosa carretera de las montañas, así como de policías con armas largas a bordo de camionetas descapotadas.
El gobierno del estado ha dicho que se trata de un dispositivo de seguridad para los habitantes de Acteal; las maniobras del Ejército serían parte de los operativos que realiza desde 1998 en la zona, donde instalaron una Base de Operaciones en el poblado de Majomut, a menos de un kilómetro de Acteal y de Polhó, asiento de más de 5 mil indígenas considerados comunidades de base del EZLN.
Los nuevos rondines militares y policiacos, así como la negativa de los 20 presos liberados a instalarse en el municipio de Berriozábal, ubicado a varias horas de Chenalhó, como lo propuso el gobierno estatal, ha aumentado la tensión en Acteal.
“Tenemos miedo de que reinicien los enfrentamientos y nosotros quedemos en medio”, dice Sebastián Pérez Vázquez, presidente de la mesa directiva de Las Abejas, quien denuncia que los grupos paramilitares nunca han desaparecido de esta zona.
El indígena presbiteriano critica los argumentos de la Corte, del abogado defensor de los indígenas liberados, Javier Angulo, y del escritor Héctor Aguilar Camín, quienes atribuyen la matanza a un pleito entre las comunidades por diferencias religiosas.
Sebastián Pérez Vázquez los desmiente y asegura que la mayoría de los detenidos no eran evangélicos, sino católicos que se convirtieron por la conveniencia de ser defendidos por las organizaciones evangélicas.
Insiste en que el problema en Chenalhó no fue por la disputa de un banco de arena entre priistas y comunidades de base zapatista, como señaló alguna vez la Procuraduría General de la República, sino parte de la estrategia de contrainsurgencia del Ejército, ordenada por el presidente Ernesto Zedillo y que acompañó el entonces gobernador, Julio César Ruiz Ferro, para que se financiara y entrenara a los indígenas que formaron los grupos paramilitares.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) documentó en 1999 la existencia de seis grupos paramilitares: Mira, Paz y Justicia, Alianza San Bartolo de los Llanos, Chinchulines y otros dos sin nombre, que actuaban en la zona de conflicto.
Eran indígenas entrenados militarmente, bajo el cuidado del jefe de la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla, el general Mario Renán Castillo, quien además los habría apoyado con armas y 5 millones de pesos –sobre todo a Paz y Justicia–, de acuerdo con el testimonio que uno de los integrantes de este grupo armado dio al CDHFBC en Palenque, entre el 8 y el 17 de junio del 2004, y que publicó un año después en un documento titulado La política genocida en el conflicto armado de Chiapas.
Esta información coincide con un informe desclasificado de la Agencia de Inteligencia del Pentágono que registra el apoyo de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo desde la Presidencia de la República para la formación y las acciones de los grupos paramilitares, según divulgó el pasado jueves 20 la organización civil estadunidense National Security Archive (NSA).
Acteal, algo más que un banco de arena
Antes de llegar a Acteal, a la orilla de la carretera hay dos bancos de arena en los que trabaja un grupo de indígenas. Según arguyó el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo, su posesión fue una de las causas de la masacre en Acteal. Sebastián Pérez Vázquez lo niega.
“Fue por una estrategia de contrainsurgencia, no fue como se dice un conflicto intracomunitario o intrarreligioso. Yo soy presbiteriano y la mayoría son católicos, pero no tenemos problemas. Ese día de la matanza trajeron las armas y las escondieron en los templos y oraron para no fallar.”
Lo que ocurrió, dice, fue que los paramilitares afiliados al PRI amenazaron de muerte a Las Abejas si no cooperaban con dinero para la compra de armas con las cuales esperaban enfrentar a los zapatistas.
“Nosotros somos neutrales desde 1992, somos pacifistas; querían que los ayudáramos pa’ matar a los que eran zapatistas y no quisimos cooperar para comprar armas. Entonces hicieron relación, anotaron nuestros nombres y quedamos en medio del problema. Los que estaban en la cárcel, algunos evangélicos, sí aceptaron y asumieron la violencia, robaron muchas cosas, secuestraron gente para sacar dinero y comprar armas. Hoy todavía están esas armas escondidas, el gobierno no quiso entrar a las comunidades a desarmarlos.”
Sebastián señala que el gobierno estatal ha dividido a las organizaciones sociales que considera simpatizantes del movimiento zapatista. Por ejemplo, a principios de año le ofreció a Las Abejas apoyos para el campo y la vivienda a cambio de aceptar el regreso de los priistas que habían salido de la comunidad.
“La gente se dejó engañar por el gobierno”, sostiene el líder de Las Abejas, quien narra que desde el 21 de agosto del 2001 existe un acuerdo para no volver a pelear con los priistas y que pudieran regresar a sus casas: “fue un acta de respeto mutuo”. Sin embargo, acusa al gobierno de querer deslindarse de su responsabilidad en la masacre “y nosotros ya no quisimos ratificar porque además no se quitaron las armas a los paramilitares y no se siguieron 27 órdenes de aprehensión que había en contra de ellos. Como no firmamos la ratificación del acuerdo, nos dijeron que no íbamos a tener la infraestructura social, ni luz, ni carretera, nada”.
La memoria
Manuel tiene 25 años, pero parece haberse quedado en el Acteal de hace doce años, cuando se salvó de morir porque el cuerpo de su hermana Antonia lo cubrió de las balas durante más de seis horas que duró la matanza. Hoy tiene la cabeza rapada por un tumor que le encontraron, además de dificultades para hablar. Aun así quiere ser mago y hace algunos trucos con un cordón. Pero lo que no ha podido desaparecer son los recuerdos y el miedo que le persigue desde que supo que fueron liberados los hombres que mataron a sus padres, Alonso Vázquez y María Luna, y a sus tres hermanas: Rosa, María y Antonia.
“Tengo miedo, porque van a venir otra vez”, dice sin quitar la vista de la verde cañada, y señala una casa blanca a unos cien metros donde, asegura, vive una de las familias de los hombres que fueron liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Proceso
24/08/2009
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