EL CASO ACTEAL.

Alejandro Manrique Soto

Rebelion



El trato que el gobierno mexicano dio al caso de Acteal a través de las instituciones que, supuestamente, están ahí para impartir justicia a todos los mexicanos, deja ver con claridad y en forma completa, es decir, de principio a fin, una forma de proceder del Estado en la planeación, ejecución y desenlace de una ofensiva táctica-contrainsurgente.



El caso de Acteal tiene que verse como un todo inserto en el contexto político de la época en que ocurrieron los hechos. Todos y cada uno de ellos estuvieron considerados dentro de un plan desde el principio. Cada pieza cuadra a la perfección.



Desde el permanente y sistemático hostigamiento a las diversas comunidades que directa, o indirectamente, por simpatía o identificación apoyaban al EZLN, o en su caso coincidían con sus demandas en la defensa de los pueblos indios de Chiapas, hasta el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a los paramilitares que ejecutaron la acción multihomicida, pasando, claro está, por la planeación, diseño y dirección de la masacre desde las altas esferas del poder. La selección del lugar y del grupo de asesinos, el estudio de las condiciones generales de la localidad, las relaciones al interior de la comunidad, el impacto directo en la región, así como el impacto que tendría en la opinión nacional e internacional a través de los medios, fueron estudiadas de manera meticulosa.



Dentro de esta iniciativa se encuentra la planeación logística del hecho: la distribución de las armas a los paramilitares, su entrenamiento, financiamiento y protección frente a las autoridades correspondientes, desde las federales, pasando por las estatales hasta las municipales y locales. Se trataba de otorgarles todas las facilidades y la protección necesarias para llevar a cabo su cometido.



Pero la cosa no para ahí. El cálculo dentro del plan contrainsurgente tenía que ir más allá.


El día de la masacre se planificó, dentro de un esquema de guerra de baja intensidad, desde la cúpula del poder en México, así tenía que ser, así lo dictaba el plan.



El hecho de que, a pesar de los múltiples llamados que se hicieron días antes de la matanza, advirtiendo sobre la posibilidad de un ataque a la comunidad de Acteal, las autoridades no hicieron nada, da cuenta de que todo caminó conforme al plan establecido… así tenía que ser.



Y peor aún, el día de la masacre, la autoridad estatal se enteró abiertamente de lo que ocurría, lo mismo que el gobierno federal por supuesto, y por otro lado, un grupo de policías locales que se encontraban cerca del lugar vio lo que estaba ocurriendo y tampoco hizo nada. El plan maestro dictaba sus órdenes… así tenía que ser.



Los acontecimientos que se sucedieron después, el mismo día de la matanza y al día siguiente, también estaban planificados: cambiar la escena del crimen con la intención de confundir a quienes llegarían a investigar los hechos, las autoridades locales y estatales y la prensa nacional e internacional, de esta manera la segunda parte del plan daba inicio.


Ante el impacto que los acontecimientos tuvieron en la opinión pública mundial y frente a la presión que sobre el gobierno del entonces presidente Zedillo se ejerció, tuvieron que adaptar su plan, lo cual seguramente tenían contemplado: implementar el plan “b”, o realizar los ajustes necesarios que se requerían sobre la marcha. La acción que realizaron entonces fue la de hacer redadas para atrapar a los posibles culpables como fuera.



En la acción de detener y encarcelar a los culpables “como fuera” se encuentra oculta la tercera parte del plan: la integración irregular de los expedientes los cuales contienen una serie de errores los cuales servirían posteriormente en la defensa de los asesinos.



De esta manera se preparaba el terreno para que, en el futuro, entrara en acción un grupo de intelectuales seleccionado previamente a modo y que se pudiera manipular y prestar para que, diez años después, hicieran el papel de voceros y defensores de los asesinos de Acteal y desempeñaran una acérrima batalla por su liberación, fueran o no culpables.


El nada honroso papel de defender asesinos de indígenas lo encabezó un grupo de abogados del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) como institución y un grupo de intelectuales lidereado por el periodista Héctor Aguilar Camín.



Esta acción se vinculó finalmente con el último eslabón de la cadena, la cuarta parte del plan sin la cual no estaría completo: la resolución de los magistrados de la SCJN quienes tomaron la estafeta con todos los elementos ya preparados y listos para cerrar el círculo de la impunidad al dar el fallo de la liberación de los asesinos.



El objetivo de esta táctica contrainsurgente fue clara: imponer un castigo ejemplar a quienes osaron rebelarse contra la gran alianza del poder, para que todos aquellos que intenten hacer lo mismo, sobre todo si son indígenas, vean lo que les ocurrirá: serán asesinados por un grupo paramilitar creado, armado, subvencionado y protegido por los grupos poderosos del país, y cuando sus deudos vayan a exigir justicia no solo no la encontrarán, sino que serán humillados y violentados en sus derechos fundamentales de justicia y dignidad, y de pilón, con el tiempo se liberará a los asesinos de su pueblo. “No, ni lo piensen, mejor continúen aceptando las condiciones en las que han vivido desde épocas remotas, contra nosotros no podrán.”


Este plan, finalmente es parte integrante de una estrategia contrainsurgente enfocada al debilitamiento moral de la población que en su momento apoyó y continúa apoyando al movimiento indígena encabezado por el EZLN.



Así, en una farsa de cuatro actos la alianza formada por el Estado mexicano, los oligarcas del poder, los terratenientes de la región en conflicto, los militares apostados en la zona zapatista, los medios de comunicación cómplices y aliados del poder y el tristemente célebre grupo de intelectuales que seguramente obtuvo su parte del botín, nos quieren vender la idea de que se ha hecho justicia en el caso de Acteal y que las instituciones que deben resguardar el orden legal y constitucional a través del máximo tribunal de la nación la SCJN han hecho bien su tarea, pero no toman en cuenta que el pueblo de México ya no se cree tan fácilmente esos cuentos.