FACILITARAN REUBICACION

Los veinte indígenas mexicanos liberados tras casi 12 años en prisión no regresarán a sus comunidades donde ocurrió el asesinato de 45 indígenas para evitar confrontaciones

13/08/2009 | EFE.-Tuxtla Gutiérrez.- Los veinte indígenas mexicanos liberados hoy, tras casi 12 años en prisión y después de que fue anulado el proceso judicial en su contra, no regresarán a sus comunidades donde ocurrió el asesinato de 45 indígenas para evitar confrontaciones y agresiones, informó una fuente oficial.

Los indígenas, que salieron del penal El Amate, fueron recibidos en el Palacio de Gobierno de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por las autoridades locales, donde se acordó su reubicación en los lugares que elijan.

El secretario de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón, dijo en una rueda de prensa donde participaron los 20 indígenas y sus abogados defensores que cada uno de los liberados decidirá de manera individual en qué lugar quiere reubicarse con sus familias.

Agregó que los recién excarcelados recibirán apoyo del Gobierno chiapaneco con financiación oficial para vivienda y otras necesidades.

Los veinte son originarios del municipio de Chenalhó y vivían en varias comunidades cercanas a Acteal, donde ocurrió la matanza de 45 indígenas el 22 de diciembre de 1997, por la que fueron acusados junto con otras decenas de indígenas, varios de los fueron cuales liberados a lo largo de estos doce años hasta quedar en prisión 57.

Este grupo había sido sentenciado a 26 años de cárcel, y quedan en prisión por este caso otros 37, de los que 30 son defendidos por abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), los mismos que lograron la libertad de los primeros.

La liberación fue posible gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió el miércoles anular el proceso por distintas irregularidades.

Después de dejar la cárcel la madrugada de este jueves, los indígenas se instalaron en un hotel de Tuxtla Gutiérrez en espera de regresar a sus comunidades en el transcurso del día, pero fueron citados por funcionarios del Gobierno de Chiapas para analizar la situación.

Javier Angulo, uno de los abogados del CIDE que asesoró a los indígenas, expresó ante la prensa su conformidad con el acuerdo entre el Gobierno y los indígenas.

"Es importante para mantener la tranquilidad en la zona y entendemos que no es tan fácil su reinserción a la sociedad después de 12 años de permanecer recluidos injustamente", aseguró.

En la misma rueda de prensa, el indígena Lorenzo Vázquez Ruiz, a nombre de sus compañeros liberados, informó que solicitaron a las autoridades mexicanas la reparación del daño por estos doce años.

Acompañados algunos por su esposas e hijos pequeños, los ahora libres dijeron que de inmediato se trasladarán a albergues en la capital de Chiapas, donde permanecerán mientras analizan de manera individual, junto con autoridades, el lugar donde reiniciarán su nueva vida.

Angulo informó que el grupo de defensores del CIDE continuará la defensa de otros 30 indígenas, acusados por los mismo delitos y que no alcanzaron en esta ocasión el beneficio de la libertad, ya que aseguró que son inocentes porque se les fabricaron pruebas para inculparlos.

De ellos, algunos confesaron haber participado en el crimen, pero posteriormente aseguraron que la declaración les fue arrancada bajo tortura.

La tragedia conmovió a la opinión pública nacional e internacional y forzó la renuncia del entonces gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en ese momento en el poder en el país. Algunos consideran a Ruiz el autor intelectual de la matanza.

En los meses previos a la tragedia, en la que murieron 21 mujeres (4 embarazadas), 15 niños y 9 ancianos, la zona de Acteal había sido escenario de confrontaciones entre indígenas afines al Gobierno del PRI y miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), del "subcomandante Marcos", que se había levantado en 1994.

Una de las razones argumentadas el miércoles por la Suprema Corte para anular las condenas fue que se violaron las garantías individuales de los inculpados, entre ellas el derecho a una defensa adecuada.