A invitación de la organización civil Las Abejas, Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó la localidad en el municipio de Chenalhó, donde 45 indígenas fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997. El funcionario dijo que el fallo de la Suprema Corte, que permitió la liberación de 20 implicados en la matanza, revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado la justicia para las víctimas Foto Moysés Zúñiga Santiago.
Martes 18 de agosto de 2009
Se solidariza en Chenalhó con los deudos de las víctimas
La matanza no debe quedar en la impunidad: funcionario de la ONU
Elio Henríquez y Ángeles Mariscal
Corresponsales
Acteal, Chis., 17 de agosto. Una consecuencia inadmisible de que los responsables de procurar e impartir justicia vulneraran derechos procesales indispensables para garantizar un juicio justo es que la matanza de Acteal quede impune, dijo Alberto Brunori, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
A invitación de la organización civil Las Abejas, el diplomático visitó esta localidad del municipio de Chenalhó –donde el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas–, y agradeció a sus anfitriones la oportunidad de conocer de viva voz los hechos ocurridos.
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que hubo diversas irregularidades en la atención del caso, revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas, expresó Brunori.
Tras escuchar los testimonios de sobrevivientes y familiares de la matanza de Acteal, al ver imágenes de las víctimas y tomar contacto con la situación de desesperanza en que se encuentra la comunidad, el representante de Naciones Unidas dijo que le cuesta trabajo creer que después de casi 12 años la justicia no ha llegado plenamente.
Por ello, solicitó a las autoridades mexicanas realizar una investigación minuciosa, independiente e imparcial que garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad sobre las circunstancias en que se cometió la matanza, y se tomen medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación del daño conforme a los criterios internacionales.
Brunori recordó que en su Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México (de 2003), se documentó que la matanza de 45 civiles y menores indefensos, perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder, era el incidente más dramático producido en el conflicto de Chiapas, que no se había aclarado plenamente ni se había hecho justicia.
Esta situación permanece vigente, sostuvo. También se solidarizó con el sufrimiento de los familiares de las víctimas y manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse, por lo cual pidió a las autoridades estatales garantizar la vida y la integridad de los pobladores de Chenalhó.
A su vez, la organización civil Las Abejas dijo que tras la excarcelación de 20 indígenas acusados de participar en la matanza, lo viable es que se manden a la zona observadores nacionales e internacionales, pero de ninguna manera gente del gobierno.
Brunori visitó el sitio donde fueron asesinados 21 mujeres, nueve hombres y 15 menores; luego se reunió en privado con sobrevivientes, familiares de la víctimas y dirigentes de Las Abejas y del Centro Fray Bartolomé de Las Casas.
Mientras, en la capital del estado, siete de los 20 indígenas liberados se declararon sin partido ni organización, y dijeron que esperarán para ser reubicados, mientras los otros 13 permanecen bajo tutela de los ex dirigentes del Partido Cardenista, organización que fue un actor político de la región.
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